El pasado 31 de julio, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, en una reunión convocada por su despacho reveló que “la participación en el accionariado de las empresas mineras no es un tema que le espante”. Y no solo eso, sino tal como reveló Gestión el viernes pasado, se ha convocado para la primera semana de setiembre a los CEO de las 15 principales empresas mineras del mundo que operan en el país, justamente para tratar este tema.
En el discurso de 28 de julio ante el Congreso, el presidente Ollanta Humala no hizo mención alguna a la actividad minera ni a la conflictividad social vinculada a ella. Decidió hacer mutis. Sin embargo, le guste o no al Gobierno y a sus detractores, la minería sigue siendo muy importante para el país.
Por ejemplo, la recuperación que viene registrando el PBI primario se debe principalmente a la actividad minera que en junio pasado tuvo un crecimiento de 14.2% y que en el segundo trimestre registra una expansión de 13.5% mayor al 6.6% que tuvo en el primer trimestre. Estos resultados se dan, pese a que los precios continúan deprimidos y las perspectivas no son favorables luego de la depreciación del yuan.
La propuesta que promueve ahora el Ministerio de Energía y Minas bien pudo discutirse a inicios de la administración Humala, cuando se cambió el sistema de aporte voluntario por otro esquema, que finalmente dada la coyuntura internacional fue menos exitoso. Y, tal vez, el anterior modelo pudo haber significado mayor aporte a las comunidades cercanas a los yacimientos.
Puede iniciarse el debate de una propuesta como la que ahora impulsa el Gobierno, pero no es oportuno que la decisión se tome en esta administración, más aún cuando el país se encuentra en un proceso electoral, en medio de 70 conflictos sociales vinculados a la minería.
¿Qué sentido tiene hacer estos planteamientos y así levantar expectativas en la población? Ya el Gobierno luego de cuatro años debería de haber aprendido a ser cuidadoso al momento de lanzar propuestas. Justamente, el presidente Humala se quejó recientemente de que las empresas de comunicaciones eran las que removían el tema del salario mínimo vital, sin acordarse que fue su Gobierno, que luego de haber desechado un aumento, decidió este verano llevar el tema al Consejo Nacional de Trabajo, cuando ya este no estaba en la agenda.
Es indudable que para recuperar la inversión minera en el próximo quinquenio se tendrán que adoptar medidas audaces. Si algo le queda hacer al Poder Ejecutivo en funciones es motivar la inversión y no generar mayor incertidumbre, sobre todo en época electoral.
Aún quedan algunos proyectos mineros en etapa de construcción a los cuales se les debe apoyar, como es el caso de Las Bambas. Asimismo, se debe consolidar el funcionamiento de Senace, a fin de que muestre sus bondades en la facilitación para aprobar los estudios de impacto ambiental.
Son los partidos que pretenden ser gobierno los que sí se deben pronunciar sobre la propuesta que promueve ahora el actual Ejecutivo.
COMENTARIOS
DEJE SU COMENTARIO
La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad.