La reforma universitaria fue justificada en un supuesto problema de asimetría informativa que llevaba a los estudiantes a estudiar en universidades de baja calidad, que no les garantizaban retornos suficientes que justificaran la inversión hecha. La “solución” peruana ha sido cerrar el 50% de oferta privada (reducida de 100 a 50 aprox.) y -dentro de esto- cerrar el 77% de la “nueva oferta” (es decir, universidades creadas de 2008 a 2012); además de prohibir la creación de nuevas universidades entre 2012 y 2021.

Es complicado decir que una reforma que efectivamente empezó en 2015 tuviera efecto en los salarios, pero recientemente se ha publicado un estudio llamado “College Licensing and Reputation Effects on the Labor Market” que supuestamente prueba los efectos del “anuncio” del licenciamiento sobre los ingresos de egresados en el año 2014. Sorprendentemente, esto ha sido tomado por algunos como muestra del impacto “positivo” de la reforma universitaria en general, cuando el estudio es muy acotado a una circunstancia especial y es cauto acerca de sus propios resultados. Lo que el estudio muestra es que la noticia sobre el licenciamiento de una universidad tiene un impacto positivo en graduados de dicha universidad (graduados en 2014) en meses posteriores al anuncio. No nos dice nada sobre la habilidad de dicho estudiante o una mejoría real en la calidad de las universidades y ni siquiera una mejoría general en el mercado laboral peruano. Sin embargo, interpretando de manera generosa los resultados del estudio, el licenciamiento rompería la asimetría, al eliminar a las universidades de baja calidad, dándole una señal a las empresas que responden mejorando el salario de los graduados de universidades licenciadas.

No obstante, para que esto tenga sentido, tendríamos que asumir que las universidades licenciadas realmente son de mayor calidad y que los mercados no sabían eso previamente. Asumir esto tiene poco respaldo en la realidad, por lo que tendríamos que ser más detallados. Podemos distinguir tres grupos:

- Universidades “élite”: en este caso, las personas (incluyendo empleadores) conocían la calidad diferenciada. El licenciamiento no tiene mayor impacto en ellas.

- Universidades de baja calidad: las personas conocen la calidad baja y el licenciamiento no debería tener mayor impacto.

- Universidades de calidad media: las personas pueden tener dudas sobre la calidad (y puede ser que en realidad no haya mayor diferencia entre ellas), pero algunas fueron licenciadas y otras no. En este caso, el licenciamiento no solo “señala” la calidad, sino que la define y materializa. Una universidad no licenciada pasa a ser una “paria” y una universidad mediocre licenciada pasa a tener un aval oficial. En estas circunstancias, no es de extrañar que los egresados de dichas universidades experimenten un impacto en base al licenciamiento o no licenciamiento de sus universidades.

¿Genera este impacto un beneficio social? Difícilmente. En realidad, el beneficio que pueda tener para egresados de universidades licenciadas se netea con el perjuicio para los de no licenciadas. Las empresas no obtienen mejores trabajadores (recordemos que estos egresados son de 2014), simplemente pagan más por la misma calidad de mano de obra. La sociedad no obtiene mayor productividad, ya que la calidad del trabajo sigue siendo la misma. ¿Existe más eficiencia al haber mayor información? En realidad, no hay más información, sino una distinción arbitraria (así esté basada en algunos parámetros objetivos, sigue siendo arbitraria en gran medida), impuesta por el estado. El único dato objetivo -pero trivial- es que Sunedu tiene poder y que sus mandatos influyen en la sociedad. Esto ya lo sabíamos.

Otras consecuencias de la reforma son las siguientes: 

- Cerca del 70% de los estudiantes ahora están repartidos entre tres grupos empresariales: UCV (César Acuña), UTP (Intercorp) y UPC/UPN (Laureate). No sorpredentemente, personajes como Acuña siempre han estado muy a favor de la “reforma universitaria”. Incluso, su grupo votó en contra de lo que se ha llamado la “contrareforma”, hace pocos meses.

- Lo anterior nos lleva a pensar que la “reforma universitaria” no tiene un sesgo “anti-empresa” como alguna vez pensé, sino anti-competencia. Es una reforma profundamente mercantilista. Eso se ve reforzado por tres hechos ya mencionados: i) 77% de las universidades nuevas fueron cerradas; ii) se prohibió la creación de nuevas universidades por diez años, aún cuando ya existía Sunedu; y, iii) el presupuesto de universidades públicas no ha subido en la última década, sino que se ha estancado.

- Ahora es más caro estudiar en una universidad en Perú. Esto es una obvia consecuencia de reducir a la mitad la oferta.

- Los sueldos en general no han subido, ni ha mejorado la empleabilidad.

- Repito: el estado peruano no ha aumentado la inversión en universidades públicas en promedio, desde que empezó la “reforma”. Eso nos muestra que realmente no hay interés por aumentar la calidad o el acceso y mas bien sí existe un sesgo a favor de ciertos grupos empresariales que no compiten ni contra otras privadas (cerradas) ni contra las universidades públicas (abandonadas).

- Se han reducido los “retornos” de la educación. Las personas no estudian solo para ganar más dinero, sino que existen retornos no económicos (como por ejemplo aprender cosas o conocer personas). Estos retornos han sido expropiados de las personas que no pueden pagar una universidad. Ahora existen regiones completas en Perú sin universidad.

Si uno define “tener una buena educación” como una combinación entre calidad y acceso (como lo hace nada menos que la OCDE), Perú ha empeorado, gracias a la reforma universitaria. No existen elementos objetivos para decir que la calidad haya aumentado, pero sí es evidente que el acceso ha disminuido.

¿Qué hacer?

Perú expimentó una verdadera reforma de la educación en los 90s. Esta reforma llevó a tener mucha más oferta y mejores precios. Si la calidad representaba un problema, el propio estado peruano tenía la llave para lograr mayor calidad y acceso: cerca de 50 universidades públicas que podrían crecer y mejorar, al mismo tiempo que se permitiera crecer a la oferta privada. De esta forma, la calidad promedio de las universidades sí podría subir.

Además, la experiencia nos dice que las universidades nuevas tienen menos calidad pero ésta va aumentando con los años, sino pregúntenle a la PUCP de los 70s o la USIL de los 90s. En pocas palabras, no tiene sentido (más allá del mercantilismo) cerrar universidades nuevas.

En resumen, una combinación de libre mercado e intervención pública directa es mejor que tener a una policía de la oferta privada que favorezca a un grupo de privadas, sumado a abandono de la oferta pública.

Incluso en términos de investigación, que es el acápite que viene abajo, sería mejor un sistema de financiamiento de grandes proyectos de investigación público-privados, que una obligación generalizada de investigación, con efectos colaterales negativos (que explicaré abajo).

Otro supuesto beneficio: aumento de investigación

La propia Sunedu -haciendo un “fact checking”- ha dicho que gracias a ella ha aumentado la cantidad de investigación científica en Perú. Eso es en gran medida falso. Si bien no es posible descartar que el licenciamiento haya tenido algún impacto en el aumento de la investigación, es muy complicado decir que fue la causa de éste. Sunedu recién empezó a licenciar en 2015 y el aumento de publicaciones se produce de forma mucho más marcada a partir de 2014. Sunedu también se atribuye la mejoría en rankings internacionales, pero en realidad es esto último lo que mejor explica la mejora en investigación (sumado al aumento de fondos de Concytec). Es decir, a partir de 2010 las personas se comienzan a interesar más por los rankings y acreditaciones (lo cual explica también el recibimiento positivo de la “reforma universitaria”) y ese apetito por calidad lleva a mayores publicaciones. No solo Sunedu no explica (al menos no por si sola ni principalmente) el aumento de invesigaciones, sino que es posible que haya tenido efectos no deseados, como el aumento de publicaciones fraudulentas y plagio.

Notamos que Sunedu y los defensores de la “reforma” están ansiosos por mostrar resultados positivos. No los culpamos: una reforma que lleva a aumentar los precios sin subir los salarios, desapareciendo el 50% de la oferta privada sin aumentar el gasto público, necesita ser justificada de manera muy insistente y creativa. Sin embargo, consideramos que -de momento y a pesar de los esfuerzos- no hay ninguna prueba objetiva de los beneficios de la reforma, sino todo lo contrario.