Asumiendo que los problemas regulatorios del país fueran pocos y de poca importancia -el escenario totalmente inverso e inverosímil-, lo último que el estado debería hacer es desestabilizar sectores estratégicos y tradicionales que son sumamente valiosos y necesitan apoyo para crecer mucho más. La Pesca es un sector que cumple con estas características.
Hay grandes empresas pesqueras. Hay pequeñas empresas pesqueras. Eso lo sabemos todos. La flota de los “pequeños”, sin embargo, llega al 20% del total y detrás de ella hay miles de familias que se sostienen gracias a esta histórica actividad económica. Así, un proyecto de decreto supremo del Ministerio de la Producción (Produce) que incrementa los derechos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos destinados a la producción de ingredientes marinos, los afectaría principalmente a ellos. Los “derechos de pesca” que pagarían se incrementarían entre 300% y 400%.
Sin embargo, el ángulo que no se aborda mucho es que el “derecho de pesca”, núcleo del problema regulatorio que abordamos, no es la única carga impositiva que tienen los pescadores, grandes o pequeños. Además del derecho de pesca, los emprendedores de este sector deben pagar seguimiento satelital, vigilancia, un fondo extraordinario del pescador, aporte social, aporte para la jubilación de pescadores activos y FONCOPES. Según un estudio de Ernst & Young, la industria pesquera ya paga (específicamente la industria de ingredientes marinos) el 50% de su utilidad operativa.
Por lo tanto, este incremento en el derecho de pesca intensificaría la bastante elevada carga impositiva sobre esta actividad, pero sobretodo, resultaría ineficiente puesto que, sin tener ningún efecto positivo sobre el medio ambiente o la biomasa de anchovetas (estable y abundante desde hace varios años), para colmo, afectaría no al grande, sino al pequeño. Así de absurda es la medida (asumiendo que deberíamos pegarle al grande, algo evidentemente, igual de absurdo).
Al igual que con el sistema público de gestión del agua y saneamiento, para el cual el presidente acaba de regalarnos la perlita de prohibir cualquier “intromisión” del sector privado; al igual que con la gestión del conflicto en Loreto por el atentado contra el Oleoducto nor-peruano, para el cual Villanueva prácticamente imploró tener una reunión y destrabar el problema después de 90 días, tratando a los sediciosos como ganadores; aquí también se avecina una nueva iniciativa política anti-técnica que no resistiría ningún análisis costo y beneficio.
Hace varias semanas, antes que muchos, afirmamos que si bien es cierto Vizcarra fue un buen “Cinche”, un buen gladiador andino, contra la corrupción y la oposición descontrolada, ya le tocaba dedicarse a su poder y re-dirigir sus esfuerzos hacia las reformas que el país necesita desde el poder ejecutivo, su poder, su espacio, su ámbito privilegiado.
En este sentido, teníamos la curiosidad (al menos implícita) de saber si él mismo o el círculo que lo rodea, tenía la receta adecuada para generar desarrollo, libertad, y prosperidad en cada uno de los sectores que debe atender con urgencia. Líderes, analistas y el pueblo le gritan hoy al oído que deje a un lado el “rollo” “corrupción” y dedique su concentración a trabajar en temas urgentes. ¿Será Vizcarra capaz de ser un estadista del bicentenario y no solo un buen político “bien” asesorado? Les dejo a ustedes la respuesta a esta pregunta.
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