El viernes 28 de enero el gobierno del presidente Pedro Castillo cumplió seis meses en el poder y el balance deja mucho que desear. Salvo el avance en la vacunación y los vientos de cola del exterior que favorecieron el rebote de la economía y la recaudación tributaria, hay poco que resaltar. Todo lo contrario sucede con otros resultados, no solo a nivel económico, sino también en lo político, el manejo de los conflictos sociales, la designación de ministros y funcionarios, el combate a la corrupción y podríamos seguir enumerando todos los problemas que ha generado, en más de una ocasión, los yerros del mandatario y, por supuesto, su equipo designado directamente por él.
Sin embargo, la semana pasada se abrió una oportunidad al recibir el Perú la invitación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a fin de iniciar el proceso de adhesión.
En noviembre del 2012 el Perú expresó formalmente, por primera vez, su interés de incorporarse a la OCDE. En el 2014 se inició el Programa País que concluyó en diciembre del 2016, convirtiéndose en el primer país en implementar este esquema que comprende 18 proyectos de diagnóstico de fortalecimiento de las políticas económicas. Es así que en el documento que se culminó, se realizó un estudio multidimensional que incluía, por ejemplo, la gobernanza pública, políticas regulatorias y evaluación del desempeño ambiental, entre otro tópicos.
Pero los vaivenes políticos que se agudizaron en el gobierno de Kuczynski, luego con los tres gobiernos que siguieron paralizó el ingreso a la OCDE, aunque desde el 2018, como lo señala el propio organismo, se inició la implementación de un plan de acción para apoyar una agenda de reformas. Justamente este último objetivo debe ser un aliciente para retornar iniciativas como reformas de segunda y tercera generación que quedaron detenidas. La pandemia originada por el covid-19 evidenció el error de no haber continuado en su momento la transformación del país, corrigiendo lo que correspondía.
Al igual que cuando se comenzaron a negociar los tratados de libre comercio se aprovechó la oportunidad de mejorar políticas públicas, el proceso de ingreso a la OCDE permitiría recuperar el retraso y por lo menos discutir para salir del marasmo en que se encuentra el país. El reto no es poca cosa, pues la organización de 38 países tendrá que aprobar la hoja de ruta. A Colombia le tomó dos años. Y el ingreso puede tomar cuatro años, pero ya es un paso adelante que el actual gobierno haya aceptado la invitación para su incorporación.
Y precisamente esta tarea exige un nivel de funcionarios competentes y con experiencia. Actualmente hay una descapitalizacion de capacidades en varias entidades estatales. Y a eso no escapa el Ministerio de Economía. Por eso preocupa que haya cambios en la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad, justo cuando llega esta invitación de la OCDE. La inquietud por cierto no solo está vinculada con el despacho del jirón Junín, implica también reconstituir un equipo al interior de los ministerios e instituciones gubernamentales para asumir ese objetivo. Dicho sea de paso, la importancia de la Dirección de Asuntos de Economía Internacional del MEF es mucho mayor de lo que se piensa, tal como hoy explicamos en gestion.pe.
Será también clave la participación del sector privado, ya sea a través de los gremios empresariales y de los think tank para que no se pierda la oportunidad de ingresar a la OCDE.
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