A 22 semanas de las elecciones generales, hay todavía poco interés de la ciudadanía por los comicios del próximo 11 de abril. Los movimientos políticos aún se encuentran ensimismados en la organización de la campaña, como en sus planchas presidenciales, los procesos internos para la presentación de las listas al Congreso –que esta vez tienen la exigencia de la alternancia de género–, la reunión de fondos –que debido a las nuevas reglas y a la pandemia del covid-19 tendrán más ojos puestos en los gastos–, y por cierto en la estrategia.
En tanto, aún hay pocas definiciones de las ofertas electorales, salvo algunas agrupaciones radicales que apuntan a poner en vilo los principales logros de las políticas seguidas en los últimos 30 años, más allá de que son necesarios cambios y no solo ajustes a lo que hasta el momento se aplicó. El resto de movimientos que aspiran a tomar las riendas de gobierno por ahora solo ofrecen lugares comunes. Casi se desconocen los jefes de los planes de gobierno, y si bien hay la obligación de presentar estos ante el JNE, lo cierto es que en el debate público y no en el documento formal es donde se apreciarán los objetivos de los candidatos. La experiencia de anteriores procesos electorales así lo demuestra.
Además, la mayoría de los potenciales postulantes se han vuelto huidizos a comentar la coyuntura política, económica y social. Prefieren hacerse el “muertito” o brindar declaraciones solo a los programas de farándula o mensajes y videos por redes sociales. Tal vez algunos optarán por que sean voceros designados los que ofrezcan declaraciones y evitar así cualquier pregunta incómoda. Después de todo, siempre pueden decir que el vocero no refleja el pensamiento del candidato.
Dado que es altamente probable que la pandemia aún no sea derrotada para las elecciones, la agenda de la campaña estará dominada por temas como la salud, la educación, la calidad de los servicios públicos –desde telecomunicaciones hasta transporte público– y las tarifas, los créditos bancarios y las tasas de interés, el sistema de pensiones, entre otros. Y por supuesto detrás de esta agenda estará presente la discusión del rol del Estado y las propuestas de reformas constitucionales, como la que permita que mediante leyes del Congreso se pueda intervenir los contratos entre privados.
“Aún hay pocas definiciones de las ofertas electorales”.
En ese sentido, el sector privado, principalmente las grandes empresas, serán el blanco de los grupos radicales y candidatos. Un ejemplo ha sido la última decisión del Congreso de aprobar la intervención de oficio de Indecopi en los procesos de fusiones y adquisiciones empresariales. Será en parte la consecuencia del mercantilismo que prevaleció en algunos sectores económicos, de la poca competencia que hubo en determinadas actividades y de la poca transparencia informativa, que en suma atentaron contra la intención de que haya una verdadera economía de mercado. No todos los problemas están referidos a la ineficiencia, a las malas políticas públicas y a las trabas del Estado.
En esas aguas turbulentas se desarrollan las elecciones, con un Gobierno débil, una lenta recuperación de la economía con señales de incertidumbre, un presidente que no ofrece respuestas convincentes a las denuncias de corrupción y que tiene apoyo por el hecho de ser la solución menos mala frente a la posibilidad de que el Congreso asuma las riendas hasta el 28 de julio del 2021. Cuatro años después de haberse iniciado el combate anticorrupción no hay un solo juicio, pero sí varias denuncias que incluyen a quien dijo liderarla.
Mantener el respeto a la Constitución, incluyendo, por cierto, la entrega del poder el próximo 28 de julio del 2021, no deberá estar en duda en ningún momento.
COMENTARIOS
DEJE SU COMENTARIO
La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad.