Cada semana que transcurre aumenta la preocupación por las iniciativas legislativas del Congreso y sus consiguientes decisiones. Últimamente la atención se centró en los controvertidos proyectos que liberalizan nuevamente fondos de las AFP y la “devolución” de los aportes a los afiliados de la ONP, pero hay otros temas en debate que tendrán incidencia fundamental en el primer semestre del próximo año bajo el Gobierno actual y a partir de julio con el nuevo Poder Ejecutivo que surja de las elecciones. Uno de ellos es la aprobación del Presupuesto General de la República correspondiente al 2021.
El texto final tiene hasta fines de noviembre para ser aprobado y esta semana se iniciará la elaboración del predictamen. Dada la conformación actual del Parlamento, es previsible que haya modificaciones al proyecto presentado por el Ministerio de Economía (MEF), y es justamente por esa razón que hay que tener puestos los ojos en la discusión. Ya por lo pronto, como hoy se revela en esta edición, hay la pretensión de dos cambios importantes. Por un lado, reasignar el monto propuesto para destinar mayores recursos a las regiones y, de otro lado, tener mayor control sobre los créditos suplementarios, retirando facultades al MEF para que proceda a través de un decreto supremo y restablecer de esta forma que retorne la potestad al hemiciclo de la Plaza Bolívar.
El próximo año habrá que realizar mayor esfuerzo fiscal para que se inicie la consolidación fiscal tras el déficit incurrido por la pandemia, por lo que el presupuesto tendrá una relevancia, tanto para la actual administración que ocupa el jirón Junín, como para sus sucesores, sea quien fuere el nuevo Gobierno.
A más de uno de los movimientos políticos que tienen actualmente representación congresal les interesa generar mecanismos que permitan su uso durante la campaña electoral y también para el próximo Gobierno. Es por eso que, por ejemplo, se pretende dejar de lado el candado para que los gobiernos regionales puedan utilizar libremente los recursos que son de la partida de gasto de personal.
“La decisión de elevar las transferencias tuvo razones políticas a fin de captar el apoyo del interior del país”.
El apetito de las autoridades regionales está muy vinculado con la política actual del presidente Vizcarra de otorgar, mediante transferencias, mayores recursos. Fue uno de los instrumentos que impulsó el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, hoy acusado de corrupción por la Fiscalía. La decisión de elevar las transferencias tuvo razones políticas a fin de captar el apoyo del interior del país. Incluso más de una vez se han presentado sospechas por el direccionamiento hacia determinadas provincias y municipios de algunas agrupaciones políticas afines al Gobierno. La preocupación es mayor pues la ejecución, como es conocido, es muy lenta, aun antes del covid-19 e incluso para programas que tienen que ver con la emergencia sanitaria.
Es más, la ejecución de los proyectos de inversión bajo el acuerdo de Gobierno a Gobierno para la reconstrucción del norte va a estar por debajo de lo que inicialmente el Ejecutivo anunció como meta cuando se firmó el convenio con Reino Unido.
La batalla presupuestal de este mes será clave para saber hasta qué punto la administración Vizcarra podrá enfrentar a un Congreso cada vez más díscolo, sobre todo después de que hoy se debata y vote la moción de vacancia.
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