“Eso es tu trabajo, señor presidente, lo que has declarado estado de emergencia; por tu culpa Las Bambas no va y nunca más irá. Al igual que otros proyectos, se queda Las Bambas acá”, amenazó, Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba en declaraciones a Canal N.

Horas después varios grupos de comuneros atacaron las instalaciones de las Bambas provistos de piedras, bombas molotov, explosivos y armados con diferentes objetos con los que se enfrentaron a la policía y a personal de seguridad. El resultado de estas incursiones: 22 heridos entre policías y agentes de seguridad, el incendio de instalaciones, equipo y maquinaria, alguna de las cuáles fue hecha explotar.

La violencia desatada fue de tal magnitud, que en medio de la refriega se agredió a mujeres que servían como personal de seguridad de la minera e incluso se intentó violar a una de ellas, como ha denunciado en un Twitter (el hecho, al parecer no revistió la gravedad suficiente como para emitir un pronunciaimiento) la Defensoría del Pueblo.

Tras estos actos, nadie en el Gobierno ha condenado la violencia indiscriminada desatada por los dirigentes de Fuerabamba. La PCM, el Minem, el Mininter e incluso el Ministerio de la Mujer han mantenido silencio. El uso de la violencia se ha normalizado y el estado lo acepta, más que con resignación, con la certeza de que es algo natural.

Vargas había anunciado que atacaría a las Bambas “Moriremos luchando, enfrentando y defendiendo nuestros derechos. Y eso creo que estamos dispuestos. Lamentablemente el Gobierno nos ha dado la espalda”.

Como revela esta declaración, los dirigentes comunales y sociales en el Perú están convencidos que pueden emplear la violencia para exigir que se cumplan sus demandas o para efectuar reclamos contra las empresas o el estado. El uso de la violencia, bajo esta lógica, es un derecho que les asiste “porque sus reclamos son justos”. De esta forma, la protesta aparece como un acto legitimador que da carta blanca para agredir, incendiar y enfrentarse a la policía.

En esto tiene mucho que ver la difusión de ideas marxistas o socialistas en las que la violencia es presentada como una fuerza transformadora (incluso purificadora). “La violencia es la partera de la historia”, decía Marx y de allí se derivaron otros lemas “revolucionarios” como “el poder nace del fusil” (Mao), “sin luchas no hay victorias” y otros.

Muchos de los ministros y autoridades del gobierno de Castillo reivindican estos mismos ideales, por eso olvidando los cargos que ostentan u ostentaban no han podido condenar acciones de violencia extrema y por el contrario las han justificado.

“En los conflictos y todas estas situaciones pueden haber factores que distorsionan la protesta, pero que por eso no podemos descalificar la misma. Una protesta siempre trae detrás varias preocupaciones que merecen ser atendidas y escuchadas“, declaró Mirta Vázquez cuando estaba a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de que se atacaran e incendiaran las unidades mineras Apumayo y Breapampa en Ayacucho Sur, en octubre último.

En medio de los conflictos sociales que asolaban al sector y que el ejecutivo debía contener, Vladimir Cerrón, líder del partido de gobierno, twiteaba azuzando las protestas: “La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales, la protesta se justifica”.

Son estas declaraciones en las que se justifica el empleo de la violencia, en vez de ser condenada lo que, a alentado en gran medida que en los últimos meses se hayan atacado desproporcionadamente una serie de operaciones mineras.

Desde octubre pasado, una ola de violencia, como la prometida por Cerrón, se ha desatado contra la actividad minera. Empezó con las acciones que tomó la comunidad de Aquia contra Antamina, las amenazas de quemar de la estación cinco (oleoducto) y prosiguió en Ayacucho Sur, con los incendios de las operaciones de Apumayo y Breapampa.

En noviembre del año pasado, se registró un nuevo ataque: aproximadamente 150 pobladores de la comunidad campesina de Salinas Moche, distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, Moquegua, tomaron el campamento de la empresa minera Inkabor, ubicado en el distrito de San Juan de Tarucani, en la parte alta de la provincia de Arequipa y tuvieron retenidos a 35 trabajadores de la empresa, hasta que funcionarios del Minen alcanzaron un acuerdo que permitió que se los libere.

Un mes después, comuneros de Quiñota en Chumbivilcas quemaron el campamento Usamarca de la empresa minera Anabi S.A.C., y luego un grupo de supuestos mineros informales de la comunidad de Pumamarca atacaron instalacionesde Las Bambas incendiando casetas, camionetas y maquinaria de la minera (el resultado ocho policías policontusos; 13 camionetas, dos excavadores, un minicargador y una garita de control dañados).

En febrero, la Comunidad de Coscore, Tala, Pocata y Tumilaca bloqueó las vías férreas y cortó el agua para el campamento y la unidad minera de Cuajone, exigiendo el pago de 5000 millones de dólares. Tras 70 días y luego de que se declara el Estado de Emergencia, los comuneros cedieron y abandonaron sus medidas de fuerza.

En el caso de Fuerabamba, a pesar del Estado de Emergencia declarado por el gobierno, aduciendo supuestos incumplimientos, los comuneros han desatado un nivel de violencia inaceptable y lo anuncian y reconocen abiertamente. Literalmente han “declarado la guerra” al Gobierno y de cierto modo a todo el país.

“Esto no se va a quedar así. La comunidad ha tomado una decisión en que la guerra continúa. Acá no se va a quedar Las Bambas. Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más”,

En cualquier parte del mundo civilizado el señor Edison Vargas estaría preso y encausado luego de cumplir con su promesa de iniciar acciones de extrema violencia (con intentos de violación, incluidos). En el Perú no. Aquí goza de impunidad, de un privilegio especial: es un dirigente de una comunidad y por ende sus acciones están “justificadas”, se le debe comprender, entender y hasta felicitar (está luchando por los suyos). Es por ello, que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Minem lo siguen reconociendo como un interlocutor válido y lo convocan a reuniones como la sostenida el 10 de mayo último.

Vargas, al igual que los dirigentes que bloquearon Cuajone e incendiaron Apumayo dicen defender y reivindicar al pueblo, pero en realidad defiende sus intereses rentistas (más beneficios y dinero para ellos) y desdeñan el bien común.

Para estos dirigentes, acicateados por su afán rentista, lo único que debe prevalecer es su interés (económico), el de los demás es secundario o incluso accesorio. Si los trabajadores o proveedores se afectan, no es su problema. Sino me dan lo que quiero, entonces, que no haya nada. Es la absoluta supresión del bien común como principio de convivencia social. Solo importan sus intereses, los de los demás, se pueden postergar, descartar o pisotear,

A nadie parece importarles esta situación y el enfoque tanto del Estado (Defensoría, PCM, Minem), incluso la prensa, está orientado a salvaguardar este derecho y no el de la sociedad en su conjunto (el bien común).

Al paralizar a Las Bambas, las consecuencias las sufren los trabajadores (mineros) el pueblo de los distritos, provincias, regiones de influencia directa de estas operaciones y todo el país que deja de percibir los impuestos y los ingresos de las exportaciones.

De esta forma, la violencia y no el diálogo es lo que se viene institucionalizando en el país por la complicidad de las autoridades que son incapaces de instaurar el orden. La democracia es la principal víctima de esta situación.