La nota de prensa respectiva incluye una lista de logros conseguidos gracias a la negociación conducida por este gobierno (ver vínculo). En la misma también se afirma que "los nuevos términos y condiciones planteados por el MTC, durante el Gobierno de Presidente Humala, representan más del triple de lo conseguido por el gobierno anterior".

Sin embargo, se compara la inversión comprometida y no los beneficios sociales netos estimados, se deberá observar el efecto que tendrá en la cantidad de líneas disponibles (ver gráfico 1). El tono oficialista de la nota de prensa podría considerarse inusual porque Ollanta Humala siempre fue crítico de Telefónica del Perú y del gobierno anterior por considerar renovarle el contrato. Basta googlear "Humala + contrato + telefónica" para ver cómo la blogósfera sigue cargándose de acusaciones -empezando por la paterna- por traición y otras más subidas de tono. 

Nos parece positivo que un político que en su campaña recurrió a argumentos tan populistas en temas, como el señalado, haya dejado de lado dichas posiciones. También nos parece bien que tenga que asumir algún costo político por hacer promesas que no eran pensadas en términos de si eran favorables para el país. Dada la ausencia de partidos políticos y de las dificultades que esto genera para el buen desarrollo de nuestra democracia, no está mal que el populismo más banal también traiga costos. Esto debe ayudar en algo a que mejore la forma en que las políticas públicas se discuten, diseñan, ejecutan y "evalúan", y a que se adopten reformas más profundas y frecuentes.

Otro aspecto es que, en nuestra opinión, es discutible que la mejor manera de encarar la necesidad de otorgar una nueva concesión de telefonía móvil sea que el Estado entre en una negociación privada con el operador saliente. Nos parece que hubiera sido en principio más eficiente que el Estado peruano convocara un concurso público internacional bien diseñado para atraer diversos operadores, incluyendo a Telefónica Móviles, para escoger a aquel o aquellos operadores que ofrecieran las condiciones más competitivas. Sin embargo, la legislación vigente y el contrato de concesión establecían el derecho de renovación hasta por veinte años, sujeto a la aceptación de condiciones que pueden incluir compromisos de inversión y mejoras del servicio. Por ello, el respeto a las reglas de juego requería que se cumpliera con el contrato y que el gobierno planteara las condiciones de renovación. Sólo si el operador no aceptaba estas condiciones correspondería que el Estado convocara a una licitación o concurso público internacional.

En cualquier caso, ambos caminos exigen que el Estado peruano tenga la capacidad de diseñar o de negociar los mejores contratos de concesión, lo cual creemos que no ocurre en la realidad.  No se tiene los profesionales idóneos para obtener en una renovación como esta, más de lo que conseguiría promoviendo la competencia, menos en un sector en el cual el cambio tecnológico es constante y relevante. Esta situación empeora si se considera que se ha ido diezmando el personal calificado que trabaja en regulación por falta de autonomía política, sueldos inferiores a los de mercado, la adopción de políticas públicas cuestionables técnicamente en el sector u otras consideraciones.

Un buen contrato debe ser, entre otras cosas, un contrato que persigue objetivos claros y priorizados, como aumentar el acceso en el sector rural o en la población más pobre (Ver gráfico 2 y gráfico 3), no una lista de obras que parecen propuestas de campaña. Lograr un buen contrato hubiera requerido que el Estado peruano se asesore con un consorcio de empresas especialistas de nivel global que fortalezca las capacidades del MTC. Es decir se debió hacer más o menos lo mismo que se debe hacer para diseñar Camisea II y evitar que nuevamente sea Cómo Sea II (ver IPEOpinión).

Entendemos que el paradigma de algunos operadores privados para celular es la tarifa plana nacional para voz e Internet y que algunos operadores globales están ofreciendo tarifa plana mundial. Se nos debe haber pasado leer tal meta en la "lista de logros" de la nota de prensa. Un buen ambiente competitivo casi siempre ofrecerá mejores resultados para los usuarios que cualquier negociación privada del Estado. Será, además, menos vulnerable a críticas populistas e injustificadas de favoritismo. El Estado debe utilizar de la mejor manera su capacidad de establecer las reglas de juego y promover la competencia.

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