Próspero Perú

Gladys Triveño

Cinco acciones para reducir la corrupción

El año 2017 empezó con el escándalo de Odebrecht, otra triste confirmación de cómo se siguen haciendo –lamentablemente – negocios en el Perú. John Elster, en su libro, The cement of society señala que un escándalo como el de Odebrecht puede terminar fortaleciendo los valores en la sociedad y hasta unir a los peruanos contra la corrupción. Sin embargo, este cambio no es automático y requiere de la adopción de medidas concretas. El gobierno ha comenzado con la “muerte civil”. A continuación 5 áreas en las que podría tomar acciones concretas para reducir la corrupción.

Evitar sobre simplificar las obras por impuestos.  La Ley 29230, denominada Ley de Obras por Impuesto permite que una empresa privada, de manera individual o en consorcio, financie y ejecute proyectos de inversión pública para luego, con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría, recuperar el monto total de la inversión. Recientemente, el gobierno acaba de dictar el D. Legislativo 1238 con el objeto de simplificar los procesos que regula la ley original.

Esto es sumamente positivo. Sin embargo, hay que establecer ciertas reglas para que este instrumento no sea mal utilizado. Por ejemplo, las empresas que firmen un convenio de esta naturaleza no deberían tener un interés directo en la ejecución de determinada obra. De lo contrario, podría ocurrir que una empresa que construya un muelle bajo convenio de obras por impuesto termine siendo la única beneficiaria o usuaria principal de este. Lo mismo ocurriría si se trata de una carretera u otra infraestructura que alguna empresa necesite para su desarrollo productivo y que hubiera tenido que construir con sus propios recursos, sin que el Estado le devuelva dinero.

Endurecer los impedimentos para contratar con el Estado. La publicación del reciente Decreto Legislativo 1279, que establece que el Reniec debe registrar los vínculos de parentesco de las personas naturales, así como las vinculaciones que se derivan de las inscripciones correspondientes, podría ser un avance positivo para dar dientes al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado que ya listaba los impedimentos para ser participante, postor y/o contratista cuando se trata de parientes por consanguinidad o afinidad, pero que carecía de una forma de ejecutar las verificaciones.

Reniec tendrá la responsabilidad de registrar primos, tíos, abuelos, hijos de los primos, cónyuges – también deberían estar los convivientes- y demás en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ahora hay que lograr que dicha información sea parte de la data a la que acceden las entidades del Estado para filtrar que no se produzcan casos de altos funcionarios con parejas o familiares directos que participan de licitaciones con el Estado, como miembros de alguna persona jurídica, sacándole la vuelta a las restricciones que ya están establecidas en las leyes de la materia. SUNARP también podría y debería sumarse a esta cruzada y poner a disposición información de los accionistas de empresas postoras a ser proveedores del Estado para que el cruce de información también alcance a los accionistas o directores de personas jurídicas.

Sancionar duramente los actos de omisión de función. Hay omisión de función en el ámbito administrativo a nivel del Poder Ejecutivo, cuando se encarpetan expedientes que dan lugar a sanciones y multas, para que estos prescriban sin que se expida una resolución de sanción o cuando se exonera del pago de multas a empresas que han transgredido normas legales que han afectado recursos naturales o impactado el medio ambiente.

Estos casos deben ser visibilizados para que la ciudadanía sepa en qué gestión y qué funcionarios dejaron transcurrir la mayor cantidad de tiempo sin resolver casos, sin expedir resoluciones de sanciones o permitieron a empresas infractoras ejercer su actividad de explotación de recursos sin que se le aplique las normas que restringen su derecho a hacerlo. En este sentido, en estos casos administrativos, se debe establecer una línea de tiempo que permita identificar cuándo empiezan a correr los plazos desde que se expide “las papeletas administrativas que establecen infracciones”, hasta que se expide una resolución de sanción. Además, los Órganos de Control Interno (OCI) deberían poner especial atención a las normas que establecen excepciones al cumplimiento de sanciones y multas, sobre todo cuando estas tienen que ver con afectación de recursos naturales, depredación, ambiente, contaminación de fuentes de agua, entre otros.

Visibilizar el gasto en contrataciones de servicios. Las entidades del estado deben también poner a disposición de la ciudadanía los productos finales de las consultorías de servicios que contrata el Estado. En 2015, el Estado compró bienes, servicios o contrató obras por un valor de S/. 32 750 millones según la OSCE, de los cuales el 36.7% fueron en servicios, porcentaje mayor al de los bienes y a las obras.

¿Cuánto de esos servicios están publicados para que los peruanos sepamos en qué se invirtieron nuestros impuestos?, ¿Qué entidad se encarga de asegurar que en los 50 674 procesos que se adjudicaron ese año, no hayan habido consultorías que dupliquen esfuerzos y que las empresas que los provean entreguen un mismo producto a varias entidades?

Una manera de evitar que eso ocurra, es que como parte del check list que controla la Presidencia del Consejo de Ministros que se cumpla a nivel de transparencia en los portales web de las entidades del Estado, esta entidad se asegure que se publiquen los informes finales de todas las consultorías que ha contratado cada entidad. De esa forma, los ciudadanos podrán tutelar si así lo desean la recurrencia de un mismo proveedor, la calidad de los entregables, la originalidad de su contenido, entre otros.

Dictar la obligatoriedad de declaración de intereses. A diferencia de lo que ocurre en Chile (Ley 20880), España o Argentina, donde los funcionarios públicos están obligados a declarar intereses en sectores, vinculación empresarial que han tenido, entre otros, en el Perú esto no ocurre. Como consecuencia de ello, es posible que un ministro de Estado cumpla con dejar de intervenir en la gestión de sus empresas como manda el artículo 126 de la Constitución, pero que estas mantengan vínculos empresariales con sectores o unidades empresariales individuales que se beneficien de sus acciones directa o indirectamente y que seguirán siendo sus clientes cuando deje la función pública. Esto nublaría la responsabilidad que tiene cualquier ministro de ejercer el cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.

Hay que apuntar a dictar una norma que establezca que las autoridades y funcionarios deben declarar sus intereses, lista que sin duda debe incluir a Congresistas de la República que han defendido intereses en el pasado, que han recibido fondos de algún sector particular o que –incluso- a través de terceros o empresas, tienen bienes que suponen algún conflicto de interés con la función pública. Algo similar ha sido planteado en el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, y debe ser una de las acciones que tome el gobierno si realmente está dispuesto a luchar contra la corrupción.

Si no se logra implementar una medida como esta, los casos de las bancadas de congresistas que defienden algún interés particular, en contra de los intereses generales de la población, seguirán existiendo.

La cruda verdad de todo funcionario público es que la corrupción es como un cáncer que aparece sin que nadie pueda hacer nada para impedirlo, pero cuya única manera de combatirlo es extirpándolo de raíz. Bajo ese enfoque no puede haber tolerancia para ninguna forma de corrupción y el Estado es el primer responsable de eso.

COMENTARIOS

  • 1
  • 09.01.2017
  • 07:14:42 hs
Segundo

No soluciona el fenómeno social de la corrupción http://www.slideshare.net/permoncada/si-yo-fuera-presidente-del-per-67917845

    • 2
    • 09.01.2017
    • 10:29:03 hs
    prosperoperu

    Gracias por su comentario

  • 3
  • 09.01.2017
  • 04:57:05 hs
josé

Para todas las actividades negativas siempre sale un “ESPECIALISTA” que da las pautas para solucionar los problemas de inseguridad, corrupción, salud, transportes, etc., etc., que el ciudadano común y corriente ya no les cree porque todo queda en el tintero; nada se ejecuta, nadie es responsable, nadie es sancionado; porque la ARGOLLA de los poderes del estado al más alto nivel se confabulan y se BLINDAN (congresistas, poder Judicial, PNP y FFAA, todos los ministerios, ESSALUD,, etc.). Cuando Algún congresista sea sacado enmarrocado del congreso, cuando a un General o Coronel de las FFPPAA sea sacado de su cuartel enmarrocado, cuando algún ministro o vice, salga enmarrocado de su despacho y todos ellos por su delito cometido vayan directamente a Centro Penitenciario, recién el Pueblo Peruano creera en la Justicia y todas esas FALACIAS que todos los días aparecen en los medios de comunicación.

    • 4
    • 09.01.2017
    • 10:28:43 hs
    prosperoperu

    Es terrible que los ciudadanos sientan eso respecto a las autoridades. Pero le doy la razón en el hecho que la corrupción se ha expandido como un cáncer. La idea del post es mostrar que es obligación del Estado establecer candados para evitar esos casos de corrupción que pueden pasar desapercibidos. Solo hemos dado 5 ejemplos. Gracias por su comentario.

  • 5
  • 09.01.2017
  • 06:29:18 hs
AMERICO

Para combatir la corrupcion es facvil y simple:
1.- Que toda empresa que gane una licitacion via la carrupcion se aplique la muerte civil a la empresa y empresarios.
2.- Si la empresa ha terminado la obra esta debe devolver al estado todo lo concerniente a gastos generales y utilidad de la empresa como reparacion civil.
3.- Si la obra esta sobre valorada, la empresa deve devolver tres veces el monto de la sobrevaloracion.
4.- Que los delitos por corrupcion no prescriban.
5.- Que a los empresarios coimeros, esten impedidos de formar empresas.
7.- Incautacion inmediata de sus propiedades para pagar la reaparacion civil
6.- Incautacion de ssus propiedades a sus testaferros.
Con esto se persigue que las empresas coimeras no tengan el capital para seguir coimeando . ESTO ES SUFICIENTE PARA DETENER FRENAR LA CORRUPCION DEPRATE DE LOS EMPRESARIOS.
REFERENTE A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS .
1.- En delito flagrante vacancia in mediat o destitucion de funcionarios.
2.- Incautacion inmediata de sus propiedades a autoridades y funcionarios como parte de la reparacion civil por cometer delito de corrupcion. con un porcentaje de un 20% del monto total de la obra, compra, o servicio.
3.- Anular los funcionarios de confianza, por que a travez de ello se filtra la corrupcion.
4.- debe haber un registro nacional de funcionarios publicos. Las autoridades esten obligados de contratar a los funcionarios. En esta lista no debe estar ningun funcionario sentenciado.

    • 6
    • 09.01.2017
    • 10:26:17 hs
    prosperoperu

    Gracias por compartir sus ideas.

  • 7
  • 10.01.2017
  • 12:19:19 hs
ABELARDO

Indudablemente, Gladys Triveño es una conocedora de la grave enfermedad que atravieza nuestra economía y amenaza constantemente nuestro país; y, es de larga data; conocida como “corrupción”. Este gran mal está institucionalizada en todas las entidades y organizaciones del Estado y del sector privado.
Creo que el enfoque que hace, sobre las cinco acciones para reducir la corrupción, me parece muy importante, porque ella conoce “el mal por dentro y fuera”.
En consecuencia sus recomendaciones deben ser tomadas e implementadas por el gobierno y el Estado peruano.
Por otro lado, pienso que este gran problema está fundamentalmente relacionada directamente con la falta del fiel cumplimiento y la aplicación de las sanciones de las normas. Y la falta del empoderamiento y fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras, como la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la fiscalía. Y principalmente por la omisión, la desidia, desinterés, abandono, etc. a una de sus principales funciones de FISCALIZACIÓN del Cogreso de la República, que por excelencia,debía ser la primera institución con superpoderes fiscalizadores, en todas las actividades que realiza el Estado.

  • 8
  • 10.01.2017
  • 05:24:26 hs
Patricia Reyes

Muy interesante el artículo. Respecto al mecanismo de OxI; si bien es cierto la legislación vigente y el D.L. 1250 (aún sin reglamentar), no contemplan los supuestos formulados, se debe considerar que un proyecto para ser declarado viable debe pasar por varios filtros, uno de ellos es justificar su desarrollo y tener cuantificado a los beneficiarios. Ahora bien, el gran beneficio para las empresas que apuestan por éste mecanismo es la mejora de su relación con la población y el compromiso traducido en nuevas políticas de responsabilidad social; en mi experiencia, ese intangible es el máximo incentivo de las empresas.

  • 9
  • 12.01.2017
  • 08:53:12 hs
JOHNNY

Muy interesante el artículo, pero no soluciona el problema. Se ha escrito mucho sobre como combatir la corrupción, muchos han dado sus “recetas” y “panaceas”, pero este cáncer va en aumento y es generalizado. La corrupción nace cuando al hijo se le premia por sacar buena nota o por hacer sus obligaciones. La corrupción empieza en casa cuando los padres mienten y no son honestos; cuando no se sanciona o castiga a las autoridades cuando roba y hace obras. Nada cambiará si no formamos una nueva sociedad, nuestra gran tarea es con los hijos, parientes, alumnos y entorno.

  • 10
  • 23.01.2017
  • 11:23:42 hs
José L. Jiménez Y.

No hagan quedar mal a los profesionales; los profesionales, igual que las personas casadas, deberían ser los mejores ejemplos de moralidad (pero lean los diarios del mes y por favor respondan ¿quiénes cometieron graves faltas y delitos?). Hay corrupción en las empresas, municipalidades, universidades, etc.. Ojalá que en esta nueva gestión gubernamental y en los siguientes años en Perú se logre sanar la situación real de cada persona, son muchas cosas que requieren ser enderezadas y arregladas. Las duras cosas que mencionaron sí ayudarían a detener la corrupción, pero la principal, simplemente es PERMITIR LA VIDA DIGNA, a la que cada persona tiene derecho.

  • 11
  • 25.01.2017
  • 11:41:41 hs
José Luis Jiménez Yarlequé

Qué tal escándalo; pero Perú un país rumbo a conseguir sus objetivos honradamente.

  • 12
  • 02.02.2017
  • 11:03:14 hs
Luis DíazMori

Específicamente si hablamos del contrataciones del Estado, lo que se debe romper es el vínculo entre la autoridad y el comité especial, pues es la autoridad quien tiene la potestad de designar a los “especialistas” obviamente para que hagan su voluntad y no lo que manda la ley. ¿Como romper ese vínculo? fácil, el OSCE debe a través de sus “especialistas” hacer los procedimientos de selección de empresas de manera virtual y es más, lo podrían hacer de manera descentralizada. La idea es que no tengan ningún tipo de contacto entre autoridades y comité especial. Estoy seguro que, cuando se trata de obras, las empresas postularían al 90% como manda la norma, y es ese 10% que normalmente forma parte de la “coimocracia” de las autoridades pasaría a ser parte para otras necesidades de las muchas que nos aquejan.

  • 13
  • 08.02.2017
  • 01:19:49 hs
Esperanza

Pensando Moralmente y por nuestra Estabilidad Emocional,

Es necesario demostrar nuestra indignación y sed de justicia … Marchemos, si la III marcha colectiva en cada capital por nuestro estabilidad emocional y moral personal, familiar, comunal y patriotico , ¿porque?

Debemos canalizar nuestra indignación y sorpresa. Duele si pero levantemonos frente la decepción y hagamos escuchar nuestro sentir a los 4 poderes del Estado Peruano.

Atrevete, estudiante, egresado y titulado Peruano

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