El presidente Pedro Castillo, en la clausura de la CADE, además de ofrecer garantías a la inversión privada –que quedaron solo como palabras–, sostuvo que el desarrollo económico debe ser impulsado principalmente por la inversión pública. Este comentario es un muestra más, pues no es la primera vez que lo dice, de que el mandatario no cree en la inversión privada como motor de la economía. Así como tampoco hay interés en el Gobierno de combatir la informalidad laboral, ni la minería ilegal o de preocuparse por el retorno a las clases presenciales. Temas que brillan por su ausencia en la agenda presidencial, más allá de menciones pasajeras en sus discursos.
Lo sucedido el viernes y sábado pasado con la decisión de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, de cerrar cuatro minas en Ayacucho, confirma la percepción que desde años atrás se tenía de la actuación de la premier: no está a favor de las actividades extractivas por más de que lo niegue: los hechos la desmienten. A esto se suma el silencio del ministro de Economía, Pedro Francke, que no ofrece el liderazgo que desde el MEF debiera tener para promover la inversión privada. No se trata de dejar de lado la normatividad ambiental y la fiscalización correspondiente. Esa tarea no debe soslayarse. De lo que se trata es de ofrecer seguridad jurídica y el debido proceso. Y eso no está ocurriendo por más comunicados que se emitan. Hasta el momento no hay una explicación convincente. Y todo ello sucede cuando hay signos evidentes de recuperación de la economía que retoma los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, el Gobierno prefiere cada semana alentar la incertidumbre en la economía.
Otra lección que dejan los hechos del fin de semana es que con el gobierno de Castillo la actitud de los gremios empresariales, con algunas excepciones, ha sido poco vigilante, pese al manejo que desde el discurso del 28 de julio mostró la nueva administración. En otros casos hasta hubo cierta complacencia. Por supuesto que no se pretende que estén en una actitud de beligerancia política como si fueran congresistas o activistas de un partido, pero el entusiasmo que se brindó a la premier Vásquez como hicieron algunos dirigentes empresariales es un camino, que a la luz de los hechos, fue equivocado. Mejor hubiera sido tener un comportamiento vigilante.
No es la primera vez en estos casi cuatro meses que el Gobierno ha tenido posiciones contradictorias: hacer llamados a favor de inversión privada –como ocurrió, por ejemplo, en su viaje a Estados Unidos, mientras en Lima había ministros que hacían lo contrario–. En la práctica el mandatario no solo se demora en reaccionar , sino que actúa en más de una ocasión en contradicción a lo que ofrece. Al final, se van borrando las líneas que, se decía, separaban a Vásquez de Guido Bellido. Los diferencian las formas, pero no la esencia.
El deterioro que han sufrido las expectativas de inversión y la creciente desconfianza no serán fáciles de revertir, más aún con la reacción que hasta el momento tiene el Ejecutivo. Si bien los pronunciamientos empresariales apuntan a una rectificación de la decisión adoptada, la posibilidad de que ocurra es cuesta arriba, dado que es un compromiso adoptado que despertará demandas similares en otras zonas del país. Por lo pronto, nuevamente hay bloqueos en la zona de Las Bambas . Y todo esto ocurre cuando hay una recuperación del empleo en la actividad minera y de exploraciones en marcha en el propio Ayacucho. Al final se está matando a la gallina de los huevos de oro, más aún cuando se pretende aumentar los impuestos a la actividad que ahora se cuestiona. Es de esperar que las bancadas en el Congreso tengan en cuenta estos hechos al decidir si otorgan las facultades solicitadas por el Ejecutivo. No es el momento, no hay credibilidad.
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