La semana pasada, se puso fin al enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo que fue permanente desde el 28 de julio del 2016. El final llegó con la disolución del Congreso, discutible constitucionalmente por la manera como se realizó y que puso de manifiesto las consecuencias de no asumir en los últimos 20 años una reforma constitucional, sobre todo en el aspecto político.
Hoy se cumple una semana de la medida adoptada por el Gobierno del presidente Vizcarra y prácticamente ya estamos sobre hechos consumados.
Aunque lo mejor sería que ocurra un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que despeje cualquier duda, por más minoritaria que sea, sobre lo ocurrido el 30 de setiembre.
Los próximos meses, hasta que el 26 de enero, cuando se elija al nuevo Congreso para que complete el periodo legislativo del Parlamento disuelto, será una oportunidad para que el Ejecutivo lleve a cabo iniciativas, que de una u otra manera se empantanaron por la lucha política. Pero también habrá riesgo de que el Gobierno no actúe con prudencia.
Uno de los actores clave en este periodo será el Ministerio de Economía. Su joven titular deberá tomar desde esta semana varias decisiones que comenzarán a marcar su actuación.
El viernes 11 se vence el plazo de la exoneración del IGV a la industria del libro. El proyecto que se aprobó en la Comisión de Economía del Congreso difiere de la propuesta que envió el propio Vizcarra, tanto en el plazo de los beneficios tributarios como en las características de la prórroga.
Para adoptar una decisión, el Ejecutivo tendrá que disipar cualquier duda que exista sobre los decretos de urgencia y la posibilidad de que sean utilizados por decisión propia y sin autorización del Congreso, para adoptar medidas tributarias.
En esa misma línea, se encuentran varias exoneraciones tributarias que vencen a fin de año, como las exoneraciones del IGV, a la importación de bienes que se destinan al consumo de la Amazonía, la exoneración a los alimentos, la prórroga de los beneficios vinculados al IGV para la exploración minera y de hidrocarburos, entre otras.
Del mismo modo, está pendiente la promulgación de la extensión de la ley de promoción agraria, que incluye también a los sectores acuícola y forestal, que si bien fue aprobada por el Congreso, su autógrafa de ley no fue remitida al Ejecutivo y ya no lo podrá hacer ya que el Parlamento está disuelto.
Estas primeras decisiones de tipo tributario pondrán a prueba a la titular del MEF frente a las presiones para hacer algunas modificaciones o actuar discrecionalmente, favoreciendo solo a algunas actividades económicas.
Del mismo modo ocurrirá con dos proyectos emblemáticos para La Libertad y Arequipa: la tercera etapa de Chavimochic y la segunda etapa de Majes-Siguas. Ambas iniciativas se encuentran paralizadas, pese a ser claves para la agroexportación como el propio Banco Central lo acaba de recordar en su último Reporte de Inflación.
Cada visita de Vizcarra a Trujillo y Arequipa significa una promesa de que apoyará la reanudación de las obras. Sin embargo, estas no se destraban y así pasan los meses y se renuevan las promesas.
La situación se complica en el caso de Majes II porque la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inició una investigación preliminar por las adendas que se han firmado, lo cual dificulta que se suscriba la adenda número 13 que se considera importante para el proyecto, y sobre la cual hay oposición en la región.
Igual es el caso de Chavimochic III. La ahora ministra del Ambiente, cuando ejercía el cargo de ministra de Agricultura, adelantó que para el Gobierno el consorcio encargado de la obra que lidera Odebrecht ya no iba más. Sin embargo, el gobernador regional de La Libertad dice que es posible que continúe la construcción con la empresa brasileña para terminar la presa de Palo Redondo. Durante la gestión de Carlos Oliva, el MEF no estuvo muy entusiasta con ambas iniciativas por las condiciones que implicaban.
A lo anterior hay que agregar la preocupación en los últimos días de parte del sector empresarial de que se cambie de orientación a la política económica o que con algunas medidas se pretenda atender algunas demandas de los que hoy son aliados de la administración Vizcarra. Si bien, Vicente Zeballos ha señalado que no ocurrirá, solo los hechos confirmarán sus palabras.
En tanto, la mirada de los ojos de las agencias calificadoras de riesgo y los inversionistas están en las primeras decisiones de María Antonieta Alva, que serán un preludio de la relación con el Congreso que se elige en enero y de los intentos que puedan darse de introducir medidas de populismo económico.
COMENTARIOS
DEJE SU COMENTARIO
La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad.