Desde hace unos años, cuando uno lee los diferentes documentos de análisis de riesgo país, o las entrevistas a especialistas en este tema, habrá podido observar que se menciona de manera creciente un aspecto que no se solía mencionar mucho: el factor de la debilidad institucional como limitante para una mejora de la nota atribuida por las clasificadoras o peor, como razón adicional para una rebaja en la nota país, el temido “downgrade”.

 Al mismo tiempo, se mira con una atención cada vez mayor los aspectos de fortaleza o debilidad institucional en los rankings internacionales de competitividad.

 Vemos aparecer en los análisis una atención creciente a temas como la corrupción y su impacto en la gobernabilidad, como la calidad del funcionamiento del sistema judicial en general (jueces y fiscales), la penetración del crimen organizado en la política y en las instituciones, la solidez del sistema político y de partidos, incluyendo el “sentimiento de representatividad” que despiertan en la población. Por ejemplo, una de las más recientes “estrellas” actuales en esta especialidad efectuaba un análisis muy agudo de cómo el estancamiento en Europa y algunos países claves estaba generando una mayor volatilidad política, que incluía el empoderamiento de movimientos radicales de izquierda o derecha, acompañado por una mayor desconfianza en las instituciones, lo que podía generar en los empresarios un mayor temor a invertir en dichos países, y un mayor estancamiento.

 En el caso de muchos países emergentes, como el nuestro, los numerosos factores de debilidad institucional, aunque ya eran ampliamente conocidos, eran como “olvidados” a causa de las altas tasas de crecimiento ligadas entre otros factores al largo boom de precios de commodities del que hemos disfrutado y a la sucesión de burbujas internacionales acumuladas que mantuvieron la ilusión.

 El problema es que la situación ha cambiado: la mayoría de los economistas, y de los especialistas en análisis del riesgo país, están previendo un prolongado período de crecimientos bajos, que no se sabe cuándo acabará; y esa visión menos optimista del futuro macroeconómico los lleva a mirar con mucho mayor atención los temas de fortaleza o debilidad institucional; y ya no basta con mantener de manera prolongada un sistema democrático o tener una buena institucionalidad económico-financiera  para ser bien visto; se puede ser visto como una democracia precaria, con riesgos de inestabilidad política.

 Aparte de ello, como he tenido la oportunidad de mencionarlo, el análisis del riesgo país varía según los “jugadores”, como las clasificadoras, los bancos, los inversionistas de corto plazo y los inversionistas de largo plazo. No todos siguen las notas atribuidas por las grandes clasificadoras, pueden tener sistemas de calificación o evaluación propios, para la toma de decisiones..

 En realidad hace ya mucho tiempo que en algunos bancos y en empresas con proyectos de inversión se “califica” a un país tomando en cuenta a esos factores; por ejemplo, a igualdad de criterios macroeconómicos, la nota del país – y la decisión de donde efectuar una gran inversión de largo plazo – puede variar en función de si los tribunales de uno son confiables y los del otro no: “si puedo perder mi inversión frente a un competidor, o a un asociado minoritario local, que obtendrá fácilmente fallos favorables increíbles por lo corrupto del sistema judicial, mejor invierto en el otro donde no estaré expuesto a ese tipo de sorpresas”. O si su sistema político está cada vez más “capturado” `por el crimen organizado, “corro el riesgo de tener que tratar con un número cada vez mayor de gente poco recomendable, y hasta puedo terminar con mi personal de dirección más a menudo chantajeado o amenazado físicamente, entonces mejor me voy a otro lado”.

 Lo que estoy tratando de ilustrar acá es cómo muchas veces una empresa de otro país va a escoger donde tener a su “hub” industrial o de servicios, o a su sede regional, o preferir tener sólo una representación en vez de crear una filial. Y eso tiene un impacto en términos de crecimiento del PBI, de balanza comercial y de servicios, y de creación de empleos.

 Ahora imaginen lo que puede pasar si además de aquellas empresas que ya toman sus decisiones en base a este tipo de criterios, se tiene a las clasificadoras internacionales insistiendo crecientemente en este tipo de aspectos, con lo que un país se pierde la oportunidad de ver bajar más sus costos de financiamiento o ve estos costos empezar a subir, como efecto de un downgrade. Se puede caer entonces en una suerte de “círculo vicioso”, en el cual los inversionistas internacionales de largo plazo vienen cada vez menos, con lo que se va reduciendo también el crecimiento potencial.

 Para los que tenemos memoria, esto ya nos ha sucedido en el pasado, cómo le ha pasado a otros países de la región que ahora tienen mejor imagen, como nosotros.. Algunos dirán con cierto cinismo: pero en el país X o Y, donde hay tanto desorden político y/o tanta violencia del narcotráfico, eso no parece producirse. “Lamento” tener que decirles que otro factor que toman en cuenta muchos inversionistas, es el tamaño del mercado local, y en ese caso se contentarán más fácilmente con performances macroeconómicas y fiscales correctas. Lo que se le “perdona” a un país que es un gran mercado, no se le “perdonará” a uno que sólo es un mercado pequeño o mediano. Suena horrible pero así es en la realidad.

 Por ello, es necesario decir que aquellos que hacen todo lo posible para impedir que se reforme de manera urgente (no olviden: las altas tasas de crecimiento que “adormecen” a los inversionistas internacionales y aumentan su “apetito por riesgo” ya no estarán ahí por un buen tiempo) el sistema político y electoral de manera a reforzar a los partidos de manera sostenible y a impedir que el dinero proveniente del crimen organizado aumente su poder en la política, o que se reforme la manera cómo son escogidos los jueces y fiscales, o que se permita a una institución clave contra el lavado de dinero como la UIF tener las facultades debidas y hacer su trabajo en buenas condiciones (pronto tendremos una auditoría internacional al respecto cuyo resultado podría  costarnos caro), están sencillamente haciendo, para todos fines prácticos, todo lo posible para que cada vez menos inversionistas de largo plazo vengan al país, y haciendo todo lo posible para que el país corra el riesgo de sufrir downgrades en el futuro.

 Y más allá de ello, están atentando contra la sostenibilidad de largo plazo del país, incrementando el riesgo de nuevos retrocesos. En vez de ayudar a consolidar lo que hasta ahora se ha logrado, están de facto buscando, por meros intereses personales, sentar las bases para la destrucción de todo lo que tanto costó construir y que todavía hace que globalmente se nos vea bien, a pesar de que algunos, por cálculos personales, traten de hacer aparecer la situación macroeconómica actual como un desastre, cuando se trata antes que todo de un contexto más desafiante, de un retorno a la normalidad que nos obliga a hacer más esfuerzos para seguir progresando.