En medio de esta crisis política que vive nuestro país por el entrampamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que se ha visto agudizado por las revelaciones del caso Lava Jato, hay dos certezas que deben ayudarnos a mirar con optimismo el futuro.

1. Más temprano que tarde, alguna de las partes hará eco de esa famosa frase de Martin Luther King de que “siempre es correcto el momento para hacer lo correcto” y se podrá dar vuelta a la página.
2. La única manera de que en los próximos 200 años las noticias de nuestro país que hoy día nos sobrecogen sean distintas es que hagamos las cosas diferentes.

Para que esto último ocurra, hay que perderle miedo al cambio y abrirle el paso a la posibilidad de hacer reformas en los distintos poderes del Estado, salvaguardando el equilibrio entre los mismos que es una condición básica para el funcionamiento de la democracia.

El alcance que el próximo gobierno le quiera dar a estas reformas depende de la visión de país que tenga para los próximos años. Si se deja todo como está, hay certeza que seguiremos consiguiendo los mismos resultados que hasta ahora: puesto 55 de 63 economías del Ránking que mide 63 economías elaborado por el Institute for Management Development (IMD) Competitividad Mundial 2019.

¿Cuáles son las propuestas?

En realidad hay tantas cosas por hacer que hemos elegido algunos aspectos que pueden dar lugar a reformas  que tienen implicancias en varias áreas y se enmarcan en la visión de un país que quiere su boleto de entrada al mundo desarrollado. A continuación, cuatro ejemplos:

Economía y Ciencia para mejorar la productividad y competitividad

En Chile, el Ministerio de Economía tiene misiones fundamentales: promover la modernización y la competitividad de la estructura productiva, el desarrollo de la innovación y, la consolidación de la inserción internacional. Gracias al trabajo realizado, hoy forma parte de la Alianza del Pacífico, del club de los países del primer mundo (OCDE), y está por delante del Perú en el ránking de competitividad mundial.

En Alemania, país del primer mundo y uno de los principales exportadores del mundo de tecnologías innovadoras, el Ministerio Federal de Finanzas administra el presupuesto y coordina las necesidades de todos los sectores con la Canciller.  Por su parte, el Ministerio Federal de Economía y Energía es el responsable de que Alemania sea más competitiva y próspera. Además, entre sus responsabilidades está el crecimiento de las PyME y las nuevas tecnologías.

En el Perú, tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que ha manejado muy bien la política macroeconómica, pero descuidando las reformas de largo plazo que son las que no solo permiten crecimiento, sino también desarrollo y generan prosperidad.

La reforma que hay que hacer no consiste en aumentar el tamaño del Estado duplicando ministerios, sino usar el mecanismo de la “reconversión” para que PRODUCE sea el nuevo Ministerio de Economía y Ciencia que se encargue de la formalización, la productividad, la competitividad y la Ciencia, Tecnología e Innovación, imprimiendo una mayor velocidad al avance de las MyPE. Una reforma como ésta no es pequeña porque tiene que ver con el país que aspiramos a tener, con los motores apagados que queremos poner en marcha y requeriría modificar las funciones entre al menos tres ministerios. Sin embargo, la alternativa es dejar todo como está y esperar a que finalmente funcione algo que hasta ahora no lo ha hecho.

Menos informalidad con más mercado

En los últimos 20 años, la principal receta para luchar contra la informalidad ha sido el establecimiento de un régimen especial en función del tamaño de la unidad productiva, el cual en la mayoría de los casos, recortaba derechos e imposiciones del Estado con el fin de incentivar los niveles de formalización. El resultado es una tasa de informalidad de más del 70%.

Esto significa que hay que hacer un cambio de enfoque y el único incentivo “probado” que persuade a alguien que no paga nada de empezar a hacerlo, es el mercado. Cuando una unidad productiva informal tiene enfrente una oportunidad de negocio a la cual solo puede acceder si está formalizada, la tomará porque naturalmente ha sido creada para participar en el mercado y si este tiene condiciones, hay que cumplirlas. El Estado, tiene la posibilidad de apelar al mercado como un incentivo para estimular la formalización de las MyPE. Eso ya ocurre con las Compras MiPerú y lo puede hacer escalonadamente hacia otros ámbitos: regional, nacional e internacional, poniendo como condición que se avance en las otras dimensiones de la formalización.

Para ello, en la medida que el Estado no tiene “expertise” de vendedor, se necesita un arreglo institucional con un equipo eficiente de profesionales que asuman la tarea de articular oferta productiva individual o colectiva con los mercados. Para que los funcionarios que se pongan a cargo tengan los incentivos adecuados para su trabajo, hay que hacer un cambio normativo que permita que la remuneración de quienes hagan este trabajo tenga un componente fijo y otro variable en función de resultados.

Más innovación para la productividad

Los resultados del Censo Agropecuario de 2012 revelaron que solo el 10% de productores agropecuarios reconocían haber recibido servicios de asistencia técnica de parte del Estado. Hay dos aspectos relacionados con esta problemática que pueden ser abordados.

Uno primero tiene que ver con el hecho de asegurar que los servicios de extensión estén a cargo de talentos rurales, técnicos o profesionales que reúnan las competencias adecuadas. Hay que “estandarizar y homologar sus capacidades” y la certificación por competencias puede ser el mecanismo para que quienes tienen a cargo la transferencia tecnológica promuevan la adopción de innovaciones de forma exitosa.

Un segundo aspecto está relacionado con algo más cosmético, pero no por ello menos importante que podría estar ocurriendo. Las cifras de beneficiarios de SENASA, Agrorural, DEVIDA, las EEAA de INIA, Sierra Exportadora y otras agencias y programas del Estado que hacen extensionismo directa o indirectamente no concuerdan con los datos del censo y más bien muestran que el Estado sí ha está llegando al campo y a los lugares más alejados, pero lo hace bajo tal dispersión de nombres que los productores no los reconocen como intervenciones del Estado. Esto exige que en los próximos años, el “chaleco” con el que llegue el Estado debe ser uno solo, independientemente que en los bolsillos de estos figure el logo de la institución que tiene la responsabilidad de hacerlo.

Mercados e inocuidad

Un aspecto clave del boom agroexportador fue el rol que cumplió SENASA en acompañar a los exportadores en el cumplimiento de los estándares sanitarios que exigían los mercados internacionales. En 2013, el PRODUCE dio ese mismo paso con la creación de SANIPES para garantizar la sanidad de los recursos hidrobiológicos que ingresan a los mercados, aun cuando esta entidad aún está en proceso de empoderamiento.

Sin embargo, con DIGESA y DIGEMID que dependen del MINSA no ocurrió lo mismo y ambas siguen siendo direcciones que no tienen las fortalezas necesarias para acompañar el crecimiento del sector agroalimentario y de medicamentos, y, al mismo tiempo, hacer frente a las necesidades de los consumidores.

La discusión sobre los octógonos en los productos procesados puso en evidencia la necesidad de contar con un organismo de características similares a SENASA y SANIPES que hubiera generado los espacios de discusión y difusión de información oficial relacionada con las alternativas que estaban bajo análisis. Una vez que este se cree, el siguiente paso será evaluar si entre ellos hay suficientes sinergias como para dar un paso más en la regulación y la seguridad de todos estos rubros.

Esta lista solo es un ejemplo de lo mucho que hay por hacer a todo nivel del aparato del Estado si es que queremos estar listos para un boleto de entrada al primer mundo.