El Gobierno por fin se animó a ser algo audaz y presentó un nuevo conjunto de medidas que comprende la reducción del Impuesto a la Renta, del ISC y una mayor flexibilización para la desvinculación laboral.
Esta vez hubo mayor entusiasmo, pero fue inevitable que se señalara que el paquete es insuficiente, y más aún que no fue tan audaz para promover la recuperación de la economía y despertar el interés para retomar el crecimiento de la inversión.
Es decir, no será fácil para el Gobierno revertir las expectativas de los agentes económicos, sobre todo cuando en el tercer trimestre la actividad económica apenas creció 1.8%, muy similar a la del segundo trimestre, que fue de 1.7%.
Sin embargo, lo más grave fue la caída de la inversión privada por segundo trimestre consecutivo, esta vez de 3.1%, según el informe dado a conocer por el Banco Central. Similar tendencia tuvo la inversión extranjera directa, pues registró un menor flujo, explicado principalmente por una menor reinversión de utilidades de las empresas con participación de accionistas extranjeros.
El impacto de las decisiones adoptadas por el MEF desde junio de este año todavía no ha sido suficientemente importante como para generar entusiasmo empresarial. Si bien en setiembre la economía creció 2.7%, el consenso del mercado espera que en octubre la tasa de expansión del PBI haya sido de 2% y más de una proyección, tanto a nivel local como internacional, considera que el crecimiento al cierre del año no pasará del 3%.
Hasta ahora varias de las medidas adoptadas van en el sentido correcto, tal como lo expresamos la semana pasada en nuestro editorial, pero algunas de ellas han tenido problemas en el diseño, como lo fue la rebaja arancelaria y la reducción del drawback, que han merecido críticas de economistas como Roberto Abusada, a quien no se le puede vincular con el proteccionismo.
Y es que a cada paquete que anuncia el Ministerio de Economía siempre le aparece un pero. Algunos van desde el poco avance para disminuir la ‘tramitología’, por ejemplo AFIN ha propuesto implementar protocolos para afrontar la ‘permisología’ en los proyectos de asociación público-privada. Otros cuestionan la falta de voluntad política para impulsar proyectos clave el próximo año.
Uno de esos casos es el de Tía María, en Arequipa. Esta preocupación es mayor si tomamos en cuenta que en el Gobierno se considera que si Southern no logra la aceptación de la población, pese a tener por segunda vez el estudio de impacto ambiental aprobado, debería postergar el inicio del proyecto. Este es un ejemplo claro de que la voluntad política del Ejecutivo para promover la inversión privada marcha con pies de plomo.
En esa misma línea también hay preocupación por la aplicación que hará el Senace del silencio administrativo negativo, cuando tenga que archivar un procedimiento por no tener la opinión de las entidades cuyo pronunciamiento sea vinculante para aprobar un proyecto. Esta es una perla más de las muchas que aún quedan por resolver para apuntalar la reactivación. Salvo que los críticos de siempre se dediquen a lanzar propuestas y no solo invocaciones.
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