Síntesis legislativa

José Ignacio Beteta Bazán

La lógica de la persecución

persecucionPara la Real Academia Española – RAE, una persecución es una “instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita”. Pensemos un instante en esta definición (no busco una definición militar, legal o política porque quisiera justamente respetar su carácter humano) y preguntémonos abiertamente si existe persecución en el Perú.

Partiendo del hecho que un funcionario público inocente no puede tirar ningún papel firmado hasta después de muchos años de haber ejercido su función (15 años en algunos casos), y que recibe citaciones y requerimientos indefinidos, incluso por minucias administrativas, por lo menos podemos deducir que su condición legal, después de aceptar el servicio público, será mucho más difícil, vulnerable e impredecible. Este hecho refleja la irracionalidad de los plazos a los que nuestros funcionarios están sujetos, y que genera de facto, repito que también para los justos, una instancia enfadosa y continua de acoso.

El factor “plazos” sin embargo, aporta mucho más a la concreción de la definición que plantea la RAE. Tampoco es aceptable que en el contexto de un posible acto de corrupción, fiscales y jueces “jueguen” con los tiempos legales, alargándolos a placer según los “combos” de “delitos” que van armando. Y en este sentido, algo que llama sobremanera la atención es que un fiscal pueda pedir prisión preventiva para un implicado (aún inocente aunque las redes sociales lo hayan condenado) por el mismo tiempo que se le concede para realizar la totalidad de la investigación.

Finalmente, aunque sabemos bien que nuestros políticos no están en el top 10 de transparencia y conductas éticas, también es cierto que la justicia en el Perú nunca fue ni muy técnica ni impermeable a los intereses políticos o privados. Y por eso, siempre es bueno hacer un sencillo análisis de ganadores y perdedores, que en este escenario se torna obligatorio sobretodo cuando hay bandos políticos explícitos, intereses particulares complejos y es muy probable que, como dice la RAE, se pueda perseguir a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita.

Entonces la pregunta no es para mí, si existe persecución o no, si no quién persigue a quién y quién gana con esta persecución. Y esto es independiente de si Keiko, Alan y compañía son culpables.

El Sistema de Justicia podría ser el primer ganador. Esto es evidente, y quizás sea muy sano. A partir de ahora, los reflectores estarán mucho más pendientes de nuestros jueces y fiscales. Si hoy el sistema de justicia es el “poder ganador” y se ha vuelto tan relevante, sin embargo, no es por su profesionalismo, eficiencia o reconocida calidad jurídica, sino porque ni el poder ejecutivo ni el legislativo estuvieron a la altura de las circunstancias, y tampoco el empresariado, ciertamente. Fueron la polarización y Lavajato los que levantaron al Sistema de Justicia.

Ganó el gabinete de Vizcarra, por supuesto, y más que los anteriores. Hoy no tiene opositores ni en el Congreso ni en su propio círculo cercano. Con instituciones tan débiles y después de dos años de tanta inestabilidad, quienes acompañan a Vizcarra no son necesariamente los mejores (pido perdón a quienes sí lo son), son los que aprovecharon la oportunidad o entendieron que en la debilidad del presidente estaba su fortaleza. Hoy, Vizcarra, aplaudido por la izquierda y quienes mantienen los audios en su poder, no puede hacer mucho más que seguir navegando con la corriente sin pisar muchos callos ni balancear las cosas. La aniquilación del enemigo le conviene.

Es muy sano sacar la cabeza del arbusto y empezar a cuestionar el proceder de todos los actores políticos, no solo el de algunos. Si la persecución es legítima en sus medios y en su finalidad, sigamos adelante. Pero si estamos usando la justicia como un instrumento de eliminación de oposiciones, como un estandarte ideológico o una herramienta de supervivencia o campaña política, en la que incluso el presidente es una pieza que podemos manejar, entonces, son la ciudadanía y el empresariado ético, los únicos que podrán denunciar esta inaceptable realidad. Creo que es momento de balancear la mesa nuevamente.

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