Dos mil fue un año especial, no solo por el simbolismo de cambio de milenio y por el temor de que todas las computadoras del mundo dejaran de funcionar. Fue un año importante para Perú. Quizá, se podría decir que ese fue el comienzo del último capítulo que nos ha llevado a la situación política y económica actual. Específicamente, ese año hubo dos hechos de vital importancia. Uno de ellos -el adelanto de elecciones- ha sido sacado con mucho ímpetu del baúl de los recuerdos, aunque no siempre con exactitud histórica o jurídica. El otro -fraude de las elecciones- han sido guardado con mucho recaudo y mencionado solo excepcionalmente. Creo que es relevante mirar con atención ambos, pero con una perspectiva distinta, que intente eliminar el sesgo con el que los hemos visto:

Adelanto de elecciones

El “que se vayan todos” es el slogan adoptado por la oposición más ambigua a Castillo y compañía o incluso por algunos líderes de una supuesta oposición. Como ya expliqué antes, esta alternativa es en realidad una artimaña para favorecer al propio Castillo (aquí). Tanto los defensores ocultos de Castillo como los supuesto opositores usan dos teorías para defender la legalidad de esto:

1. El adelanto de elecciones es la norma actual en la constitución y por eso en 1993 cuando renunciaron Fujimori y sus vicepresidentes, también se disolvió el Congreso. 

2. El adelanto de elecciones se puede lograr cambiando la Constitución.

Lo que me interesa destacar hoy es que ambas posturas son contradictorias y ambas son erradas. La Constitución actual no prevé la disolución del Congreso como consecuencia de la vacancia o renuncia del presidente y sus vices. Más aún, la Constitución actual tampoco permite que haya adelanto de elecciones congresales mediante referéndum. La posibilidad está expresamente vedada por el artículo 134 que prohíbe la “revocatoria” del mandato congresal.

Entonces, ¿cómo lo hicieron en 2000? Con 2/3 de los votos del Congreso mediante dos legislaturas consecutivas. En pocas palabras, si quieren aplicar la fórmula de 2000 a las circunstancias actuales, requerirían una mayoría hiper-calificada, que evidentemente no existe. En definitiva, están proponiendo algo que saben que es imposible, con el objetivo inverso al que se tuvo en 2000: QUEDARSE TODOS.

Fraude electoral

Habitualmente se asume como un hecho que Fujimori hizo fraude en 2000. Lo que se obvia es que incluso Ipsos, Transparencia y la OEA señalaron que -si hubo fraude- éste fue “mediático” (control de los medios) o “estructural” (dado el copamiento de instituciones), pero no un fraude “en mesa” como se pidió comprobar fehacientemente en 2021. En ese sentido, Alfredo Torres de Ipsos escribió:

“Es verdad que no habían sido elecciones limpias, el fraude había sido mediático –la manera como Montesinos había manipulado gran parte de la televisión y la prensa chicha las hacía tremendamente desequilibradas–, pero el resultado de las actas electorales recogido por las encuestadoras y confirmado por los observadores de la ONG Transparencia, cercana a la oposición, no dejaba dudas sobre el triunfo de Fujimori.

Mucho se especuló entonces sobre si hubo fraude en las urnas. Si ocurrió fue a una escala muy reducida porque el escrutinio en mesa lo restringe considerablemente: se requeriría la complicidad de todos los miembros de mesa y los personeros presentes para cambiar los votos. También se acusó a las empresas encuestadoras de complicidad, una aseveración sin mayor lógica porque si hubiésemos querido favorecer a Fujimori no habríamos difundido una boca de urna con Toledo adelante”.

Incluso Fernando Tuesta, Jefe de la ONPE del momento, declaró:

“No hemos tenido una sola insinuación a lo largo de todo el proceso electoral por parte del actual Gobierno. No se registraron robos de material y es imposible que los resultados se alteren a través del digitador”.

Lo que es extremadamente interesante para mi es la diferencia de criterio. En 2000, el fraude podía ser incluso “mediático”, pero en 2021 no podía existir fraude salvo que se presentara una prueba forense como un vídeo de una autoridad electoral recibiendo dinero de manos de Castillo o algo así. Pero en 2021 sí hubo muchas irregularidades que -bajo el estándar de 2000- serían consideradas fraude:

- El presidente del JNE -Salas Arenas- ha sido de izquierda radical, ha sido defensor de al menos un condenado por terrorismo y ha sido el juez en la causa para anular el indulto a Fujimori, padre de una de las candidatas. Es decir, Salas tenía afinidad con uno de los candidatos y todo lo contrario con la otra. ¿Esto no es causal de inhibición? La respuesta es obvia.

- El proceso se realizó con un JNE incompleto. Luego, existen sospechas de que esto se debió a la intervención de un abogado -Ayala- que luego terminó convenientemente como ministro de defensa de Castillo, con cero experiencia o méritos para ocupar el caro. ¿Coincidencias? La respuesta es nuevamente obvia.

- Más aún, el partido supuestamente ganador de estas elecciones, Perú Libre, es sospechosamente conformado y afín a Movadef/Sendero Luminoso, un partido vetado de la vida política en Perú, por el propio JNE, en 2012. ¿Su participación en las elecciones fue fraudulenta? La respuesta, nuevamente, es clara, para los que no tienen un interés económico o ideológico en negarlo.

Como vemos, los estándares se van acomodando según los intereses y el espejo del 2000 aparece distorsionado dependiendo de a quién tenga en frente.