La economía tuvo una caída de 11.1% el año pasado, la mayor contracción desde 1989, debido a la pandemia del COVID-19. El resultado era previsible, pues si bien hubo respuestas efectivas como el programa de Reactiva Perú, también se dieron errores en las políticas sanitaria y económica que afectaron las actividades.
Una variable que resultara clave para el próximo quinquenio será el comportamiento de la inversión privada. Si bien disminuyó 17.2% en el 2020, registró una recuperación en el cuarto trimestre con un crecimiento de 9.4%, revirtiendo el descenso de los tres primeros trimestres, principalmente por los resultados de las inversiones que no están vinculadas a la minería. En el caso de este último sector, la reducción anual fue de 28.2%.
La evolución de la inversión marcará la tendencia del PBI potencial que actualmente bordea el 3%. Por eso el Gobierno que asuma las riendas a partir del 28 de julio debe tener claro que no se pueden desalentar los proyectos de inversión, principalmente las iniciativas privadas, sino todo lo contrario. La última encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central muestra que se ha moderado el optimismo sobre la economía para los próximos 12 meses, que a su vez se refleja en las intenciones de inversión. Una tendencia positiva recién tiene impacto en los siguientes seis meses, por lo que es crucial que esa curva no se vaya a la zona de pesimismo.
En tanto, la inversión pública, si bien pues ser este año la “bala de oro” para la recuperación de la economía a decir del titular del MEF, su peso y repercusión es menor respecto a la inversión privada.
En los próximos meses se espera posiblemente una exacerbación del populismo en el Congreso en la medida que se acerque el día de las elecciones, así como algunas propuestas de los candidatos como aquella que se escuchó en el último CADE electoral, donde uno de ellos habló de amnistía tributaria. Quizás desconozca la debilidad que tienen las arcas fiscales y que obligará a una reforma tributaria para revertir los menores ingresos.
En ese escenario, la inversión privada se mantendrá débil y su recuperación dependerá de que no se detengan los proyectos en marcha. A nivel sectorial la minería tendrá que vencer los obstáculos de trámites y la politización que enfrentan sus decisiones, mientras que la agroindustria tiene ahora que lidiar con el reto de la nueva ley de promoción, tras la derogatoria de la anterior por el Congreso, con anuencia del gobierno de Sagasti. La actividad de la construcción puede tener, en cambio, más oportunidad, tanto por la reactivación de los proyectos inmobiliarios así como el mayor consenso por impulsar la infraestructura, tal como se muestra en los planes de gobierno de la mayoría de candidatos.
Un camino clave para la recuperación de la inversión deberá ser una nueva articulación del sector público con el privado, por ejemplo, a través de potenciar las mesas ejecutivas. Si bien se han incorporado nuevas actividades al esquema, se requiere mayor velocidad en la toma de decisiones y no la parsimonia que se tenía antes de la pandemia. Asimismo, las políticas públicas deberán ser cuidadosas en sus programas de apoyo dada la dimensión del problema. Sin resolver el estrés financiero, muchas empresas por ahora no contemplarán inversiones, aunque no todas podrán sobrevivir por los retos que impone la nueva normalidad.
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