Síntesis legislativa

José Ignacio Beteta Bazán

¿Subsidios para el transporte público en Lima?

Radio Capital, 7.40am, entrevista sobre los subsidios al transporte público en Lima y Callao, dos llamadas telefónicas de oyentes. Carlos y William. Ambos, a contracorriente de lo que podría haber esperado, están en contra de los subsidios, argumentan que se usarán para cualquier cosa, que no llegarán a aquellos que más lo necesitan y es más, plantean que la intervención del estado en este sector podría interferir con su derecho al libre tránsito.

No fueron llamadas preparadas. Créanme que estuve tan impresionado como ustedes. 7.40am de un viernes cualquiera y dos ciudadanos pensaban y hablaban como verdaderos contribuyentes. Sin embargo, para pesar de la mayoría de mis amigos tecnócratas liberales, en el transporte público limeño y chalaco, se requieren y requerirán subsidios. ¿Por qué?

Primero. El problema del transporte público, según diversos estudios, es el segundo más importante para el limeño, después de la seguridad ciudadana. La insatisfacción sobre la gestión del transporte viene creciendo de manera constante desde el 2016, aumentado 15 puntos porcentuales. No hay tiempo que perder en este tema y el estado (lamentablemente) debe intervenir. Ojo: pico y placa, medida apurada, sin sustento, de moda para muchos progresistas e intervencionistas en la materia, pero no soluciona nada.

Segundo. Aunque el análisis realizado por la Asociación de Contribuyentes encontró que de doce sistemas de transporte analizados en Latinoamérica, solo dos cuentan con un subsidio mayor al 50% (Caracas con 54% y Buenos Aires con 71%, qué misteriosa coincidencia), lo cierto es que en Lima, la necesidad de más y mejor infraestructura, una mayor flota y una profunda reorganización del tráfico, elevarán los costos del sistema y por lo tanto, los aliados del estado necesitarán de estos mecanismos de asistencia para poder sostener la calidad y cobertura del servicio.

Tercero. Los subsidios no son en sí perversos cuando realmente cumplen con su objetivo social. De acuerdo a las recomendaciones del Banco Mundial y otros especialistas, para que éstos generen mayor acceso de poblaciones vulnerables, deben focalizarse a través de sistemas de tarjetas electrónicas que identifiquen a los beneficiarios otorgándoles transferencias directas.

La focalización de los subsidios a ciertos grupos vulnerables mejora la eficiencia y monitoreo de esta política. Estudios en Santiago de Chile, por ejemplo, muestran que los subsidios a la demanda — en particular, las transferencias directas a los más pobres— poseen efectos redistributivos muy superiores a medidas como subsidiar los costos del operador o las inversiones en infraestructura.

Niveles excesivos o mecanismos poco inteligentes de subsidios al transporte generan pérdida de eficiencia, corrupción y aumento en los costos de operación, algo que definitivamente ya no queremos en nuestro país.

Así, bajo ninguna premisa, según lo que el equipo de la Asociación ha encontrado, son indispensables subsidios de niveles similares o superiores al 50%, como han planteado algunos especialistas bastante audazmente. Antes de pensar en subsidios pensemos en la integración del sistema, en la reorganización del transporte formal, en la eliminación de la competencia de informales, en un buen cálculo de tárifas, y luego, solo luego, en un subsidio bien diseñado.

Según fuentes del estado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está elaborando un “Plan Maestro” de Transporte para Lima. Lo esperamos pronto. Contar con uno sería la base para que cualquier mecanismo de reforma funcione, pero dicho plan debe ser sensato y realista, y solucionar los problemas de hoy, organizando lo que existe, no solo planteando objetivos románticos, en los que se exacerba la intervención estatal, y que por ello, nunca serán alcanzados.

Saludamos finalmente, que la Autoridad del Transporte Úrbano (ATU) haya publicado un documento en el que manifiesta algunos alcances sobre lo que será su política de subsidios, pero le falta detalle. Los contribuyentes tenemos el derecho de exigir que se transparenten fórmulas, alcances, mecanismos de subsidios porque éstos no brotan del aire, salen de nuestros bolsillos. Todo el dinero que administra el estado es nuestro, es de cada ciudadano.

Nadie quiere una ciudad ruidosa, agresiva, saturada y caótica. Pero nadie quiere tampoco medidas apuradas y extrañamente generadas como la medida “pico y placa” del neófito alcalde metropolitano. Ya llegamos al límite. La reforma del sistema de transporte público es un proyecto en el cual todos debemos poner el hombro, estado, empresa privada y ciudadanía. Es una reforma especial en la que todos (a diferencia de otras más políticas) tenemos el mismo anhelo: mejorar la calidad de vida de nuestras familias, y por lo tanto, deberíamos avanzar rápido sobre la base de la evidencia y poniendo en el centro a todos los contribuyentes, sin restricciones o discriminaciones de ninguna clase.

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