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Oscar Sumar

“No tenemos 87 votos”: alternativas para la oposición

Esta es la típica respuesta cuando se habla de vacancia y la actitud del Congreso que, lejos de buscarla, se ha enfrascado en temas no solo inocuos sino contraproducentes. Entre estos, se encuentran interpretar la CdC, oponerse a la asamblea constituyente e interpelar ministros. En palabras del propio Montoya “la vacancia no es nuestra primera opción”. Esto es interpretado por muchos como que el Congreso simplemente está reconociendo la realidad de la falta de 87 votos. No es cierto. El Congreso ha elegido no sacar a Castillo del gobierno, al menos en el escenario actual.

Esto va más allá de la mera declaración. Cuando los congresistas regulan la CdC, interpelan ministros o dicen defender el texto de la C93, en el fondo lo que están haciendo es buscar la “gobernabilidad”, con SL al frente. Quizá están esperando un momento oportuno para vacarlo o quizá no lo quieren hacer (muchos de ellos creen que si vacan a Castillo y Boluarte, se debe cerrar el Congreso también). No lo sabemos.

Poniéndonos en el mejor escenario (donde la oposición sí quiera vacar a Castillo) tienen -al menos- tres alternativas para hacerlo, cada una con sus propios riesgos y beneficios:

Alternativa 1: La primera alternativa es cuidarse las espaldas e intentar detener las medidas más groseras de PL, hasta que consigan los 87 votos. Esto podría pasar cuando se sepan cosas de Castillo que aún no se saben, por ejemplo. El riesgo evidente de esta alternativa -que, en el mejor de los casos, es la que está siguiendo el Congreso- es que PL avanza día a día en tomar el poder total del país.

El Congreso cree que PL tiene un apuro por cerrarlos (por eso ha regulado la CdC) o cambiar la C93 (por eso hacen campañas para detener el cambio). Sin embargo, PL ha demostrado no tener una urgencia por estos cambios, sino que más bien busca captar las instituciones del Estado, tomar el poder militar por completo y llenar sus arcas de dinero. En este escenario, corremos el gran riesgo de ir lenta y pacíficamente al matadero.

Esta alternativa tiene el riesgo adicional de ser popular. La gran mayoría de la derecha o centro derecha democrática, cree que el Congreso está haciendo lo correcto. Este rédito político hace que sea muy poco probable que el Congreso cambie de rumbo, además del incentivo natural de querer permanecer en la posición de poder en la que se encuentran y el temor a un estallido social similar al de Noviembre de 2020, donde ellos sean señalados como golpistas (irónicamente, a pesar de que sus acciones son meramente defensivas, la izquierda ya está construyendo esta narrativa). 

Para que esta alternativa tenga alguna chance de ser exitosa, tendría que darse el supuesto que ha sido pregonado por los asesores de la oposición y del Congreso: PL son unos locos improvisados y brutos que buscarán cerrar el Congreso rápidamente y la asamblea constituyente es una prioridad para ellos, ya que les da la “llave del poder”. 

Ninguno de estos presupuestos es plausible, por lo que le veo pocas posibilidades de éxito a esta alternativa. Lo he explicado en detalle en varios artículos previos. La realidad ya les ha demostrado que PL no actúa impulsivamente ni torpemente. No han hecho ninguna CdC que no sea obligatoria. No han forzado una AC. La historia también les aconsejaría otra cosa, tanto la historia del comunismo, como la de Sendero Luminoso y las asambleas constituyentes en el mundo o en la región (si es interpretada de manera rigurosa, no superficial). Ninguna información objetiva que pueda ser contrastada con las conjeturas de los asesores del Congreso o campeones actuales de la oposición indica que puedan tener la razón.

Alternativa 2: El Congreso puede vacar a Castillo con menos de 87 votos. Ninguna parte de la C93 dice que se requieran 87 votos para vacar a un presidente. Fujimori fue vacado con 62 votos. El TC dijo que sería mejor establecer un límite mayor. El Congreso lo hizo en su propio Reglamento y está bien. Es mejor que se requieran 87 votos. Pero eso no obsta para que, así como la prudencia aconsejó poner un límite objetivo a la posibilidad de usar esta figura, el Congreso pueda establecer excepciones donde sea demasiado costoso para el país mantener a un presidente. En este sentido, se podría establecer -de forma justificada- una “incapacidad moral permanente calificada” donde -por su especial gravedad, el Congreso pueda dispensarse de los 87 votos y establecer un requerimiento distinto. En este caso, se podría crear una comisión especial que determine el procedimiento para que esto se haga de forma más objetiva, respetando las garantías y poniendo candados a su aplicación en el futuro. Así como Vizcarra y sus secuaces inventaron la CdC “fáctica”, ¿por qué el Congreso no puede regular una facultad que sí está prevista en la C93?

El costo político de esta medida sería alto. El Congreso sería -indubitablemente- señalado como golpista, a pesar de no serlo. Tener a una persona ligada al terrorismo (y al mismísimo SL) en el gobierno, justifica acciones que otros contextos desaconsejarían. Esto no es ir contra la Constitución o el Estado de Derecho, sino solo tomar en cuenta las circunstancias para interpretar el Derecho, cosa que cualquier escuela jurídica aconsejaría hacer, siempre. Pero, como digo, el costo político es muy alto y es muy poco probable que la oposición congresal lo quiera asumir. También tiene el riesgo de darle a Castillo y SL la excusa para tomar el poder por la fuerza, ya que esto sería percibido como un golpe de estado por una buena parte de la población, incluso los que ahora apoyan al Congreso. La narrativa golpista, como es evidente, tendría mucho eco entre la prensa caviar, que incluso hoy ya habla de esto.

Alternativa 3: El Congreso podría impulsar la revocatoria a presidentes. El artículo 31 de la C93 dice que la revocatoria se puede hacer “contra cualquier autoridad”. Es cierto que luego el artículo 113 no lo menciona al hablar de causales de vacancia, pero eso no quita que existan otras partes de la Constitución donde se regulen formas de vacar al presidente, salvo que se entienda que el 113 establece un numerus clausus (no hay motivo para interpretar esto). Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los propios constituyentes sabían que estaban creando una figura genérica, que abarcaba a autoridades electas y nombradas (y que, en ningún caso, excluía al presidente). Se puede leer el diario de debates de la asamblea, donde el constituyente Torres y Torres Lara lo explica en mucho detalle:

“… la revocación es un derecho fundamental que se debe establecer en nuestro país; sobre todo ahora, en que existe una gran división entre la clase política que intenta —permítame decirlo— recoger y comprender lo que quiere la población. Y es en esta redefinición de los tiempos donde las bases y los ciudadanos adquieren una mayor presencia en base al fenómeno del cambio tecnológico que se ha producido en las comunicaciones”.

Y sigue, Torres y Torres Lara:

“Los términos de la revocación, de la iniciativa y del referéndum son normas que deben ser profundamente analizadas y reguladas para que no se cometan excesos. Lo que tratamos de hacer aquí es abrir las puertas a una profunda revolución política en el Perú para terminar con la marginación étnica, económica y social que hemos tenido durante tanto tiempo.

Terminemos con la marginación social. Por eso, proponemos este planteamiento de carácter genérico que permita presentar a la sociedad un nuevo sistema de participación con amplia acción de la población en las acciones que debe desarrollar el Perú”.

Los beneficios de esta alternativa son evidentes: PL no se podrá oponer sin ser profundamente hipócrita. Ellos dicen que “El Pueblo” lo puede todo. Entonces, ¿acaso no puede revocar a un presidente? Por otro lado, es una interpretación bastante pacífica de la Constitución, compatible con la literalidad del artículo 31 y la intención de la Asamblea Constituyente de 1992.

Simultáneamente, haciendo esto, el Congreso evita decidir el tema y lo pone en manos de un referéndum. Evidentemente, esta propuesta también conlleva un costo: si SL ya controla el sistema electoral, existe una posibilidad grande de que este referéndum  sea favorable a Castillo y Boluarte. Sin embargo, considero que este riesgo es uno que vale la pena asumir. Si sale mal, no estaremos mucho peor que en el Escenario 1. Quizá acelere un poco los planes de PL, pero no mucho más que eso. Finalmente, mientras más rápido se haga, mejor. Si bien el riesgo de copamieto del sistema electoral ya es alto, mientras más tiempo pase, será mayor.

 

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