Síntesis legislativa

José Ignacio Beteta Bazán

Trabaja rápido, cobra lento…

Nunca voy a entender porque el proveedor de un servicio, una obra o producto, debe siempre trabajar muy rápido pero…. Debe cobrar a 45, 60, 90, o 120 días, desde el momento en que puede “ingresar” su factura. Sea que trabaje con el estado o el privado, es lo mismo, los plazos de pago de las empresas grandes o medianas y del estado casi nunca son menores a 45 días.

Pensemos el tema. El que contrata, salvo contadas excepciones, es más grande que el contratista. Una empresa minera contrata cientos de servicios. Un ministerio, un gobierno regional, contratan obras de infraestructura. Una empresa de infraestructura contrata equipos y vehículos. Una empresa comercial contrata quien implemente su local o renueve sus tiendas. Y si contratan es porque pueden pagar lo que demandan y tienen el dinero para hacerlo.

Sigamos. No es novedad que el dinero tiene un valor cambiante en el tiempo. Para el contratista es un éxito haber sido elegido. Sabe que recibirá lo que cuesta su trabajo y una utilidad por él. Cubrirá sus costos y ganará. Es común, inclusive que la primera parte del servicio corra por su cuenta, son varios los trámites o avances que debe cumplir para poder recibir su primer pago. Aún así, en el análisis costo-beneficio del proveedor, eso es aceptable. Ganará más, y por lo tanto el contrato es rentable. Para crecer, solo debe tener la liquidez suficiente para asumir varios proyectos.

Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo de espera para un pago es muy lento pero las exigencias de cumplimiento son muy rápidas? Les pongo un ejemplo: una obra que debe terminar en dos meses pero el tiempo de pago es 60 días. Este esquema implica que la empresa contratista cubrió la obra con sus recursos sin recibir un sol en el camino. O un servicio de 20 días. Termina el servicio pero el pago sale a 4o o 45 días, si todo va bien. Rápido quien contrata para apurar al proveedor, pero lento para pagar porque debe “seguir sus propios procesos administrativos”, “así funciona tesorería”, “haré todo lo posible pero son los plazos”. Hay límites.

Es peor en el estado. El funcionario estatal no solo demora en pagar, a veces no paga. Te sanciona o “penaliza” sin razón alguna; suele pedirte coimas o ponerte obstáculos, y trabaja al ritmo que le da la gana. El estado, está claro, es el cliente más grande del país, pero sabemos que en la mayoría de casos es el peor que uno puede tener.

¿Es esta una variable por la cual las empresas medianas o pequeñas tienen problemas para crecer? ¿Puede ser que el mismo empresario sea el verdugo que bloquea el dinamismo, el desarrollo y el crecimiento de sus contratistas? ¿No puede la tecnología ayudar a que el estado mejore sus procesos de contratación, supervisión y pago de proveedores?

Reflexiones al vuelo que deberíamos tomar en cuenta si queremos empezar a buscar salidas autónomas, voluntarias, desde el sector privado, y evitar intervenciones casi siempre populistas de parte de nuestros tomadores de decisiones. Y en el caso del estado, reflexiones que deberían servir para renovar su caótico, corrupto y grasoso esquema de relacionamiento con el sector privado.

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