De manera general, el gasto corriente del Estado es relativamente mal visto, comparado con el gasto en inversión. Por ello muchas veces se propugna en el marco de la responsabilidad fiscal, reglas estrictas para limitar su crecimiento o para que no se genere endeudamiento para gasto de este tipo. Y paralelamente se busca que el gasto en inversión pública represente un porcentaje mayor del presupuesto. Es globalmente una visión prudente para evitar que se descontrole el gasto en planillas estatales o el gasto en servicios. Pero la realidad es más compleja y hay que tener cuidado con la manera cómo se aplica este principio general. Y ello se puede ilustrar de varias maneras.

En el post anterior, ya indicaba cómo frente a la materialización de riesgos sanitarios, ligados o no ligados a un desastre natural, el tipo de intervenciones de emergencia que se debe efectuar lo más rápido posible para evitar que la situación empeore y termine siendo mucho más costosa para el presupuesto público y para la economía constituye sobre todo gasto corriente. ¿Se debe renunciar a disponer de ciertos instrumentos de pre-financiamiento rápido por esa razón? De paso, se están desarrollando instrumentos paramétricos frente a estos riesgos; ellos significan pagar primas, que son gasto corriente: ¿se debe ser reticente a usarlos, por esa razón?

De manera más general, para el riesgo de desastres: las intervenciones de primera respuesta son de manera predominante gasto corriente. Y su importancia puede ser enorme para las posibilidades de una posterior recuperación macroeconómica y para evitar un impacto fiscal mayor después (amén del impacto desde el punto de vista humano y social). Las preguntas que uno debería hacerse son las mismas que en el párrafo anterior. Añadiendo ésta: ya ha quedado probado muchas veces que el Estado puede perder mucho dinero en caso de un desastre si sus bienes inmuebles e infraestructuras no estaban bien asegurados; y sin embargo el gasto en seguros sigue siendo relativamente mal visto, al ser gasto corriente, a tal punto que pocos lo ven como una prioridad, incluso en el marco del deseado desarrollo de las compras corporativas; esfuerzos anteriores para que éste incluya al de seguros parecen haber sido descontinuados.

En muchos países desarrollados se ha descuidado el gasto de mantenimiento de las infraestructuras. Siendo el mantenimiento también gasto corriente que se ha sacrificado luego de las grandes crisis global y europea. Ello ha provocado por ejemplo graves accidentes ferroviarios. Un caso extremadamente flagrante es el de la caída del importante puente Morandi en la ciudad de Génova, en Italia (Agosto 2018), que por sus características técnicas requería de un mantenimiento más frecuente. Además del drama humano, la ausencia de ese puente causa sobrecostos a la economía regional. Ese grave incidente llevó a que en Europa se esté auditando el estado de seguridad de los puentes; en Francia el Gobierno ha encontrado que uno de cada diez puentes necesita mantenimiento urgente para no representar un riesgo; no es difícil imaginar que en otros países debe ser peor (por ejemplo, hace unos años en EEUU se habló mucho de una situación muy peligrosa al respecto).

La falta de gasto adecuado en mantenimiento de infraestructura empeora su vulnerabilidad frente a desastres, al mismo tiempo, pues ello facilita el colapso en caso de lluvias intensas e inundaciones o de sismos: en ese caso es tanto un desastre debido a un fenómeno natural como un desastre causado por el hombre (o antropogénico). Lo que no se gastó en mantenimiento termina costando muchísimo más caro en la posterior rehabilitación o reconstrucción. Sin contar los sobrecostos operativos que ello va a generar en la economía de las zonas afectadas, e incluso para el Estado mismo.

Para los que trabajan en el sector industrial privado, esto último les recordará las dificultades que los gerentes de producción y de operaciones muchas veces encuentran para hacer aprobar por las gerencias financieras el gasto en mantenimiento preventivo. Este es visto muchas veces como un sobrecosto (peor de lo que sucede con los seguros), a pesar de que el costo de paralizaciones de una línea de producción (tanto en reparación como en ingresos perdidos) puede ser muchísimo mayor que varios años de gasto en mantenimiento preventivo.

No entraré aquí en el difícil debate sobre cuál sería el nivel adecuado de gasto en personal y servicios en ciertos rubros clave de las misiones del Estado. Pero se ha podido ver en muchos países que el ahorro en ciertos tipos de gasto corriente (sin hablar de los de inversión) podía tener consecuencias fatales. En Francia luego de la crisis del 2008 se efectuó recortes en todos los sectores, y entre ellos, en todo lo relacionado a la seguridad interna; una reforma de este sector llevó también a que de facto fuera la “inteligencia de terreno” la que tuviera los mayores recortes. Pero esta incluía las excelentes capacidades de infiltración de las redes de islamistas radicales por las fuerzas de seguridad. Fueron reducidas en el peor momento, cuando aumentaba el número de terroristas locales entrenados en Irak y Siria. Francia, que nunca ha tenido tregua al respecto (siempre ha sido un objetivo prioritario del terrorismo islamista), había logrado durante muchos años desbaratar las constantes tentativas terroristas luego de los terribles atentados de los años 1995 y 1996. Pero en el 2012 hubo una primera alerta con los asesinatos cometidos por Mohammed Merah, luego de 16 años sin atentados logrados por los islamistas radicales. Ya se sabe lo que siguió después.

Debería quedar muy obvio que ningún país sometido a ciertos tipos de amenazas internas (terrorismo – incluso el incipiente o “con potencial de renacimiento”, crimen organizado fuertemente armado, sedición separatista abierta o asolapada, sabotaje sistemático de la economía mediante “protestas” organizadas con ese fin, etc.) debería efectuar ahorros en seguridad e inteligencia internas; por el contrario, debería acrecentar esas capacidades si son insuficientes, para poder destruir o reducir sustancialmente dichas amenazas; y se trata esencialmente de gasto corriente. No se debe olvidar que dichas amenazas pueden tener gravísimas consecuencias en la evolución macroeconómica y la de las finanzas públicas, ya lo hemos experimentado; prefiero hacer el recordaris porque una visión puramente económica y financiera de ese tipo de riesgos lleva casi siempre, en la práctica, a considerar a ese tipo de gastos como poco útiles, tanto el gasto corriente como el de inversión, dicho sea de paso (como se ve desgraciadamente a menudo para el gasto en defensa).

EN CONCLUSIÓN: cuidado con los dogmatismos, no todos los tipos de gasto corriente son iguales. Hay algunos donde los ahorros pueden resultar fatales no sólo desde el punto de vista humano, sino también para la evolución macroeconómica futura y para la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. El sector privado tampoco puede quedarse pensando que esto no es su problema, pues también lo afecta.