El año está a punto de terminar y es evidente la insatisfacción que existe por los resultados de la economía. Desde que el 23 de marzo del 2018 inició su mandato el presidente Martín Vizcarra, se han dado 36 cambios de ministros en los tres gabinetes que ha tenido. Inclusive uno de los que fue presidente del Consejo de Ministros afronta acusaciones de corrupción, aunque el Ministerio Público no actúa con la misma rapidez que en otros procesos del caso Lava Jato. Y si bien, los hechos que se le imputan corresponden al periodo en que César Villanueva fue gobernador regional, queda aún por conocer qué tanto en el Gobierno actual sabían sobre el pasado del expremier.
Pero también hay otros casos en los que las renuncias y salidas de los integrantes del Gabinete se han debido a falta de capacidad o a “metidas de pata”. Actualmente todavía hay ministros cuestionados, como el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Justamente una de las críticas que afronta Vizcarra es que no ha sido acertado en el nombramiento de varios de sus ministros, algunos de los cuales han tenido un paso fugaz y otros llegaron para aprender. Las consecuencias de buena parte de los nombramientos en los tres gabinetes han sido que la toma de decisiones en varias de las carteras carece de buen criterio técnico, salvo excepciones. Este resultado, por ejemplo, no solo se aprecia en la fe de erratas de más de un decreto de urgencia, sino que es notorio que el orden de las prioridades no necesariamente es la guía para que el Gabinete Zeballos adopte medidas.
O, lo que es peor, el ahora presidente del Consejo de Ministros expresó meses atrás, cuando ejercía la cartera de Justicia, su interés por resucitar una aerolínea estatal o, ya en la PCM, lanzó la propuesta de crear un ministerio de infraestructura. No se trata solo de generar planteamientos sino de que estos deben obedecer a una hoja de ruta. Mientras tanto, en los Consejos de Ministros se sigue deshojando margaritas sobre la prórroga de la vigencia de la ley de promoción agraria.
Por eso, una de las lecciones que dejará la actual administración es que la selección de los cargos ministeriales no puede quedar limitada a un círculo de confianza. El problema no es menor, ya que si bien a nivel de gobiernos subnacionales también hay esta dificultad, la cuestión se agrava cuando el responsable de la política de un sector del país no ofrece respuestas claras a los problemas.
Lo mismo ocurría con el Congreso disuelto. Y si bien en ese caso la elección es popular, la administración del Parlamento y la conformación de sus equipos de asesores, al igual que la mayoría de los congresistas, dejaban mucho que desear. ¿Cambiará esta falta de gobernanza con el nuevo cuerpo legislativo que se elegirá el 26 de enero? Hay pocas esperanzas.
Y la gobernanza no solo tiene que ver con la calidad de los funcionarios, sino también con su idoneidad ética. En los últimos meses se han dado normas para favorecer la transparencia, sin embargo poco se sabe de su implementación.
Sin acciones claras que se adopten, poco se puede esperar, por más que se tengan buenas iniciativas normativas, pues al final todo quedará en el papel.
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