En el post anterior recordaba, a la luz de los últimos acontecimientos una serie de problemas macroeconómicos y reputacionales, pero también en cuanto al riesgo-país en sentido amplio, que nos creaba la corrupción sistémica en nuestro sistema judicial pero igualmente en nuestro sistema político, temas en realidad muy ligados, análisis que otros especialistas desde puntos de partida diferentes comparten. Es obvio que una y otra se potencian y refuerzan mutuamente, con la formación de alianzas más o menos ocultas. No comentaré acá el tema del propuesto referéndum, gente mucho más calificada que yo lo hace; solo diré que es una técnica que efectivamente en muchos países ha sido útil para salir de crisis de gran magnitud, aunque mucho depende de lo que se hace efectivamente después. El aspecto que comentaré acá, que es uno de los aspectos de la gestión del propio riesgo país, merece ser explicado algo más, pues para muchos es un aspecto poco conocido y algo esotérico, y para algunos, la sola expresión “seguridad nacional” suena mal, por ser usada muchas veces por dictaduras para justificar barbaridades.

En realidad, todo país civilizado necesita tener políticas de seguridad nacional. En general la seguridad nacional está ligada a nociones de estabilidad y calma que benefician al desarrollo del país, y en los países democráticos, también a la de mantener y defender la democracia (las lecciones de la génesis de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias pasaron por ahí, también).

En el caso del Perú tomaré como punto de partida la Política de Seguridad Nacional, que forma parte del Acuerdo Nacional del 2002, siendo su 9na “Política de Estado”: “Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Consideramos que esta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes. En tal sentido, nos comprometemos a prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general “.

En nuestro país se creó el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA). Por ello se suele usar más en ámbitos administrativos esta expresión que la de “seguridad nacional” a secas. En el Libro Blanco de la Defensa Nacional, en su Capítulo III (Política de Estado para la Seguridad y la Defensa Nacional), se indica que tienen relación con la Seguridad Nacional otras Políticas de Estado, en las que destacan la Primera (Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho), la Sétima (que incluye al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana), la 27ma (que incluye la erradicación del tráfico de drogas) y….la 28ma (que incluye al Acceso a la Justicia y la Independencia de la Justicia); no es por casualidad que existe esa mención.

En el mismo Libro Blanco, se menciona como AMENAZAS INTERNAS, no sólo al terrorismo, son también, acertadamente, a los grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares, la delincuencia común organizada (es decir, el crimen organizado), el tráfico ilícito de drogas, la depredación del medio ambiente y la CORRUPCIÓN. Y entre las AMENAZAS EXTERNAS, están el narcotráfico y la delincuencia internacional.

El tema de la eliminación de la corrupción se vuelve a mencionar en dicho Libro Blanco como una de las políticas necesarias para el fortalecimiento del sistema democrático (Objetivo 2) y el Mantenimiento de la independencia, soberanía, integridad territorial y defensa de los intereses nacionales es el Objetivo 1.

Habrán anotado: la Corrupción es una de las Amenazas Internas. Y la Independencia de la Justicia forma parte de las Políticas de Estado relacionadas con la de Seguridad Nacional. Y no pongo el énfasis en la Integridad Territorial por casualidad. Es que todo está relacionado en realidad. Veamos:

.  Cuando el Poder Judicial, Ministerio Público, y el órgano de nombramiento que es el CNM, están totalmente o parcialmente controlados por alguna mafia corrupta, que puede incluso tener un poder propio, de tipo “red mafiosa” (que es la característica de la descubierta últimamente, con intercambios de favores de todo tipo; que se la asocie más a un par de partidos políticos no impide que se vea claramente un “accionar propio” y una “agenda propia”), no se puede decir de ninguna manera que se tenga un poder judicial independiente; uno de los errores más comunes es definir esa independencia como respecto del Poder Ejecutivo; el Poder Judicial tampoco es independiente si cae entre las manos del Poder Legislativo, o de algún partido político, o de un grupo de intereses económicos, o de una mafia de funcionarios corruptos y/o del crimen organizado. La corrupción es el mecanismo que impide la independencia judicial, así como el acceso a la justicia para la mayoría.

. Como ya sabemos, la corrupción en el Poder Judicial es de grandísima ayuda para el crimen organizado, con liberaciones sospechosas de criminales peligrosos, hasta de bandas enteras, con fallos que favorecen su accionar (como un fallo de la Corte Suprema que facilitó a la mafia Orellana una de sus armas favoritas para apropiarse de terrenos, una modalidad de arbitraje, si no recuerdo mal), de archivamientos sospechosos de investigaciones contra presuntos narcotraficantes, etc. Es decir, la corrupción judicial amenaza directamente al Estado y destruye a la seguridad ciudadana.

. Peor: al favorecer muchas veces a mafias regionales y locales que incluso se apoderan de gobiernos locales y regionales, en alianza con el crimen organizado (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de terrenos, por ejemplo), la corrupción judicial está atentando contra la integridad territorial, pues favorece la feudalización y balcanización del Perú, con “zonas liberadas” para todos fines prácticos, visto el diseño defectuoso la descentralización; de paso esos gobiernos regionales y locales a menudo van a aliarse con grupos radicales que fomentan la violencia contra el Gobierno Nacional si ello es conveniente para sus intereses.

.Y si vamos a las consecuencias: una sociedad desesperada por la corrupción puede terminar llevando al poder a candidatos y grupos para los cuales las elecciones democráticas son solo un instrumento para llegar al poder y luego tomarlo por completo y para siempre e instalar una dictadura, abierta o disfrazada (el votante promedio en general no se da cuenta); el caso más patente es Venezuela. Habrá que vigilar lo que sucede con una candidatura de extrema derecha que está subiendo en un país vecino muy afectado por la corrupción, a pesar de los esfuerzos de los jueces y fiscales para combatirla. La corrupción termina favoreciendo la instalación de dictaduras a través de elecciones; que esos grupos políticos antidemocráticos y hasta totalitarios como lo son el nazismo y el marxismo-leninismo (francos o disfrazados de democráticos) puedan crecer hasta llegar al poder también es un problema de Seguridad Nacional, a menos que uno justamente esté deseando ese tipo de dictaduras de extrema izquierda o de extrema derecha.

. El tema del financiamiento privado de los partidos y de las campañas electorales está muy ligado a eso: en el caso del Perú la probabilidad de que se trate de dinero sucio, proveniente del crimen organizado, o de lavado de dinero anteriormente robado al Estado, o con intenciones de ser “retribuido” después es de casi 100 %. Con la prohibición del financiamiento por empresas, por lo menos parece haberse arreglado en gran parte el financiamiento político por potencias extranjeras deseosas de convertir al Perú en uno de sus “peones geopolíticos” (lo que atenta contra la independencia del país). Pero nada impide el financiamiento por el crimen organizado, a través de aportes “individuales”, que puede colocar a sus propios candidatos, por su cuenta a nivel regional, por ejemplo, o en elecciones nacionales, especialmente en el Congreso (¿hasta que un día lo logren para la Presidencia de la República?), o en alianza con partidos políticos. Y es ahí que el tema del financiamiento político por el crimen organizado es a su vez apoyado por la corrupción judicial, pues esta lo cubre con fallos favorables. ¿Ven cómo este tema también es uno de seguridad nacional, puesto que el crimen organizado puede así controlar municipalidades, regiones, y hasta quizás tener parte del poder real a nivel del gobierno nacional, en uno de sus Poderes, y quizás un día controlarlo totalmente? Por eso me parece que debería ser financiamiento privado CERO, con sanciones de penas de prisión, y de anulación de la elección correspondiente (de alcalde, de gobernador regional, de congresista, y hasta de la inscripción del partido involucrado). Pero para eso se necesita también a una ONPE totalmente libre de presencias mafiosas, lo que no parece ser el caso actualmente: ¿no sigue ahí gente colocada por un operador montesinista recientemente arrestado? ¿no hay cabos sueltos en el gran esfuerzo de limpieza que se está haciendo? Me preocupa la falta de seguimiento y de noticias al respecto. ¿Y cómo anda el JNE, que también es clave, y que ya tuvo una actuación preocupante en la últimas elecciones generales?

Espero que con estas explicaciones les haya quedado más claro por qué estamos frente a un problema de seguridad nacional. Una mafia – o un conjunto de mafias que se apoyan, da igual- dentro del sistema judicial, que va controlándolo cada vez más, es también una forma de crimen organizado, pues muchas veces trabaja en alianza con otras formas de crimen organizado, y los apoya. Y no olvidemos que parte de nuestro crimen organizado, especialmente en el narcotráfico, está subordinado a clanes extranjeros o es su proveedor (creando problemas a la seguridad nacional de países amigos). Los partidos políticos tienen que escoger ahora si atentan contra la seguridad nacional asociándose a esas mafias o impidiendo que se las desmantele, lo que es igual, para todos fines prácticos.

En el mismo Libro Blanco se dice que hay que adaptarse, con esfuerzos multisectoriales, a las nuevas amenazas, como lo fue el Yihadismo en su momento, y ya no lo es, (y en Europa y los EE.UU. les tomó tiempo adaptarse): el ciberterrorismo no es la única “nueva” amenaza, la evolución de las formas del crimen organizado también lo es. Y en esos temas, la asistencia de organismos internacionales puede ser muy útil como ya lo son a menudo para ayudar a resolver crisis aunque no siempre lo logren; a los únicos a los que se les ocurre decir que acudir a estos organismos es una pérdida de independencia o de soberanía, es a los que viven en un mundo paralelo de teorías de la conspiración delirantes y/o (porque esas teorías son muchas veces interesadas), están sacando provecho de la situación anormal, trátese de una dictadura, o de mafias diversas que quieren un Estado fallido o sometido para seguir medrando y haciendo sus “negocios” a costa del país (¿recuerdan a los Extraditables colombianos en los 90, y los argumentos “nacionalistas” que desplegaban? Ahí se trataba de un tratado con los EE.UU., y no de un organismo internacional derivado de un tratado multilateral, pero la lógica es la misma).