Hace pocos días, el Congreso ha expedido una norma que modifica la Ley Universitaria, señalando que el licenciaminto ahora es de carácter permanente. Esto ha traído críticas en el sentido en que se estarían “relajando” los estándares de la Ley Universitaria. Además, se escuchan voces que señalan que el licenciamiento debería ser reemplazado ahora por acreditación. Consideramos que existe confusión, desinformación; y, quizá, una cuota de interés, en las opiniones que se vienen vertiendo sobre el tema.
Para comenzar, algunas premisas:
1. Licenciamiento se suele entender como el proceso de verificación de condiciones mínimas de seguridad o salubridad para realizar alguna actividad económica. En el caso de universidades, esto podría incluir algunas condiciones esenciales para realizar la actividad educativa. Por otro lado, la acreditación está referida a una constatación de calidad. Para entender la diferencia, un ejemplo: un restaurante con licencia de funcionamiento podría tener baño y extintor y cocineros con las manos limpias, pero eso no garantiza que su comida sea rica. Eso se vería con alguna certificación como estrellas Michellin o TripAdvisor, etc.
2. En Perú, sin embargo, el licenciamiento de universidades es una mezcla de ambos sistemas. Hablar de “condiciones básicas de calidad” es en cierto modo contradictorio. La calidad se mide en una acreditación, no en un licenciamiento, pero así se aplicó en Perú por cerca de 10 años.
3. Los licenciamientos suelen ser permanentes. De hecho, así lo determina la Ley marco de licencia de funcionamiento peruana de 2007. Ésta, señala en su artículo 11 que: “La licencia de funcionamiento tiene vigencia inderterminada”. Esto no quita, claro está, la fiscalización contínua de las condiciones básicas. Las empresas pueden ser sancionadas si no cumplen las condiciones, sea con multa o con revocación de la licencia. Las licencias temporales son la excepción en el sistema peruano (y mundial).
4. Nuevamente, el caso de universidades era distinto. En el caso de universidades, todas las licencias eran temporales (de 6 años).
5. El resultado de este proceso de pseudo acreditación de universidades (llamado “licenciamiento”) es que se ha cerrado el 50% de las universdiades privadas en Perú. Simultáneamente, se prohibió la entrada de nuevas universidades por alrededor de 10 años (“moratoria de universidades”). Las universidades cerradas fueron universidades nuevas (con menos de 20 años) en su mayoría (cerca del 80%). Simultáneamente, cerca del 70% de los nuevos estudiantes de privadas se concentraron en tres grupos: UCV (Acuña), UTP (Interbank) y Laureate (ver detalles, aquí, de donde se ha extraído el gráfico de abajo).
Dado lo anterior, responderemos algunas preguntas:
1. ¿Se está dejando de lado la fiscalización?
No es correcto, las universidades seguirán siendo fiscalizadas. Incluso, pueden perder su licenciamiento como consecuencia de esta fiscalización, como señala la propia Ley al decir que se conserva el licenciamiento “… siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad“.
2. ¿Es recomendable migrar hacia un sistema de acreditación obligatoria?
Creemos que no. En Perú, ya hemos tenido una pseudo acreditación por 10 años, con el resultado de reducir la competencia (50% menos de universidades, con regiones completas sin universidad), aumento precios y concentración de los estudiantes en pocas universidades (cuya calidad podría ser puesta en duda). La acreditación obligatoria solo significaría reducir más las opciones, en desmedro de los estudiantes y la sociedad.
3. ¿Qué más se podría hacer?
Actualmente en Perú, la acreditación es voluntaria para la mayoría de carreras, pero debería incentivarse más (como se hace en USA, donde el financiamiento público depende de acreditación). Algunas universidades (como la Científica, donde soy vicerrector) ya pasan todas sus carreras por acreditación (incluso internacional). Este tipo de práctica debería ser premiada, pero no obligada.
Otra cosa que se debería hacer es apoyar más a las universidades públicas. El Estado tiene la llave en sus manos (50% de las universidades son públicas) para crear centros de investigación potentes como Berkeley en USA o UNAM en México e incluso sucursales de UNMS en lugares donde hay pocos incentivos para crear universidades privadas.
Finalmente, las universidades públicas deberían cobrar pensiones a los que sí puedan pagar y sus administraciones deberían funcionar como si fueran privadas, con incentivos similares o administración delegada.
Si la acreditación es obligatoria, se corre el riesgo de reducir incluso más la competencia, dificultar aún más el acceso, sin una garantía de que la calidad haya subido. Tomen en cuenta que -luego de 10 años- no se percibe (y justamente de ahí vienen las críticas) un incremento de la calidad universitaria en Perú que haya justificado impedir la entrada de nuevas o cerrar el 50% de la oferta. No sigamos en el mismo camino impulsado por ignorantes o interesados.
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