La semana pasada, el INEI reveló que el crecimiento de la economía en abril fue de 7.8%, un resultado que no se repetirá al menos en lo que resta del año, dada la comparación estadística y el hecho de que este año el impacto de Semana Santa no estuvo en el mes de abril. Sin embargo, la cifra es alentadora, pues poco a poco se vislumbra una recuperación de los sectores vinculados a la demanda interna.
Pero también, se vislumbra que el Gobierno tiene algunos temas en el corto plazo en los que deberá adoptar una decisión. A nivel económico, está el futuro de Agrobanco, sobre el cual ya hay en la mesa al menos cuatro alternativas, algunas de las cuales implican medidas difíciles, pero que pueden asegurar un financiamiento al agro menos oneroso, como ha resultado la segunda experiencia fallida de contar con una autoridad bancaria para este sector.
También está pendiente que el Ministerio de Energía y Minas tome una decisión sobre el espinoso tema de la declaración de precios de gas que enfrenta a las generadoras. Si bien, el despacho del ministro Francisco Ísmodes se ha comprometido a realizar algún cambio antes de este mes, puede haber nuevas postergaciones. El tema es crucial, porque hay en marcha dos licitaciones por varios megavatios de los proyectos de Chinalco y Quellaveco. Si no hay una decisión clara, lo más probable es que las propuestas que se presenten en las subastas tengan un castigo en las tarifas, dada la incertidumbre que existe. Y, por consiguiente, encareciendo los proyectos.
Otro tema tiene más un cariz de economía política. Las organizaciones del sur que promovieron los paros en mayo contra el alza del ISC a los combustibles, nuevamente están planeando acciones contra el Gobierno luego de que el jueves pasado el nuevo titular del MEF, Carlos Oliva, declarara que no iba a darse retroceso en el aumento del impuesto. Si hubiera el paro será la primera prueba de fuego de Oliva, en momentos en que las protestas en el país han pasado de 55 a 202, mientras los conflictos sociales llegan a 198.
Una situación similar vivirá, a partir de hoy, el ministro de Educación, David Alfaro, frente al paro convocado por Conare y la advertencia del Sutep de que si el Gobierno no va al arbitraje para solucionar los reclamos salariales de los maestros, irán a la huelga el próximo mes.
En este panorama, el presidente del Consejo de Ministros ha hecho un amague, y si bien dice que no habla de cambios en el Gabinete para el 28 de julio, considera necesario realizar modificaciones en la estrategia política del Gobierno.
Esta posición puede significar tener una actitud menos pasiva frente a Fuerza Popular.
Por lo pronto, el presidente Vizcarra decidió apoyar la necesidad de que la SBS supervise a las cooperativas, anunció que el Gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la “ley mordaza” y el fin de semana promulgó el reglamento de la ley de comida saludable, manteniendo la implementación de los octógonos sobre los semáforos tal como planteaba el fujimorismo y la industria de alimentos.
Si el Gobierno mantiene una actitud proactiva, lo sabremos en las próximas semanas, pero decisiones sobre Agrobanco y la declaración de precios de gas que enfrenta a las generadoras no pueden seguir esperando.
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