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Reactivar la economía significa, entre otras cosas, crear las condiciones para que en los próximos seis meses se vuelvan a tomar decisiones de inversión. A junio de este año, los anuncios de nuevos proyectos hasta el 2018 suman US$ 16,649 millones, menores a lo que se tenía tres meses atrás cuando alcanzaban los US$ 18,013 millones. Si bien hay iniciativas que se encuentran detenidas por trámites engorrosos, otras no despegan porque no encuentran certidumbre en las políticas sectoriales, como es el caso de la actividad de hidrocarburos o porque el Gobierno decidió centrarse en determinados proyectos, caso Tía María, descuidando facilitar el desarrollo de otros, de menor dimensión, pero con mayores posibilidades de concretarse y con menos oposición. Por ejemplo, a nivel de cobre solo hay un proyecto en marcha este año: la ampliación de Toquepala, a cargo de Southern.
El otro punto en el que Fernando Zavala tendrá que hacer ajustes está vinculado a la inversión pública. El esquema de Invierte.pe, que reemplazó al SNIP, está lejos de haber sido la solución que se prometía. La implementación ha sido el principal escollo, lo cual obligará a realizar cambios en el diseño, pues en algunos casos no resulta amigable para las inversiones de mayor dimensión. Asimismo, si bien en cada Consejo de Ministros se realiza un monitoreo de la ejecución de la inversión, más de un ministerio ofrece resultados bastante magros. A lo anterior hay que agregar que el inicio de la “reconstrucción con cambios” no debe encontrar las dificultades que hoy ocurren con los proyectos ordinarios.
Pero simultáneamente a la dinamización de la inversión pública, el MEF debe recobrar el liderazgo en el Congreso para lograr que se apruebe el proyecto de ley que permite la ampliación del déficit fiscal a 3% del PBI este año.
La iniciativa fue presentada a inicios de marzo y hasta el momento no se ha dado importancia a este tema. Asimismo, el ministro Zavala tendrá que decidir si continúa sin cambios la reforma tributaria que comenzó su antecesor o introduce modificaciones, dadas las distorsiones que se han generado con algunas medidas como Mype Tributario, que ha ocasionado que 600,000 contribuyentes, migren del régimen general al nuevo sistema, con la consiguiente reducción de la recaudación fiscal. Indudablemente, realizar modificaciones generará cierto desconcierto en los agentes económicos, por lo que la administración Zavala tendrá que evaluar cuidadosamente los pasos a seguir, pero sin olvidar que es crucial frenar la caída de la recaudación.
También se requiere una coordinación más estrecha con la política monetaria que está a cargo del Banco Central de Reserva. Es probable que en lo que resta del año, el BCR nuevamente decida reducir su tasa de interés de referencia como una medida para impulsar la alicaída situación de la economía.
Por último, tal como señalamos ayer, hay que observar de manera cercana la desaceleración del crédito, el aumento de la morosidad y la situación financiera de las empresas. Tal como advertimos en esta edición, los retrasos en el pago de los créditos se han incrementado en 12 de los 16 bancos que forman el sistema.
Es momento de adoptar medidas, dejar de lado aquellas que requieren mayor evaluación y administrar cuidadosamente los anuncios de las nuevas propuestas. No hay tiempo para pestañear.
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