Por: Alfonso de la Torre, Piero Ghezzi y Alonso Segura.

Ya se inició lo que será una contracción severa de la economía. Cuánto dure es incierto. Las autoridades económicas ya deben alistar todos los mecanismos de respuesta. Rápido.

Con la pandemia del Covid-19 enfrentamos el escenario económico más adverso de los últimos 30 años. Por un lado, un choque externo probablemente sin precedentes en el último siglo; por el otro, la paralización de gran parte de la actividad económica y productiva.

La contracción resultante puede ser brutal. La crisis financiera en 2008 llevó el crecimiento del PBI de 10% a 1%. Ahora estamos partiendo de 2%.

El escenario más optimista es que la epidemia sea suprimida en las próximas semanas mediante las medidas adoptadas. Ello implicaría una contracción inicial muy aguda y una recuperación igualmente rápida (el escenario en “V”). Esto requerirá que, para cuando termine la cuarentena (tras una probable prórroga), el Estado sea capaz de emprender despistaje y seguimiento a gran escala, algo que hoy no es capaz de hacer.

Lamentablemente, el escenario más probable es uno en el que la recuperación se dilate varios meses. Ello como consecuencia de nuestras limitaciones en implementar una solución en el campo de la salud pública, lo que puede implicar nuevas cuarentenas. Múltiples empresas, tanto grandes como pequeñas, no serían capaces de sostenerse si su flujo de caja se interrumpe por mucho tiempo. Esto, sumado a la persistencia del choque externo podría dilatar la recuperación varios meses más (el escenario en “U”).

Frente a este panorama, el gobierno debe tener como objetivo primordial preservar la cadena de pagos y evitar que la severa contracción del gasto en la economía se traduzca en quiebras masivas que arrastren a proveedores y otros acreedores. Así como a nivel sanitario se ha aplicado una ‘opción nuclear’ como la cuarentena, necesitamos hacer uso de instrumentos laborales, monetarios y fiscales sin precedentes para proteger al aparato productivo y a los trabajadores de daños duraderos y a la larga mucho más costosos.

Por el lado laboral se requieren decisiones difíciles. En ciertos casos, podrían considerarse mecanismos como suspensiones de contratos, ajustes salariales o despidos por causal económica o de fuerza mayor. No debe olvidarse que hay empresas grandes en industrias especialmente vulnerables que pueden quebrar, en cuyo caso el efecto multiplicador de despidos e incumplimientos sería altísimo.

Esto último requerirá reforzar mecanismos de protección en caso de despido. Liberar, como propone el Congreso, los fondos en cuentas individuales de pensiones no es responsable, pero se puede evaluar una liberación paulatina de flujos en casos de pérdida de empleo y agotamiento de CTS para un segmento de trabajadores formales.

A nivel monetario y financiero, le toca al BCR proveer abundante liquidez. Ya anunció medidas a través de operaciones de recompra (repos). Tendrá que ir graduando la escala y, si la situación se deteriora, evaluar aceptar instrumentos o cartera de créditos de menor calificación crediticia.

La SBS, por su lado, ya autorizó la reprogramación de créditos y el relajamiento de normas de provisiones. También se debe autorizar el uso del capital contracíclico y vigilar la evolución de las carteras de sistemas como el de cooperativas. Si la crisis se extiende y se deteriora el portafolio de créditos generando riesgo sistémico, podrían ser necesarias compras de cartera (SBS/MEF).

En el frente fiscal también hay varias herramientas, además de mayor gasto no recurrente y en infraestructura. Entre ellas destaca el diferimiento de pago de impuestos y ajustes al sistema de detracciones para evitar quitarle liquidez a personas y empresas (incluido segmentos vulnerables de la gran empresa). Medidas de apoyo directo a personas van a ser necesarias, no sólo para aquéllas en situación de pobreza. Al bono extraordinario anunciado la semana pasada se puede añadir el uso de fondos de crédito para estudios o vivienda, así como la cobertura parcial de tarifas de servicios públicos.

Para el sector formal, el apoyo puede canalizarse mediante fondos de garantías públicos que permitan que el flujo crediticio no se interrumpa. Ya hay una iniciativa para PYME, pero no es suficiente. Se debe analizar la incorporación a estos mecanismos de garantías otros instrumentos como las facturas negociables.

El factoring es una manera eficiente de inyectar liquidez al sector productivo. En una sola operación se ofrece financiamiento tanto a la empresa adquirente (mediana/grande) como a la proveedora (MYPYME). Se pueden considerar líneas de crédito directo a empresas de factoring (su financiamiento se está secando) más garantías parciales para facturas nuevas o vencidas a partir de la cuarentena.

De existir un deterioro significativo en la solvencia de grandes empresas con potencial de riesgo sistémico o cuya continuidad sea imprescindible, las inyecciones de capital público no pueden descartarse. Hay quienes criticarán esto como “socialización de pérdidas”, pero peores serían las consecuencias de no hacerlo. En ese caso deberán incluirse condiciones claras para la participación del Estado.

El gobierno tiene hoy margen de respuesta gracias al manejo prudente de las últimas tres décadas. Sin embargo, como consecuencia de la caída de ingresos y el incremento en el gasto público tendremos el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años. La estrategia de financiamiento será crecientemente relevante. Asimismo, se debe evitar generar gastos permanentes y aumentos salariales en el sector público mientras la economía no se estabilice.

Son tiempos extraordinarios. Es el momento de usar nuestras fortalezas para que la economía tenga todo el apoyo necesario, pero responsablemente.