Los Juegos Panamericanos terminaron y el presidente Martín Vizcarra se quedó sin un lugar para ir y celebrar. Hoy solo le quedan problemas como las consecuencias de suspender la licencia de construcción del proyecto de Tía María y el paro indefinido que se inicia en Moquegua contra el proyecto de Quellaveco, con apoyo del propio gobernador regional, Zenón Cuevas, que fuera compañero de ruta del mandatario y del actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos, durante el Moqueguazo cuando ostentaba similar cargo . Es decir, calco y copia de lo que se vive en Arequipa desde el pasado mes de julio contra el proyecto de Southern.
Hace una semana advertíamos que lo que interesaba, más que las cifras del corto plazo, es el país que iba a dejar el actual Gobierno. La decisión del viernes pasado de suspender la vigencia de la licencia de construcción del proyecto Tía María confirman que la actual Administración pasará sin pena ni gloria, salvo la lucha anticorrupción, que por cierto en las últimas semanas también ha tenido encontronazos entre el Ejecutivo y los fiscales del caso Lava Jato.
Podemos detenernos en desmenuzar los factores coyunturales del caso Tía María, pero vale la pena reflexionar las causas que llevan a los gobiernos en los últimos años a tomar decisiones de esa naturaleza. Lo sucedido el viernes no es la primera vez que ocurre. Fue el caso del proyecto Conga con Humala que marcó buena parte de su relación con los inversionistas, luego el aeropuerto de Chinchero durante el periodo de Kuczynski y ahora nuevamente una iniciativa minera.
Uno de los temas que resulta siendo el talón de Aquiles de las anteriores decisiones es la falta de institucionalidad y de políticas públicas claras, sobre todo en la minería. Es evidente que el Consejo de Minería es una entidad dependiente del Ministerio de Energía y Minas y por más que desde el Ejecutivo se intente presentarla como independiente en la práctica no lo es. La difusión del audio de la reunión entre Vizcarra y las autoridades regionales así lo confirman.
En los últimos 19 años quizás hemos vivido un espejismo por detenernos solo en las cifras de crecimiento, desdeñando la importancia de las reformas institucionales, no solo de entidades gubernamentales sino también de una reforma política. Mientras no se asuman esas tareas, seguiremos lamentando la fragilidad de las instituciones nacionales.
Pero también hay corresponsabilidad en el sector privado, pues no solo falla la comunicación adecuada, sino también la remediación de los pasivos que varias empresas mineras han dejado huella en el interior del país. Y a eso no se escapa Southern, por cierto.
En las próximas semanas el debate se centrará en el camino que se adoptará para adelantar las elecciones y luego en la competencia de las candidaturas. Habrá entonces que hacerse un espacio para exigir a los que pretenden la Presidencia de la República que señalen una ruta de reformas institucionales y que asuman el compromiso de llevarlas a cabo si obtienen el triunfo.
Cada año que pase sin asumir ese desafío será más difícil lograrlo posteriormente.
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