El escándalo de la corrupción del caso Lava Jato sigue afectando semana a semana al país. Por ahora, es muy difícil establecer cuál será el desenlace final, pero hasta el momento van quedando en el camino varias tareas que el actual Gobierno y los próximos tendrán que afrontar para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Una de esas tareas es la reforma de la Contraloría General de la República y el otro reto está vinculado a la Ley de Contrataciones del Estado. En el primer caso, la actividad de la Contraloría no mereció la atención debida con el mismo ahínco que se prestó a otras instituciones públicas durante la reforma de los 90. La labor de los dos últimos contralores ha dejado mucho que desear, al punto tal que el antecesor de Nelson Shack fue retirado por el Congreso. En varios de los procesos de licitaciones en las que estuvieron involucradas las empresa brasileñas, la Contraloría fue timorata, pues si bien en algunos casos advirtió los riesgos, no fue perseverante en las denuncias.
Por otro lado, la calidad de las intervenciones de la Contraloría y de sus informes tuvieron serios cuestionamientos. Ahora el nuevo contralor se ha propuesto contar con una nueva ley y realizar cambios estructurales en la entidad.
Actualmente hay 919 organismos de control institucional, pero solo en 372 de ellos la Contraloría designa al jefe. Este problema no es nuevo y hasta ahora no se ha podido resolver. También está pendiente tener un procedimiento sancionador que sea eficaz, pues apenas si se fiscalizan las declaraciones juradas que presentan los funcionarios. Más aún cuando este año el Congreso aprobó una ley para que todo funcionario del Estado presente declaración jurada.
A lo anterior hay que agregar el reto que significa establecer nuevos modelos de control. Ya han surgido algunas diferencias entre lo que plantea el contralor y lo que esperan los congresistas. Por ahora, la percepción que se tiene es que el organismo de control es lento, inefi ciente y poco proactivo. La tarea que tiene Shack por delante no es nada fácil.
El otro reto está vinculado con la Ley de Contrataciones del Estado. La semana pasada el Ejecutivo presentó la solicitud de facultades legislativas al Congreso, que incluye la modifi cación de la Ley de Contrataciones, a fin de simplifi car los procesos actuales e impulsar la contrataciones electrónicas, pese a que el Decreto Legislativo 1341 ya había intentado mejorar los procesos. Y si se va más atrás no ha habido gobierno que no haya modifi cado esta ley sin que hasta el momento se haya podido mejorar claramente las compras y licitaciones en el Estado.
Asimismo, el gobierno de PPK también se propone modificaciones en la regulación de Perú Compras y del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) con el objetivo de mejorar la lucha contra la corrupción. Estos propósitos son loables, pero ya en el pasado se han intentado cambios y, ya sea en los reglamentos o en la falta de voluntad política, los resultados han estado lejos de lo que se buscaba. El combate de la corrupción tiene que darse desde varios frentes y el papel que jueguen la Contraloría y el OSCE es clave. El debate de las nuevas normas es un tema de interés nacional dado el nivel de corrupción en que está envuelto el país.
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