Alegra ver por fin una propuesta clara, sencilla, simple, directa, para reducir la carga tributaria de los contribuyentes peruanos. Esta propuesta ha surgido de este polémico congreso, que muchos días nos regala leyes absurdas y terroríficas, y de vez en cuando buenas noticias como esta.
La propuesta aprobada por la Comisión de Economía y Finanzas, sugerida por Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular, propone ampliar los gastos deducibles por rentas de cuarta y quinta categoría. Según el dictamen, los contribuyentes, nosotros, podríamos deducir los siguientes gastos: educación, salud, intereses hipotecarios, alimentos, alimentos para hijos, pasajes, servicios veterinarios. Cada uno de estos gastos con un porcentaje diferenciado, entre el 40% y el 70%. ¿Buenísima la noticia, cierto?
Rápidamente el “estado” y algunos analistas confundidos salen a decir que el costo fiscal de permitir que los contribuyentes tengan más oportunidades de deducir impuestos de sus gastos sería muy alto, y mencionan una cifra anual: 1,500 millones de soles. Quizás sea mayor, da igual. Da absolutamente igual. Veamos rápidamente dónde debemos ubicarnos para entender las bondades de la ley que se propone y el absurdo de criticarla con algún costo fiscal.
Al Estado Peruano hace años que no le falta dinero. Le sobra. Las cifras son elocuentes. Según varios análisis, incluyendo algunos de la Asociación de Contribuyentes, las entidades ejecutoras estatales suelen devolver o no gastar hasta el 25% de sus recursos de gasto de capital o inversión pública. Según la Contraloría, además, el Estado pierde en corrupción hasta el 15% del presupuesto. Esto es aproximadamente 24,000 millones de soles. Punto.
En segundo lugar, en los últimos años, según también varios centros de análisis, especialmente el Consejo Privado de Competitividad, la planilla del Estado crece y los sueldos de la burocracia crecen. Hoy, en promedio, son mayores a los del sector privado. Sin embargo, no se notan mejores significativas en servicios públicos (seguridad, salud, educación, justicia) ni mejoras en el trato a los contribuyentes al momento de querer invertir, crear empresa y riqueza. Punto.
Así, en este momento, si el Estado necesita dinero, QUE LO DEJE DE GASTAR EN SI MISMO; que ahorre, que se ajuste el cinturón; que reduzca contrataciones. No le pedimos que se baje los sueldos, pero que sí se quede con los funcionarios que necesita, solo los mejores. El Estado no es una agencia de empleos. Eso es un descaro. Aquí está la respuesta a cualquier crítica a esta iniciativa legislativa.
Tema afín: he visto también a una economista de la Universidad del Pacífico (triste, tristísimo) afirmar que quitarle algún punto al IGV para depositarlo en una cuenta previsional universal sería costoso para el Estado e implicaría un ahorro marginal para el pensionista.
Primero, repito, no importa que al “Estado” le cueste. Que el costo fiscal lo asuma la grasa, la burocracia, la corrupción, el malgasto. Segundo, cualquier ahorro de 0 a 1 es importante, es un incentivo, juega más la psicología y la economía del comportamiento y sus efectos positivos, que un tecnicismo de flujo de caja. Penoso de una profesora que debería representar a una universidad con las cosas claras en materia económica.
En conclusión: en este momento de enfriamiento económico, con niveles de inversión privada cercanos a cero, con trabas, inestabilidad, capital humano fugando del país de forma preocupante, toda medida que reduzca la carga tributaria en los contribuyentes es buenísima, positiva, alegre, feliz. Y el costo fiscal de esta medida, pues que lo asuma la burocracia.
Tremenda majadería la de algunos protegiendo las arcas del Estado cuando este se gasta el dinero en planilla, gasto corriente, corrupción, consultorías inútiles y más burocracia que afecta la inversión privada. No sé bien de dónde parte su confusión pero hay que atacarla de raíz.
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