El Gobierno de Pedro Castillo se deteriora semana a semana, pero esta vez llegó a su límite y su situación ha logrado lo que hace un mes parecía imposible: un creciente consenso para que renuncie. Mientras tanto, la economía mantiene su resiliencia, pero las expectativas de que este año pueda significar un mayor bienestar para los ciudadanos pueden encontrar más dificultades que semanas atrás.
Pero sin dejar de mirar el corto plazo, es necesario también tener el foco en algunas políticas públicas donde hay consenso. Y una de ellas es el impulso a los proyectos de infraestructura, sobre todo en el caso de la inversión pública. Por ejemplo, en las dos últimas semanas Gestión advirtió que una de cada tres comisarías opera en malas condiciones y que se elevó el número de establecimientos de salud en condiciones inadecuadas. El impacto del mal estado de las comisarías y locales de salud es fuerte sobre el bienestar de la población.
Igual sucede con la ejecución de los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que se lanzó en julio del 2019. Se estima que al cuarto trimestre del 2021 el avance acumulado de las obras llegue a 37%. El progreso es lento y se requiere acelerar, pues la pandemia del covid-19 evidencia que se debe mejorar a marcha forzada.
Un aspecto clave que debe considerarse para superar los atrasos es realizar un seguimiento puntual y detallado del avance físico de las obras públicas. Por ejemplo, el año pasado se registró una caída de 14.01% y 19.64% en octubre y noviembre, respectivamente, según el INEI. Para diciembre, Capeco proyecta que también se retrocedió y fue en 43.1%. Si bien en los primeros ocho meses del 2021, con excepción de enero, hubo un incremento importante, se perdió el paso en los últimos meses del año. Lamentablemente, muchas veces el análisis se concentra en los montos devengados, pero muy poco en el avance de las obras.
A inicios de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales, lo cual puede ser una oportunidad de poner en agenda un mejor seguimiento de la ejecución de las obras públicas y también sobre la calidad de las mismas.
El efecto práctico será identificar a tiempo las trabas que se enfrentan, desde la adquisición y liberación de predios en el caso de los proyectos de mayor envergadura, hasta las barreras burocráticas en municipios y gobiernos regionales que retardan los procesos. La información existe, pero no se le ha dado la debida importancia.
Durante el 2021, diversos informes mostraron los retrasos en la ejecución del presupuesto de inversión pública de las regiones y distritos que tenían recursos del canon. Queda ahora mostrar nuevos indicadores que apunten también a poner la mirada en el avance físico de las obras y la calidad. Ya no será suficiente evaluar tan solo los desembolsos.
El país, como ha ocurrido en otros momentos de su historia, superó dificultades de similar calibre que las que hoy enfrenta. Supo recuperar el rumbo, que ahora no tiene. En esa línea, el desarrollo de la infraestructura no se puede detener.
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