Fuerabamba es probablemente la comunidad que más beneficios ha recibido de la minería en la historía del Perú. Mil cien (1100) millones de dólares desde que el 23 de enero del 2010, sus dirigentes acordaran traspasar ocho mil setencientas (8700) hectáreas de terrenos comunales a Xtrata (por entonces la minera que tenía la conseción de Las Bambas). A pesar de ello, desde el 2018, esta comunidad viene persistentemente provocando conflictos en los que exige nuevos pagos y más beneficios a la empresa y mayor atención del estado. El último de estos episodios se produjo el 14 de abril, cuando ciento treinta comuneros invadieron la unidad minera las bambas paralizando sus operaciones.

Los mil cien millones de dólares mencionados, se obtienen de sumas: los doscientos quince (215) millones de dólares por el pago de compensaciones por el reasentamiento de los casi quinientos comuneros. Es decir, unos trescientos noventa y cuatro (394) mil dólares por persona (un millón ciento ochenta mil soles); los setecientos cincuenta y cuatro (754) millones de dólares por la construcción de Nueva Fuerabamba, el complejo residencial de 441 viviendas y 21 edificios para servicios diversos, como el colegio, el centro de salud, local comunal y otros; los ciento diecinueve millones de soles en pagos a empresas comunales que son proveedoras de la minera del 2012 a la fecha; los  treinta y dos (32) millones de dólares en programas de apoyo social (becas, salud, educación y otros). Y, finalmente, dos millones setecientos mil dólares en terrenos que fueron entregados a la comunidad.

Por si esto fuera poco, en diciembre pasado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les entregó diecisiete millones de soles por el derecho de vía de las tierras por dónde transcurre el corredor minero. Previamente, los comuneros construyeron al pie de la vía casas improvisadas, que no habitaban, para que el MTC les diera un mayor precio por el llamado concepto de mejoras.

Con esta inversión millonaria, se podría decir, que dinero y beneficios no les ha faltado a los fuerabambinos del 2010 a la fecha. Las comodidades que disfrutan en la Nueva Fuerabamba, las importantes propiedades inmobiliarias y vehiculares que ostentan y, claro está, las actividades empresariales y laborales que mantiene con MMG Las Bambas, así lo atestiguan.

Las condiciones de vida de estos comuneros ha cambiado para mejor desde que la minera les pidiera que les transfieran sus tierras, aún así muestran una actitud de permanente beligerancia e incluso abierta hostilidad con la empresa minera y con el Estado.

Bloqueos y conflictos

Esta actitud se acentuó en el 2018, cuando Gregorio Rojas Paniura, por entonces de 33 años, asumió la presidencia de la comunidad. Fue en ese momento que Fuerabamba comienza a exigirle al Estado y a la minera, asesorada por los hermando Chávez, el pago de una compensación económica por el uso de doce kilómetros de un fundo de propiedad de la comunidad en Chumbivilcas como parte del corredor minero.

Como suele ocurrir, estas exigencias vienen acompañadas de medidas de fuerza. Los primeros bloqueos se produjeron en agosto del 2018, y se reiniciaron el cuatro de febrero del 2019 en el llamado Fundo Yavi Yavi. El Ejecutivo no manejó adecuadamente las negociaciones y el bloqueo duró más de cien días.

El 11 de abril del 2019, el entonces premier, Salvador del Solar visitó Challhuahuacho y reabrió la Mesa de Diálogo d Cotabambas. Desde ese momento, la PCM y el Minem han mantenido una activa presencia en la zona promoviendo el diálogo entre Fuerabamba y MMG Las Bambas.

Existen los canales y los espacios de diálogo instituidos para resolver las diferencias entre ambas partes, por lo que no se entiende las razones por las que esta comunidad ha tomado esta medida de fuerza invadiendo la operación.

Como se ha descrito líneas arriba Fuerabamba es ampliamente beneficiada. Ha recibido 1100 millones de dólares, el 10% de la inversión total de este proyecto, la cuál ronda los 10 mil millones.

¿Entonces por que recurre al conflicto para exigir más ingresos, cuando, además, existen espacios de diálogo?

Por que se ha instalado un espíritu rentista. Esta es una conducta económica indeseable, pero perfectamente racional. Se la denomina, búsqueda de renta o rent seeking.

El rentismo

Como indica Anne Krueger, pueden ser ocasionados como fallas del gobierno cuando busca promover el desarrollo: “siempre que una política gubernamental tenga beneficiarios y/o víctimas específicas, aquellos grupos tendrán la tendencia a organizarse en apoyo u oposición a las políticas y posteriormente efectuar cabildeo para incrementar el valor de la ganancia o reducir el valor de la pérdida de esas políticas. Esto se presenta sin que importe si los instrumentos de política fueron adoptados por instigación de los beneficiarios o si fueron inicialmente el resultado de decisiones de interés público”^[1].

En las último décadas, el gobierno en su afán de promocionar y darle viabilidad ambiental y social a las actividades mineroenergéticas, implementó una serie de normas que ha otorgado ciertas protecciones o incentivos para comunidades, distritos, provincias y regiones que se encuentran en las áreas de influencia de estos proyectos. Es decir, ha otorgado un privilegio a estas localidades. Por su parte, las empresas mineras han realizado un esfuerzo proporcional con el mismo propósito, efectuando aportes directos mediante la creación de Fondos de Desarrollo o firma de Convenios Marco con sus áreas de influencia directa, o entregando recursos de manera directa como en el caso de Fuerabamba.

El canon minero, por ejemplo, que no es otra cosa que una forma de redistribución de renta para generar desarrollo en las zonas mieras, es quizá el principal beneficio que estas medidas dispensan. Como advierte el politólogo Carlos Gervasoni, “las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño o nulo esfuerzo productivo. Las teorías del rentier state y la “maldición de los  recursos” postulan un efecto negativo de la riqueza natural sobre la democracia y el desarrollo económico, respectivamente^[2]”.

Queremos dejar planteando aquí que a pesar de que se espera que los recursos del canon se destinen al cierre de brechas y al desarrollo productivo de las regiones, provincias y distritos a los que se destina, podría no estar cumpliendo ninguno de estos objetivos. El primero debido a la mala calidad del gasto y, el segundo, según Gervasoni citando la teoría de los estados rentistas, a que no se tiene ningún incentivo para hacerlo.

De acuerdo, a esta misma teoría se podría decir que en el Perú se han formado regiones, provincias y distritos e incluso comunidades (como la de Fuerabamba) con economías rentistas producto de la distribución del canon y otros recursos entregados a los municipios provinciales y distritales por el gobierno central o por las empresas mineras. Como observa Gervasoni para la Argentina esta redistribución de los recursos provenientes de los impuestos genera una relación rentista, pero también un mecanismo de búsqueda de renta (rent seeking) en las autoridades políticas.

La distribución del canon, así como otro tipo de aportes (a través de los convenios marco u otros mecanismos) podría estar generando un rent-seeking político en comunidades (hoy se exige el canon comunal), provincias, distritos y regiones en el Perú, como lo hace en Argentina. Esta situación explicaría por qué las autoridades comunales, locales y regionales prefieren confrontar al estado central e incluso propiciar (y hasta financiar) conflictos para exigir mayores transferencias del canon u otros recursos o la realización de obras, antes que la promoción de actividades productivas, puesto que los recursos con los que se financia no provienen de estas actividades, sino de la relación con el gobierno o directamente con las empresas mineras de su entorno.

El problema radica en que para seguir gozando de esos beneficios o para incrementarlos, se recurre a un esquema de confrontación que deriva en estallidos sociales periódicos, configurándose un espiral de conflictividad permanente.

Si a esta situación se le suma la negligente actitud del gobierno de Castillo para restablecer el orden público como ha ocurrido en Chumbivilcas, el Lote 95 y viene sucediendo en Cuajone, permitiendo incluso el incendio y ataques a unidades mineras en Ayacucho, Arequipa y a la propia Las Bambas, esta conducta de búsqueda de renta mediante el empleo de la violencia se generaliza al punto de estar volviendo inviable la minera de gran escala en el Perú.