Nuestro país vive una profunda crisis política cuyas raíces están asociadas, entre otros, a la falta de confianza de la población en sus autoridades: las del Ejecutivo y las del Legislativo. La última semana, ambos poderes del Estado han socavado aún más la fe del pueblo que quiere reformas estructurales que permitan mejorar la oferta de valor que se ofrece en salud, educación, vivienda y oportunidades de trabajo digno para todos.
El Congreso de la República está empeñado en dar marcha atrás en los avances realizados para fortalecer la institucionalidad de la SUNEDU como garante de la calidad en la educación superior; y, el Ejecutivo va por su cuarto gabinete de ministros a la par que dilapida las expectativas de los peruanos que votaron por su administración.
Un reciente documento del BID denominado Confianza: La Clave de la Cohesión Social y el Crecimiento, elaborado por Keefer P. y Scartascini C., que recomiendo mucho leer, aporta reflexiones importantes sobre la confianza generalizada, la interpersonal y la confianza en el gobierno que normalmente se analizan por separado. Además, la relaciona con el civismo que definen como esa disposición de los ciudadanos a hacer sacrificios individuales en aras de proyectos colectivos y que es lo que contribuye al éxito de la sociedad. Para los autores no existe ningún objetivo colectivo que sea más importante que una sociedad que confía y tiene conciencia cívica.
El documento utiliza los datos de la Encuesta Integrada de Valores para mostrar evidencia de los bajos niveles de confianza que existe en América Latina y el Caribe y estos datos sirven para establecer correlaciones que ayudan a explicar muchos de los problemas que tiene la región en lo político, económico y social porque la desconfianza se propaga en la sociedad e impide la acción conjunta en diferentes campos.
Entre los resultados que destacan está la correlación que se establece entre confianza e informalidad y que la productividad total de los factores contribuye menos al crecimiento económico en los países con bajo nivel de confianza. En ambos casos, el Perú aparece entre los países que tienen menor nivel de confianza y, por lo tanto, mayor informalidad y bajo crecimiento de la productividad.
A partir de estos datos, los autores abordan tres temas importantes: el impacto de la desconfianza en la receptividad de las políticas públicas, la regulación excesiva y la organización de las empresas. Respecto a lo primero, los resultados de la encuesta muestran que la confianza en el gobierno es clave para la efectividad de las políticas, y si esta no existe es importante que los gobiernos estructuren políticas de comunicación que tengan en cuenta esa falta de confianza. A nivel de la regulación excesiva, se plantea que esta no puede sustituir la falta de confianza de los ciudadanos en las empresas y el gobierno. Finalmente, en el caso de la organización de las empresas, los autores plantean que la desconfianza afecta las relaciones con clientes, proveedores y trabajadores porque limita las decisiones de inversión, la relación con nuevos proveedores y la delegación de responsabilidad en los empleados.
Luego del exhaustivo análisis que se hace sobre el efecto que tiene la falta de confianza en los diferentes tipos de interacciones que se dan entre ciudadanos, empresas y gobierno, se advierte que es posible promover la confianza y el civismo. En este sentido, se proponen tres tipos de reformas: (i) Abordar las asimetrías de poder con reformas estructurales, (ii) Eliminar las asimetrías de información, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas de las decisiones que se toman; y, (iii) Vincular los desafíos económicos y sociales como desempleo, desigualdad y cambio climático con reformas que construyan confianza.
Los ciudadanos, las empresas y sobre todo los distintos poderes del Estado tienen que comprender que sin confianza no hay cohesión social y sin esta última no es posible la acción conjunta para avanzar en la solución de los principales problemas del país.
Solo añadiría un cuarto punto a la receta del BID, a la luz de lo que sucede en nuestro país, y tiene que ver con la necesidad de que los llamados a promover la confianza posean al menos algunas de las dimensiones del concepto (Robbins, 2009): integridad que atañe a la honestidad, competencia vinculada con los conocimientos técnicos y congruencia asociada al buen juicio para manejar situaciones.
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