En los dos últimos años la lucha anticorrupción marcó la pauta del país. Es indudable que se registran avances, pero también quedan tareas pendientes. Una aproximación de la Contraloría de la República para el 2019 arroja que el perjuicio económico por la corrupción alcanzó los S/ 23,297 millones. En buen romance, el 15% del gasto del Estado va a la corrupción o a pagar sobrecostos, lo cual siempre ocurre porque existe una organización delictiva, donde no solo están presentes funcionarios, sino también el sector privado.
La fiscalización del uso de los recursos públicos es una tarea que merece toda la atención, sobre todo ahora que se está ad portas de un proceso electoral. Es una tarea que compromete a la ciudadanía, pues como lo evidencia más de una encuesta, muchas veces hay complacencia, como es en el caso de las coimas. Y peor aún cuando se eligen congresistas cuestionados pese a las evidencias. Es decir, los ciudadanos no pueden evadir su responsabilidad.
En esta tarea también es fundamental la Contraloría. Su actuación en la década de los 90 estuvo lejos de lo que se debió esperar. Es así que uno de los contralores de esos años terminó enjuiciado por irregularidades en el gobierno de Fujimori. Y hoy, otro que fue destituido, ejerce increíblemente la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero no son los únicos.
En los últimos años más de un contralor tuvo severos cuestionamientos y poco consenso sobre la idoneidad para ocupar el cargo, más aún cuando a partir del 2017 se conoció todo lo que significaron los casos de Lava Jato y el Club de la Construcción, donde brillaron por su ausencia las intervenciones de alerta sobre lo que ocurría.
“El próximo Gobierno debe continuar la lucha anticorrupción y no dejarla de lado”.
La actual administración del presidente Vizcarra dio pasos importantes contra la corrupción en los casos como Lava Jato, el Club de la Construcción y los Cuellos Blancos. Se puso al descubierto la participación de diversas organizaciones al interior del Estado para la realización de delitos. Hay resultados alentadores, pero también hay sombras. Hasta el momento casi no hay procesos judiciales tras más de tres años de investigación. Además, cuando hay sospechas de irregularidades cometidas en instancias del actual Gobierno, el Ministerio Público no tiene la misma actitud que en las pesquisas que hace sobre gobiernos anteriores.
Y es que lo que se debe evitar es que el combate a la corrupción sea tuerto. Muchas veces solo se miran los actos de los opositores al Gobierno de turno -en más de una oportunidad con razones para investigar-, pero no sucede lo mismo con la administración que está en el poder.
Mención aparte merece la actitud empresarial. Las consecuencias de la participación de diversas compañías, pero no de la mayoría que opera en el país , es una mancha que tarda en borrarse -a pesar de los esfuerzos por implementar esquemas como el compliance-, lo cual repercute en la percepción ciudadana al momento de juzgar el comportamiento empresarial. Y es que, así como se le exigía al presidente Vizcarra ofrecer disculpas, la mayoría de los empresarios y empresas involucrados en casos de corrupcion, aún no lo hacen, salvo excepciones.
Pero además cuando se buscan otros mecanismos para acelerar el gasto y evitar la corrupción, los problemas no desaparecen. Por ejemplo, en los acuerdos de Gobierno a Gobierno, el contralor Nelson Shack acaba de advertir la necesidad de que haya un marco regulatorio para el acceso a información de esos convenios, pues obtenerla está en manos de la voluntad de los funcionarios vinculados a esos esquemas.
El próximo Gobierno debe continuar la lucha anticorrupción y no dejarla de lado. No se puede desandar lo avanzado, pero hay que corregir. Lo más importante será convertirla en una política pública eficaz y creíble. Eso empieza por exigir idoneidad y conductas intachables a los fiscalizadores, tanto en el Congreso, en la Contraloría, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Ese es uno de los retos.
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