El pasado 14 de junio el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, delegar facultades legislativas al gobierno de Dina Boluarte en reactivación económica, seguridad ciudadana y otros temas. “Tres doritos después”, nuestra moribunda presidente, obligó casi de inmediato al Legislativo a que se reúna para culminar el proceso de aprobación de estas facultades con la segunda votación necesaria. Esta reunión se llevará a cabo en pocas horas.

El punto sobre facultades para legislar en materia tributaria (irónicamente incluidas en la sección de “reactivación económica”) registró 69 votos favorables, entre los cuales se encuentran los votos de Fuerza Popular. Y a continuación quisiera advertir sobre los peligros que traen las normas tributarias que quieren imponer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SUNAT y que al parecer recibirán el beneplácito automático de la bancada fujimorista, que últimamente legisla priorizando las negociaciones que mantiene con este gobierno en estado de metástasis.

¿Sabe Keiko Fujimori lo que ocurrirá mañana lunes? ¿Qué priorizan los asesores de la bancada de Fuerza Popular? ¿Quiere Fujimori ser cómplice de este gobierno e ir en contra de los contribuyentes?

En materia tributaria asustan cuatro medidas:

1. Cargar con el IGV a los servicios de “streaming” tales como Netflix y cualquier otro que entre en esta categoría. En un país informal y pobre, sin voz frente a un estado ladrón, que se sube el sueldo y se ha convertido en una agencia de empleos, dirigida por César Acuña básicamente, este impuesto es un robo y lo que busca recaudar debería ser ahorrado de la grasa que le sobra al Estado, ajustando el pantalón de varias entidades que tienen mucha planilla y pocos resultados.

Si el “Impuesto Netflix” se implementa a través de los bancos, estos cobrarán una comisión ya sea al Estado o a nosotros, con lo cual, se generarán ganancias innecesarias en privados a costa de los contribuyentes.

Y si la ley se implementa a través de los planes de las operadoras de telecomunicaciones, se subordinaría nuestra libertad de elección a las ofertas que nos ofrezcan, complicando nuestro acceso a este tipo de productos, generando una dinámica mercantilista en la que perdemos las familias, los jóvenes, y los peruanos que hoy la pasamos mal y queremos tener un espacio de entretenimiento y diversión sin que el Estado nos meta la mano al bolsillo.

2. La implementación de nuevos supuestos para que la SUNAT implemente medidas cautelares o cobre de manera coactiva, incluso aún en medio de un litigio. Esta medida plantea serios riesgos para los contribuyentes. No es difícil de intuirlo. Será una medida que empodere a la SUNAT para asaltar “legalmente” a los formales, no a los evasores. Porque será más fácil atrapar a los que cometen un error dentro del sistema que a los que están fuera de él.

El problema radica en que la SUNAT puede activar estas medidas basándose en la presunción de culpabilidad, sin esperar una resolución del Tribunal Fiscal. Y esto implica que las empresas serán consideradas culpables antes de tener la oportunidad de demostrar su inocencia. Además, con esta norma la SUNAT puede embargar el patrimonio de las empresas de manera preventiva, afectando su liquidez y operaciones. ¿Sabe Keiko lo que está permitiendo?

3. El MEF se propone eliminar el RER y el REMYPE para crear el “Régimen Emprendedor”. Aunque no hay mucha información en el proyecto de ley de delegación de facultades, el nuevo régimen tributario no proporciona suficientes incentivos para promover la formalización.

La propuesta elimina el REMYPE  y el RER, obligando a los contribuyentes a incorporarse al Nuevo RUS o al Régimen General. Sin embargo, el Régimen General implica una carga fiscal y administrativa significativa, con una tasa de 29.5% y la necesidad de llevar una contabilidad completa, lo cual desincentiva a las MYPE a formalizarse. El salto es muy grande, nadie querrá darlo. En un país además en el que ser formal solo trae persecuciones estatales y ningún servicio de calidad a cambio, no veo por qué mejoraría la situación. Lo que las MYPE necesitan es un régimen que les permita determinar su impuesto en base a sus ingresos y no a su utilidad. ¿Sabe Keiko lo que está permitiendo?

4. Intervención de la SUNAT en el sistema de justicia tributaria. MEF y SUNAT proponen que el Ejecutivo pueda regular las decisiones del Tribunal Fiscal. ¿Cómo? No sabemos aún. ¿Para qué? Para que el contribuyente no pueda ganarle a la SUNAT, prácticamente nunca.

Para colmo, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ya han establecido precedentes que la SUNAT debe aplicar uniformemente a miles de casos similares y no lo viene haciendo, algo que ya crea incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas.

Así, esta propuesta que, repito, ya asusta a muchos empresarios, podría exacerbar estos problemas al permitir al Ejecutivo influir en decisiones del Tribunal Fiscal, decisiones que deberían ser imparciales y basadas en la ley. Perú acaba de aparecer en el puesto 63 de 67 países en cuanto a competitividad y medidas así solo ahuyentan el capital y nos vuelven menos atractivos y competitivos.

Queda claro que estas cuatro propuestas no deben ser aprobadas. Y dado que el Congreso ha decidido aprobar norma por norma y no en bloque las creativas ideas del Ejecutivo, esperamos que estas iniciativas en materia tributaria sean rechazadas. Repito la pregunta, ¿Sabe Keiko lo que está permitiendo?

Como se describe en este artículo, las ideas de Arista y López, MEF y SUNAT respectivamente, no tienen sustento adecuado, impactan negativamente en la empresa formal y el ciudadano de a pie, generan más costos que beneficios, violan la división de poderes, generan dinámicas mercantilistas y confirman el afán perezoso y confiscatorio de un estado que no produce riqueza, sino que se la roba, la malgasta, y quiere seguir apretando a quienes ya pagamos impuestos en vez de ampliar la base de contribuyentes a través de medidas audaces, atractivas, liberadoras, positivas, que incluyan un ejercicio de austeridad, ahorro, recortes, y eficiencia en la mafiosa burocracia estatal.

Fuerza Popular no debe ser cómplice en este aspecto. Esta complicidad tendrá un precio. Esta alianza con Boluarte tendrá también un precio.