Foto: Andina.pe.
Por Epifanio Baca.-
En las elecciones del 11 de abril, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó en 16 de las 20 provincias y en 38 de los 50 distritos que reciben más canon minero; eso equivale a decir que el partido del lápiz ganó en el 76% de los distritos mineros del país.
Este resultado causó revuelo y múltiples preguntas orientadas a entender por qué las poblaciones de distritos que reciben abundantes recursos por canon y regalías votaron por un candidato supuestamente anti minero.
Grupo Propuesta Ciudadana explica que hay, por lo menos, tres factores que explican estos resultados. Veamos a continuación:
a) La gente que habita los distritos y provincias mineras no percibe los beneficios del canon minero. Esta percepción coincide en buena medida con los resultados de investigaciones académicas que muestran que el uso del canon tuvo un sesgo pro-urbano y benefició poco a las zonas rurales que son mayoritarias en estos territorios; en el mejor de los casos muestran que los beneficios no trascienden más allá de las zonas de influencia directa de la actividad minera.
b) Los impactos ambientales y sociales negativos de la actividad minera son reales y están a la base de los conflictos sociales que reporta mensualmente la Defensoría del Pueblo. Por la forma como actúa el Estado, la gente lo percibe del lado de las empresas mineras, y no como un actor neutral desempeñando un rol de garante de derechos y del cumplimento de las normas ambientales y sociales. Además, en los últimos años, la institucionalidad ambiental y social, y sus estándares fueron debilitados en el afán de facilitar la inversión privada. Asimismo, la criminalización de la protesta se convirtió en una práctica que afecta a centenas de líderes locales, causando mucho malestar y sufrimiento en las zonas de conflicto.
c) La gente percibe que las empresas mineras no pagan lo que deberían pagar al Estado a través de sus impuestos; es decir, no pagan lo justo. Las deudas tributarias judicializadas de varias empresas, las devoluciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) y las exoneraciones tributarias, contribuyen, entre otros motivos, a esa percepción. El caso de la compañía minera Las Bambas alimenta esta mirada: van a cumplirse 6 años del inicio de la explotación minera en Apurímac y el canon minero aun no llega a las arcas de la región porque la empresa no declara utilidades. El candidato Castillo propone que en lugar de pagar el 30% de impuesto a sus utilidades al Estado, paguen el 70%. Acompañado del eslogan “no más pobres en un país rico”, esta propuesta si bien es irrealizable, ha sido recibida con gran entusiasmo en la población.
En suma, el mensaje de descontento detrás del voto por Pedro Castillo es claro y es una llamada de atención para el Estado y las empresas. Al Estado se le pide mejorar la gestión de los recursos del canon y cumplir un rol regulador más activo y garante de los derechos. A las empresas, mejorar sus políticas de relacionamiento comunitario, corregir sus prácticas ambientales y transparentar de manera más proactiva sus pagos tributarios y no tributarios.
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