Uno de los dos factores esenciales que marcarán los próximos doce meses del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski serán los resultados de la política económica que lleva a cabo. El otro factor será la convivencia con la oposición, principalmente con Fuerza Popular.
En el corto plazo, tanto el ministro de Economía, días previos al mensaje presidencial, como Kuczynski han delineado algunas medidas que se adoptarán para reactivar la economía, en momentos en que el 54% de la población considera que no se está tomando acción, según la última encuesta de GfK.
Sin embargo, las medidas no transmiten con claridad la estrategia de la política económica hacia el 2021, considerando que ese año se celebra el bicentenario de la independencia del Perú. La política económica debe ser más que destrabar proyectos de inversión, mejorar la ejecución de las obras públicas o solucionar el caos del transporte público en Lima y Callao.
La oportunidad la tendrá el Ministerio de Economía, cuando a fines de agosto presente el Marco Macroeconómico Multianual para los próximos tres años. Si bien, el titular del MEF, Fernando Zavala, ha remarcado que su preocupación principal en los próximos meses será la reactivación de la economía, eso no debe significar que se deje de plantear una carta de navegación de las reformas que se pueden implementar luego de la reactivación. El propio Zavala, cuando tuvo similar cargo en el Gobierno de Toledo, presentó en el Marco Macroeconómico Multianual de su época planteamientos que se enfocaban en reformas de largo aliento, como la laboral.
Por eso, resulta fundamental que si bien es importante recuperar el dinamismo de la economía, también es crucial el desarrollo de reformas que permitan hacer sostenible y elevar el crecimiento potencial, muy venido a menos en los últimos años.
En esa línea, el Gobierno tiene que impulsar políticas sectoriales que no solo impulsen la minería, actividad esencial para el crecimiento del país, sino también que apunten a la diversificación. Hay que romper el círculo vicioso que busca interpretar la diversificación productiva como dirigismo estatal, haciendo la vista gorda en que el Estado impulsó con incentivos a la minería y a la agroexportación, lo cual ha negado, por ejemplo, para la industria, salvo el drawback.
También se requiere trazar una ruta eficaz para combatir la informalidad. Es loable que el Gobierno mantenga este objetivo, pero luego de un año resulta claro que la política tributaria no es el mejor camino para atacar este problema. El informe que la Comisión de Protección Social presentará al MEF puede ser inicio para encauzar en los próximos doce meses, tanto el combate contra la informalidad, como mejorar el régimen de pensiones y la atención de la salud. Por eso, un diálogo político resulta imprescindible para priorizar estas reformas. Por último, en los próximos doce meses el Gobierno puede realizar una propuesta de cambios en la descentralización, para que a partir de enero del 2019 con las nuevas autoridades regionales y locales elegidas se puedan introducir modificaciones a la legislación vigente.
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