La polarización creciente que vive el país volvió a causar estragos la semana pasada. Esta vez fue la derogación de la Ley de Promoción Agraria. Las condiciones laborales y el incumplimiento de un sector de empresas del sector agroexportador con los derechos de los trabajadores ocasionaron que el Congreso dejara sin efecto la legislación vigente, teniendo como marco la actitud pasiva de un Gobierno que es precario, como reconoció la semana pasada el propio presidente Sagasti.
Lo primero que hay que decir es que hubo abusos e incumplimientos, aunque no de todos los agroexportadores. Las compañías formales revelaron recién la semana pasada que se trataba de un mal uso de los services y de la proliferación de la informalidad. Hubiera sido mejor que tales denuncias se hicieran años atrás o cuando se discutía la última extensión de los beneficios que aprobó el Gobierno de Vizcarra. Pero no fue así. Una lección que no deben olvidar, pues la crítica pone en el mismo saco a los empresarios formales y a los mercantilistas de siempre. Estos últimos no desperdician la oportunidad, como lo hacen en diversas actividades, de sacarle la vuelta a la ley
Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que la legislación derogada dio resultados como lo remarcan informes del Ministerio de Economía y el Banco Central. El crecimiento de la agroexportación y empleo son una muestra de ello. Sin embargo, se dejó de lado que los beneficios eran temporales, y después de 20 años las empresas líderes y varias otras ya no necesitaban de más prórrogas de dichos incentivos.
En tercer lugar, el incumplimiento de una parte de los agroexportadores sirvió para denostar todo el proceso vivido, hacer demagogia con la derogación y sin el suficiente análisis proceder a la supresión de la ley, cometiendo errores, por ejemplo, al afectar a la acuicultura y el sector forestal, que con los incentivos que había podían convertirse en factores de despegue.
Durante la semana pasada, hubo oídos sordos de las partes en conflicto, generalización de hechos puntuales a toda la actividad, poca autocrítica de una parte del sector empresarial, falta de capacidad del aparato estatal y pérdida de la autoridad por parte del Gobierno, lo cual devino en un diálogo infructuoso.
Una de las consecuencias será que las propuestas de flexibilidad laboral, como extender la Ley de Promoción Agraria a otras actividades, se desvanecen, y el planteamiento de la remuneración integral anual disminuye su posibilidad de aplicarse. En suma, se detendrán los planes para introducir cambios que busquen elevar la competitividad del país, en términos de la política laboral. Es casi seguro que la mayor parte de los candidatos en las próximas elecciones evitarán hablar el tema de la reforma laboral y será reemplazado por un conjunto de lugares comunes.
Desde el lado empresarial, mientras se hable de capitalismo consciente, pero no se pase de los dichos a los hechos, será el discurso de una minoría y el mercantilismo seguirá prevaleciendo. Ya no se puede pensar en relaciones laborales sin que se compartan los beneficios del crecimiento.
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