En el último post sobre la gestión estratégica de riesgos por el Estado recomendaba como parte de la gestión de los riesgos críticos la creación de un Sistema Nacional de Gestión de la Continuidad Operativa y del Negocio. Ello porque se trata de un tema álgido donde los sectores público y privado deben articularse. Y ya en un post de abril del 2013 recordaba cómo las empresas de todo tamaño podían ser fuertemente afectadas por los diferentes desastres derivados de fenómenos naturales, afectando a su vez a la capacidad de recuperación de la economía, y cómo podían mitigar estos riesgos. Si nos situamos además en la óptica de la gestión de riesgos críticos tal como la recomienda la OCDE se entenderá mejor la urgencia de tener un tal Sistema Nacional.

 Sólo con la Crisis del Niño Costero se pudo ver que varias entidades del Estado situadas en las zonas afectadas tuvieron problemas para la continuidad de sus operaciones; y ello fue aún más flagrante para un gran número de empresas privadas con la disrupción directa de sus operaciones o a través de su capacidad para sacar sus productos o para el funcionamiento de sus cadenas de suministro.

 Bueno, traten de imaginarse lo mismo con un sismo de gran magnitud que afecte a Lima y Callao y su región, con toda la concentración de entidades estatales clave y del PBI que tenemos en el área, así como de infraestructura crítica como la Carretera Central, el Aeropuerto Jorge Chávez (AIJCh), el puerto del Callao,  las centrales que están en Chilca, las conexiones de internet en superficie costera y por cables submarinos, la llegada del gas de Camisea, la planta de La Atarjea; estoy dando sólo unos ejemplos. ¿Y creen ustedes que los sectores público y privado estén realmente articulados para hacer frente a un sismo de más de 8 Mw de magnitud? Sí, ese que muchos prefieren pensar que nunca va a pasar, a pesar de las advertencias de los científicos peruanos y extranjeros. Y que no quieren entender que, para todos fines prácticos, desde el punto de vista de la disrupción operativa con severos impactos macroeconómicos y de gobernabilidad, sería equivalente a una guerra de alta destructividad con bombardeos masivos y repetidos, pues un gran sismo en general viene con varias réplicas fuertes, sin contar la fuerte probabilidad de un tsunami en varias áreas.

 Esfuerzos en ese sentido existen:

 . el hecho que varias entidades públicas estén avanzando en la introducción de la gestión de la continuidad operativa y tomando las medidas necesarias, a pesar de los fuertísimos obstáculos que hasta ahora han constituido numerosas interpretaciones que se han efectuado de la normativa de contrataciones del Estado, de las normas del sistema nacional de inversión pública, y hasta de las de presupuesto público (donde hasta ahora no se incluye esta temática claramente como parte de las que deben priorizarse en el marco del presupuesto por resultados), y la incomprensión flagrante del Sistema Nacional de Control, a pesar de los esfuerzos de ciertos auditores, que contribuyen a un miedo muy extendido en el sector público a ocuparse en serio del tema, además de una muy extendida cultura de rechazo a las novedades en materia de gestión pública (cosas muy antiguas en países más desarrollados en realidad). Y eso que el PLANAGERD 2014-2021 publicado por decreto supremo por la PCM en el 2014 lo ordena muy claramente, además de haber publicado la PCM lineamientos técnicos a principios del 2015, con la activa participación del MEF. El apoyo de entidades como el FMI, el Banco Mundial y SECO (cooperación oficial Suiza) ha sido clave para estos avances.

 . varios trabajos combinados entre el sector público y privado, como el liderado por la SBS, asociado al BCR, al MEF, con información a la PCM, y a los gremios ASBANC y APESEG, en lo que respecta a la continuidad del sistema financiero y el de seguros, así como el promovido por el Sistema de la Naciones Unidas para organizar la continuidad del AIJCh, o la sostenibilidad de la organización de la ayuda humanitaria en situaciones de crisis.

 . los propios esfuerzos de varias empresas privadas clave, del sector financiero, del energético o el de ciertas clínicas, por dar algunos ejemplos

 Pero todo esto está muy lejos de ser suficiente, y corremos en realidad un gran riesgo de retroceder en lo avanzado:

 . hasta hace unos meses había dentro de la PCM una secretaría de gestión de riesgo de desastres que lideraba el tema; esta ha sido suprimida e integrada al INDECI, cuyo enfoque es más de preparación y respuesta, lo que es muy insuficiente para la gestión integral de la continuidad operativa, que es algo mucho más amplio que un enfoque exclusivamente militar y que elaborar planes de contingencia, los cuales, sin continuidad operativa sistemáticamente organizada, pueden terminar siendo sólo planes de papel a la hora de actuar; ya no se siente un liderazgo de la PCM, rector del SINAGERD en el tema; al mismo tiempo, el MEF lideraba los esfuerzos del Sector Economía en la materia con la asistencia del FMI y de SECO; ya no parece ser el caso a menos que dicha situación se haya corregido últimamente

 . el “ruido político” casi continuo de estos meses, generando inestabilidad en las labores del gobierno, ha dejado poco tiempo para el trabajo estratégico de fondo, que es similar al que se debe realizar para prepararse para una guerra inevitable; ello ha sido agravado por las graves disfunciones en la Contraloría, que han generado un miedo aún mayor en los funcionarios públicos a la toma de iniciativas; es de esperar que las más recientes noticias al respecto solucionen esta situación que ha agravado a su vez las disfunciones operativas ya existentes de la acción pública, constituyendo para ella “eventos de discontinuidad operativa” adicionales, en lo que puede considerarse un gravísimo riesgo operacional sistémico en el sector público ya materializado

 . el mismo sector privado ha sido afectado indirectamente en sus esfuerzos propios y en los que hace para articularse con el sector público, con la notable excepción de la atención de la emergencia del Niño Costero; pero acá se necesita un esfuerzo de gran magnitud sostenido en el tiempo. Y las iniciativas del sector privado como la creación de Continuam Perú y la del Capítulo Perú de la Iniciativa ARISE, no han avanzado mucho últimamente en cuanto a ampliación del número de empresas miembros; incluso se vio a un gremio clave de este último verse afectado temporalmente por la irrupción del ruido político en su seno, situación felizmente superada. Pero además parece haber una “sobre-concentración mental” sobre el tema de la reconstrucción post-Niño Costero, cuando se requiere un enfoque de gestión del riesgo de desastres mucho más integral en línea con lo preconizado por la UNISDR, que incluye el tema de la continuidad operativa pública y privada. Y no se está integrando suficientemente a las Mipymes.

Por todo ello, es urgente la creación de un Sistema Nacional de Gestión de la Continuidad Operativa y del Negocio

 Así como ya existe un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con mayor razón aún, este otro Sistema debería existir también.

 Dicho Sistema debería tener como rector a la PCM. Viendo su organización actual, podría efectuarse a través de una unidad en el Vice-Ministerio de Gobernanza Territorial, viendo la importancia del tema para la gobernabilidad y el pleno control del territorio en cualquier circunstancia, incluso en las más adversas.

 Ello le daría la autoridad suficiente para articular a todos los Ministerios, entidades, empresas públicas y reguladores más relevantes, además de la articulación con las FF.AA. y la articulación con los gremios empresariales.

 Para que estos gremios empresariales puedan actuar de manera más organizada, y con un enfoque integral, es clave que su participación (así como la de empresas líderes y especialmente relevantes para la continuidad operativa del país) en instituciones de creación reciente, como Continuam Perú y el Capítulo Peruano de la ARISE Initiative, sea mucho más activa y sostenida, lo que facilitaría mucho la articulación con el sector público.

 Es también absolutamente clave que el Sistema Nacional de Control, empezando por la Contraloría (CGR) esté bien formada sobre el tema y sea más una ayuda que un obstáculo para la introducción de las buenas prácticas en la materia en el Estado, usando al mismo tiempo la obligación para las entidades públicas de gestionar sus riesgos, que impone la normativa de la CGR en cuanto a la introducción del control interno en dichas entidades.

 Una institucionalización de este tipo podría ser apoyada por la cooperación internacional, siendo las entidades más significativas al respecto en el campo multilateral el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Sistema de las NN.UU. y la OCDE e instancias como el SELA y APEC. En lo que respecta a la cooperación bilateral, a primera vista las organizaciones más activas en lo que respecta a los temas de la resiliencia operativa, la gestión del riesgo operacional y la continuidad operativa y del negocio, son las de Suiza y del Japón.

 Conclusión

 En este tema hace tiempo que se debería estar “pisando el acelerador”, no auto-imponiéndose trabas o estancándose, o hasta retrocediendo en lo avanzado. El riesgo de interrupción de la continuidad de las operaciones del Estado y del sector privado, por un desastre natural o causado por el hombre, es uno de los “riesgos más críticos” a nivel país entre los que deben ser gestionados en línea con los estándares de la OCDE