¿Por qué es importante hablar de esto?
Diversos líderes, políticos y otros analistas han afirmado que Dina Boluarte no quiere dejar la presidencia antes de abril 2024 porque este año, el 2023, vencerían varios “contratos ley” que implican grandes intereses económicos. Según ellos, la presidenta estaría coordinando en la oscuridad con grandes intereses privados para que la Constitución no cambie y la figura de los “contratos ley” se mantenga de modo que dichos contratos puedan ser renovados bajo las mismas condiciones. Pero vamos paso a paso…
¿Qué es un contrato ley?
El Contrato Ley es una figura por la cual el Estado Peruano, al generar una relación contractual sobre un proyecto de inversión con una empresa privada, puede ofrecerle a esta última ciertas garantías de estabilidad y seguridad en el tiempo. Este tipo de contrato se expresa en el artículo 62 de la Constitución de 1993.
“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.
En la práctica, lo que plantea este artículo es una fórmula de estabilidad para que empresas internacionales o nacionales puedan invertir en grandes proyectos de infraestructura, firmando contratos con el gobierno de turno sin el temor a que ocurra alguna crisis política, un cambio de gobierno repentino, o cualquier evento social o político que pueda poner en riesgo el dinero que ha invertido.
¿El contrato ley nace en la Constitución de Fujimori?
No. Lo más interesante es que ya existía una forma de contrato muy similar en la época de Velasco, inclusive. Repito, Velasco. Los contratos que firmaba entonces el Gobierno Militar ya otorgaban beneficios y privilegios (no pocos) a las empresas con las que contrataba. Esta figura se mantuvo durante los años ochenta bajo diversos marcos legales. Lo único que hizo la Constitución del 93 fue convertir esta figura de contrato en un mecanismo de rango constitucional, para blindar más aún su seguridad y predictibilidad.
¿Es verdad que este año vencen varios “contratos ley” en minería?
No. Al parecer, salvo alguna excepción, varios contratos mineros vencieron antes del 2021 y otros vencerán recién entre el 2027 y el 2030. Entonces este año no pasa nada. No hay nada urgente. No hay intereses oscuros de por medio.
¿Se siguen firmando contratos ley?
No, de hecho, ya casi no se firman contratos ley. Ahora se firman concesiones, se adjudican obras de forma directa, se establecen alianzas público-privadas, muy pocas, o se echa mano a otros mecanismos. La figura del contrato ley es cada vez menos utilizada.
¿Podrían ser eliminados los Contratos Ley de la Constitución?
La verdad es que sí. Solo se deberían mantener las seguridades y garantías para los contratos ley que están vigentes de modo que no se violen sus términos y puedan culminar de forma segura.
En 1993, la situación era otra. Teníamos índices de pobreza mucho más altos. Nuestro estado estaba quebrado. No teníamos instituciones. Ningún país ni entidad financiera internacional confiaba en nuestro estado como un agente económico capaz de firmar contratos. Nadie nos quería prestar dinero ni tampoco querían invertir…
Este mecanismo facilitaba que más empresas con experiencia y respaldo financiero pudiesen invertir en el Perú. Y por lo tanto, no era ni es una figura negativa o desfavorable para el Estado peruano y sus intereses. Menos aún para los intereses de los ciudadanos más pobres.
Las empresas privada, al arriesgar su capital, siempre tendrán mucho más interés en utilizar bien su dinero en la construcción de una obra. A diferencia del Estado y sus empresas estatales que, como lo demuestra la evidencia, al usar el dinero de otros, el de los contribuyentes, y gastarlo en algo que no les genera ningún rédito personal, malgastan el dinero, o se lo roban. No hay peor uso del dinero que el de la burocracia estatal.
Hoy la situación es diferente. Probablemente no sea necesario firmar contratos ley. Lo que no puede aceptarse es que el Estado quiera convertirse en un estado empresario. Y esta sería la segunda intención de muchos políticos. Darle más poder y dinero al Estado y sus empresas solo le conviene a los políticos y burócratas de turno, quienes seguirán quitándole dinero a los pocos contribuyentes que tenemos para gastarlo de la peor manera posible, sin pensar en los pobres. Nunca piensan en ellos.
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