Hace dos semanas en esta misma columna expresaba la preocupación de que el Gobierno actual tomara decisiones que puedan perturbar a la próxima administración que será elegida en las urnas.
Sin embargo, el presidente Ollanta Humala decidió aplicar la primera de sus medidas que tiene en sus planes para los últimos cuatro meses de su Gobierno: el alza de la remuneración mínima vital, que por cierto ya la tenía en mente desde hace nueve meses y que la postergó ante la argumentación de algunos miembros de su Gabinete, tal como informamos el año pasado en Gestión. Hoy en cambio, es notorio el silencio del ministro de Economía sobre la decisión adoptada.
Y como advertimos el pasado 21 de marzo, todavía pueden darse otras sorpresas. Así, se contempla una rebaja de las tarifas eléctricas para lo cual el Ejecutivo está por enviar al Congreso un proyecto. Si bien el objetivo es loable, puede terminar introduciendo mayores distorsiones a la actividad y quizá hasta perjudicar a algunos consumidores. Después de todo es importante saber quién pagará la factura si se aprueba dicha disminución de precios.
Adicionalmente, está en cartera, pese a que no hay consenso al interior del Gabinete, la intención nunca negada de que los nuevos proyectos mineros otorguen hasta el 20% de la propiedad a las comunidades adyacentes. Propuesta que dicho sea de paso forma parte del plan de gobierno de la candidata líder y que la actual administración podría aprobarla tal vez durante la segunda vuelta.
Estas decisiones se toman sin evaluar adecuadamente su impacto, más allá de que se requieran mejorar los sueldos de los trabajadores. Por ejemplo, en Chile hay una Comisión Nacional de Productividad que entregará su primer informe en el que se examina 200 medidas que ameritan ser impulsadas. Y no solo eso, sino también que luego dicha comisión elaborará informes sobre la productividad minera, la productividad en los hospitales y hasta un estudio de cómo ampliar las exportaciones.
En cambio, en el Perú, se deja de lado el esquema institucional que establece que el Consejo Nacional de Trabajo debe pronunciarse, no se cuenta con una adecuada metodología para fijar el aumento del salario mínimo y hasta se toma como referencia una cuestionada evolución de la productividad, tal como informamos en esta edición.
El próximo Gobierno va a heredar una economía que crece lejos de su potencial que tenía hace cinco años y con una sostenibilidad fiscal que, sin ser precaria, está lejos de la fortaleza que tenía cuando se inició el Gobierno de Humala.
Revertir lo anterior implica que el actual Gobierno no convierta a la economía en un campo minado en los últimos meses, amparado en las mejores cifras de crecimiento, porque la recuperación todavía está lejos de reflejarse en las actividades vinculadas a la demanda interna. Como bien dice el último informe de Apoyo Consultoría sobre la confianza del consumidor en Lima: hay mejoras pero es pronto aún para cantar victoria.
Es momento de ser cuidadosos con las medidas que se adopten y el MEF bien lo sabe, pues pese a todo hay que reconocer que supo evitar varios autogoles. Su labor todavía no ha terminado, sobre todo ahora que el presidente quiere seguir metiendo goles.
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