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PIERINO STUCCHI

El Tribunal de la Comunidad Andina y el peligro de la injusticia

¿Qué es la Comunidad Andina?

Es la organización internacional que conduce el sistema de integración conformado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como Estados miembros. El Acuerdo de Cartagena de 1969 constituyó este proceso de integración que une a nuestro país con países vecinos y amigos, con los que compartimos la historia bolivariana y un futuro regional.

Actualmente, la Comunidad Andina administra un área de libre comercio plus. Es decir, organiza un espacio compartido de políticas y regulación comunes en el ámbito aduanero y en la libre circulación de mercancías entre sus miembros, así como en la circulación de servicios, capitales y personas. Este sistema de integración posee también regulación común en materia de transporte, propiedad intelectual (marcas, patentes y obras protegidas por Derecho de autor, entre otros), defensa de la competencia y algunos aspectos relevantes del consumo. El espacio andino es un espacio de ciudadanía y de paz entre sus Estados miembros. Este valor debemos preservarlo.

¿Qué es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por qué es importante?

Este tribunal es uno de los órganos encargados de asegurar que el proceso de integración andino cuente con reglas claras y predecibles. Dicho en simple, este Tribunal de Justicia tiene la importante función de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Comunidad Andina, conformado por los compromisos establecidos por el Acuerdo de Cartagena y por reglas desarrolladas mediante instrumentos normativos comunitarios (Decisiones y Resoluciones).

Para ello, este Tribunal de Justicia se encarga de conocer y resolver las controversias que pudieran surgir con motivo de la aplicación del Derecho de la Comunidad Andina. Una de las características notorias de este Derecho es que sus reglas prevalecen sobre cualquier norma nacional interna, incluidas las leyes nacionales que se le opongan o lo contradigan, tal como ocurre con el Derecho de la Unión Europea. El Derecho de la Comunidad Andina posee así un alto grado de relevancia e institucionalidad.

Entre las importantes funciones de este Tribunal, que es reconocido y respetado a nivel internacional (y que es la tercera corte internacional más activa del mundo), se encuentran el conocimiento y resolución de:

 

Acciones de nulidad, que son formuladas fundamentalmente contra Decisiones o Resoluciones expedidas por los órganos de la Comunidad Andina, correspondiendo al Tribunal declarar si son compatibles con Derecho Andino;

Acciones de incumplimiento, que son formuladas con el propósito de determinar si un Estado miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas del Derecho de la Comunidad Andina, con el fin de que, de ser el caso, dicho Estado adopte las medidas necesarias para colocarse en una posición de cumplimiento; y,

Interpretaciones prejudiciales, que son solicitadas por los jueces nacionales en los procesos en los que debe aplicarse o se encuentre controvertida alguna norma del Derecho de la Comunidad Andina, con el propósito de que este Tribunal comunitario, sin resolver el caso concreto, emita la interpretación correspondiente, con el fin de asegurar su aplicación comunitaria uniforme por los jueces nacionales.

 

 

El peligro de la injusticia

Incomprensiblemente, en el momento actual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede dejar de funcionar a partir del 1 de septiembre de 2020.

 

¿Qué pasó? ¿Se desactiva la Comunidad Andina? No. ¿Se trata de medidas de aislamiento social, a causa de la pandemia del COVID-19? No.

 

¿Qué sucede? Los Estados miembros no están al día en el pago de sus aportes obligatorios para el sostenimiento de este tribunal, cuyo presupuesto está congelado hace más de 10 años y afectado por la inflación. Esta falta de cumplimiento implica una falta de disponibilidad para el pago de las obligaciones laborales (con el eventual grave perjuicio a las familias de los servidores, funcionarios y magistrados), el pago de las obligaciones operacionales y el pago del arrendamiento del modesto edificio que ocupa en la ciudad de Quito.

 

Un posible desalojo del Tribunal de Justicia, desarraigándolo de su sede, no solamente generaría un daño irreparable a la seriedad e imagen de nuestro proceso de integración andino y de sus Estados miembros, sino que implicaría un profundo e irreparable desapego de los Gobiernos andinos por el significado de la justicia.

Se trataría de un hecho sumamente grave, sin precedentes en la historia de los tribunales internacionales y comunitarios. Se haría realidad el peligro de un indeseado estado de injusticia en la Comunidad Andina, pues injusticia significa también “falta de justicia”. Sin este tribunal en funcionamiento, no existiría garante de la justicia en nuestro proceso de integración andino.

Nos sumamos a los pedidos públicos ya expresados por ciudadanos convencidos de los beneficios de la integración: evitemos que se desmorone la estructura institucional de la Comunidad Andina. Gobiernos deudores: Urgentemente, paguen sus aportes. Hay que salvar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Luego, promovamos una equilibrada reforma que haga más eficiente su funcionamiento y que aumente la eficacia del sistema de justicia de la Comunidad Andina.

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