En marzo del año que termina, un informe de Moody’s daba cuenta de que el Perú era uno de los tres países de la región que mostraba avances en las reformas de segunda generación. Nueve meses después hay dudas de que la implementación de estas pueda continuar exitosamente. Un ejemplo es la reciente ley laboral de empleo juvenil, que a pesar de ser un tímido esfuerzo de flexibilidad laboral, ha mostrado, en toda su magnitud, que en los próximos años la tarea será cuesta arriba.
En abril de este año, el Ministerio de Economía daba a conocer el estado de situación de las reformas de segunda generación, en materias de gestión del Estado, política social, mejora de la productividad y política fiscal.
En un repaso de la situación actual, para aquellas reformas que cuentan con marco legal aprobado, se observa que la ley del servicio civil, la reforma magisterial y las medidas para promover el acceso al mercado de capitales son las que muestran una mejor implementación y menos resistencias, aunque todavía es temprano para evaluar sus resultados.
Todo lo contrario sucede con la reforma del sistema privado de pensiones y la nueva ley laboral juvenil, que reflejan con claridad los errores de la administración Humala en el diseño e implementación de las mismas. Todo lo cual lleva a la necesidad de profundizar soluciones a temas tan sensibles, y que por temor a “alborotar el gallinero” muchas veces se prefiere evitar el debate.
Las dificultades para contratar, que no son de ahora, sino vienen desde hace muchos años, ponen de manifiesto que deberá ser un tema central en el debate electoral para las elecciones presidenciales del 2016, al igual que el futuro de los sistemas de pensiones.
Otras reformas, como el fortalecimiento del sistema de salud y la promoción de las asociaciones público-privadas en el sector, los cambios en el sistema de contratación pública, las reformas de la política social y el fortalecimiento de la producción y facilitación del comercio, todavía están lejos de mostrar sus bondades.
Hay otras acciones adoptadas que son parte de reformas iniciadas desde el año 2012, como la tributaria o los cambios a la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, que todavía no terminan de convencer a tirios y troyanos.
Con el presente panorama político, las reformas pueden tener un camino empedrado de buenas intenciones al infierno, más aún cuando ahora se asume -muchas veces equivocadamente- que los técnicos solo toman en cuenta sus propuestas del gabinete y no miran la realidad.
Más bien, los partidos y más de un dirigente juvenil deben saber que ya había 23 regímenes de empleo especiales con menores beneficios laborales y que hasta hoy no han merecido las críticas por ser discriminatorios.
Es más, ni siquiera hay una evaluación completa de sus resultados. En fin, se necesitará de mayor persuasión para impulsar las reformas.
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