La semana pasada culminó una fase del proceso de investigación por lavado de activos a Keiko Fujimori con la decisión del juez Concepción Carhuancho de imponerle prisión preventiva por 36 meses.
El impacto del fallo no solo tendrá implicancias políticas, sino también puede ser la oportunidad, como bien señaló Pablo Secada, para que el Gobierno ya no tenga excusas de dejar de hacer reformas económicas, pues ante la debilidad de Fuerza Popular en el Congreso, el oficialismo puede retomar la iniciativa y así como empujó las reformas políticas y judiciales, también lo haga en el caso de la economía y de otros sectores como la salud. Si bien esta demanda se comenta cada semana, hay que insistir machaconamente, hasta que el Gobierno deje de concentrarse solo en las reformas del referéndum del 9 de diciembre y la lucha anticorrupción. Por más importantes que sean, hay otros aspectos de la vida nacional y de la agenda del ciudadano que también merecen una atención prioritaria.
El propio presidente Vizcarra, en conferencia con la prensa extranjera, anunció que habrá nuevas reformas. Sin embargo, parece que sus ministros no están entusiasmados con ese objetivo.
Por ejemplo, el titular del MEF, Carlos Oliva, mantiene su discurso ambiguo sobre el impacto de la reforma del ISC. El mes pasado dijo que estaba dispuesto a evaluar cambios al alza del impuesto en un evento de la Universidad del Pacífico (Gestión 25.09.2018), posición que ratificó ayer en entrevista con El Comercio, pero evitando señalar plazos de cuándo culminará la evaluación del MEF sobre la medida adoptada, que por cierto ha golpeado las ventas de bebidas, cerveza y los vehículos. A cambio de eso no se tiene conocimiento de que haya planes para destinar más recursos a combatir la obesidad, que fue uno de los motivos para justificar el alza del impuesto.
Además, hay otros temas urgentes en el corto plazo que pueden tener fuerte impacto fiscal en el mediano y largo plazo como es el proyecto que está en la agenda del pleno para extender la jubilación anticipada, pero considerando a partir de los 50 años. Hasta ahora, el Ejecutivo no manifiesta una actitud firme frente a este riesgo para la economía.
Del mismo modo, la elaboración del plan nacional de infraestructura y de los lineamientos de la política nacional de competitividad marcha a paso lento, aunque se espera que con ocasión de la próxima CADE, el MEF presente un avance. Sin embargo, en el Gabinete aún no hay el suficiente consenso, pues más de una propuesta de otros ministerios todavía no se incluyen en lo que prepara el despacho del jirón Junín. Y no hay que olvidar que en Paracas también se presentará posiblemente de manera más elaborada el plan del Centro Privado de Competitividad.
Para avanzar en ese objetivo es necesario dialogar, como el propio presidente Vizcarra lo reconoce en el caso de los cambios a la legislación laboral como lo dijo a la prensa extranjera. Lo mismo debe ocurrir en impulsar el diálogo, no solo con Fuerza Popular, sino con las diversas bancadas del Congreso, gremios empresariales y sindicales. Esperar hasta después del referéndum no es el mejor camino.
Es indudable que derrotar la corrupción es una tarea ardua, pero el Gobierno de Vizcarra debe darse el espacio para abordar otros temas de la agenda nacional.
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