En 2014, luego de un largo proceso de diseño, se aprobó la ejecución del Proyecto Sierra y Selva Alta, PSSA, en un ámbito de alcance de 85 distritos, 11 provincias y 4 regiones del país. El proyecto concluyó en diciembre pasado y la Unidad Ejecutora (en AGRORURAL), conjuntamente con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, trabajan en la evaluación de impacto de esta intervención.
La evidencia preliminar que se conoce de este proyecto confirma lo que Abhijit Banerjee y Esther Duffo, ganadores del premio Nobel de Economía 2019, plantearon hace unos años sobre la asociatividad a partir de un estudio donde se incluyó un caso peruano: los grupos multiplican las ganancias más que los individuos.
En la ejecución del PSSA, las organizaciones jugaron un papel central porque fueron la unidad básica de intervención. Era un requisito esencial para participar que se conformaran si es que no existían, que tengan un RUC activo y voluntad de trabajar conjuntamente. Además, eran las organizaciones las que recibían las transferencias del Estado para ejecutar los Planes de Gestión Territorial, PGT, o los Planes de Negocio, PN, que ganaban los concursos, gestionaban los fondos que les eran transferidos, articulaban los aportes de contrapartida en el caso de los PN y hacían la rendición de cuentas.
El proceso que siguió la creación de las organizaciones no estuvo exento de problemas porque no había CONFIANZA. El proyecto exigía un número determinado de miembros para conformar las organizaciones, según se trate de los PGT o de los PN, y en algunos territorios donde se intervino fue difícil encontrar socios suficientes para conformarlas porque no tenían confianza en sus pares, no creían en el Estado (lo que ofrecía el proyecto) o en lo que como organización podían lograr. Además, algunos actores no aceptaban la obligación de aportar una contrapartida porque querían que el Estado aporte todos los recursos, pretendían que las transferencias entregadas se dividieran en partes iguales o no comprendían el valor de la acción conjunta.
Pese a todas estas dificultades, gracias al liderazgo de comuneros y productores que conformaban los grupos de familias presentes en los distintos territorios donde intervino el PSSA, se crearon 1041 organizaciones y se fortalecieron 191, entre las que había básicamente asociaciones y comunidades campesinas.
Al interior de estas unidades, comuneros y productores tuvieron que tomar decisiones importantes:
• Decidieron sobre los activos físicos, sociales, culturales y ambientales que querían poner en valor o las capacidades y habilidades que buscaban fortalecer para impulsar emprendimientos locales que les permitieran mejorar sus ingresos.
• Plasmaron en una propuesta y en maquetas (presente, pasado y futuro) lo que querían hacer, para lo cual se apoyaron en el maestro de la escuela local o en los hijos con mayor nivel de estudios.
• Presentaron sus propuestas en acto público ante el Comité Local de Asignación de Recursos, CLAR, que era la instancia participativa que debía definir a las organizaciones acreedoras de los fondos.
• Abrieron una cuenta de ahorro en alguna entidad financiera para recibir el dinero del fondo al que habían accedido y depositar, si se trataba de un PN, su propia contrapartida en efectivo.
• Ejecutaron el plan de trabajo al que se habían comprometido y eso pasaba por buscar proformas de proveedores de los insumos que necesitaban para construir un reservorio con geomembrana, cercar un terreno para empezar a recuperar pastos degradados, comprar plantones de pino para reforestar o adquirir alevines para la crianza de truchas, gallinas de postura para dedicarse a la producción de huevos o la posta para inseminar su ganado vacuno.
• Eligieron a los técnicos o los profesionales que querían que les den la asistencia técnica que planteaban en sus proyectos; y, para eso, usaron el boca a boca para pasar la voz sobre los perfiles que requerían y hasta publicaron avisos en la radio local para convocar candidatos que eran entrevistados por los miembros de la organización antes de ser elegidos.
• Compatibilizaron el trabajo de sus miembros en sus propias tierras con el tiempo que asignaban a las tareas que se debían hacer en grupo para ejecutar el proyecto: desde preparar la tierra, ir a comprar insumos, hacer el manejo de suelos, del hato ganadero, hasta el tratamiento y reciclaje de basura.
• Gestionaron turnos para cuidar las porquerizas, los corrales, alimentar a los animales o para ir a vender los productos a las ferias semanales o los mercados locales.
• Dejaron ir a quienes no entendían el funcionamiento de la organización y la búsqueda de un objetivo compartido y evaluaron las solicitudes de incorporación de nuevos miembros en las organizaciones.
• Rindieron cuentas del dinero recibido y los gastos realizados frente a la Unidad Ejecutora.
En los cinco años de ejecución del proyecto, las organizaciones creadas “lograron multiplicar las ganancias de los individuos que las conformaban”, pusieron en valor activos de distinta naturaleza y -al mejorar sus capacidades de emprendimiento- generaron nuevas fuentes de ingresos para sus miembros. Pero, además, se fortalecieron como organizaciones y aprendieron a confiar en lo que podían hacer si se mantenían unidas, lo que les permitió aplicar a nuevas fuentes de financiamiento como Procompite, Agroideas o PNIA en busca de consolidar y ampliar lo avanzado con el PSSA.
Todas las organizaciones cumplieron con sus rendiciones de cuentas e invirtieron los fondos según los planes propuestos.
La agricultura familiar que caracterizaba a los actores de los distintos territorios pasó a convertirse, gracias a las organizaciones, en una “agricultura familiar ampliada”, lo cual permitió abrir mayores posibilidades de articulación con los mercados para estas familias y multiplicar las ganancias.
La experiencia del PSSA avala la tesis de que las organizaciones deben ser la unidad básica de las intervenciones del Estado. No solo en lo que tiene que ver con la función agricultura, sino también en otras funciones del Estado: salud, desarrollo social, vivienda, entre otros.
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