Por Gabriela Salazar. Alumna de Economía de la Universidad del Pacífico
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en el Perú hay 3’365.057 personas que no disponen del servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública, y 8’111.643 personas que no cuentan con el servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas. Al desagregarlo por ámbito geográfico, se observa que la población en las zonas rurales es la más afectada: el 27.8% no dispone de un adecuado servicio de agua potable y el 75.7%, de un servicio de alcantarillado. Asimismo, el porcentaje de volumen de aguas residuales tratadas en el ámbito urbano alcanza el 78.6%. Con la finalidad de minimizar esta problemática, el gobierno peruano ha venido impulsando la inversión privada a lo largo de varios años. De hecho, uno de los mecanismos son las Asociaciones Público Privadas (APP).
Las APP se definen como una modalidad de participación de la inversión privada en las que se incorporan experiencia, conocimientos, equipos y/o tecnología del sector privado, con el objetivo de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos (MEF). Según su financiamiento, estas pueden ser de dos tipos: Cofinanciadas (el proyecto requiere de transferencias de recursos públicos para la sostenibilidad) o Autofinanciadas (el proyecto genera recursos suficientes –ingresos- para la sostenibilidad). Además, según su origen las APPS se clasifican: Iniciativa privada (sector privado presenta su iniciativa para el desarrollo de las APP) o Iniciativa estatal (entidades de gobierno orientan el desarrollo de las APP). En particular, el desarrollo de las APP comprende cinco fases:
i) Planeamiento y programación: se planifica el proyecto y los compromisos de la APP.
ii) Formulación: se realiza el diseño del proyecto y es evaluado por parte de la entidad correspondiente (Ej. Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local o Proinversión).
iii) Estructuración: se elabora la estructuración económico financiera, el diseño del contrato, el mecanismo de retribución (de ser el caso), y la asignación de riesgos.
iv) Transacción: se apertura el proyecto al mercado, postores. La entidad promotora recibe y evalúa las propuestas de las empresas participantes.
v) Ejecución contractual: abarca el periodo de vigencia del contrato de APP y la supervisión de las obligaciones contractuales.
Más allá de estos conceptos, uno podría preguntarse ¿Por qué son importantes las APP, específicamente, en el sector saneamiento? En principio, porque los costos de la creación y la operación y mantenimiento de una adecuada infraestructura de los sistemas de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales son significativamente elevados.
Dado que los recursos del gobierno son limitados, la inversión privada por medio de APP es una de las soluciones a la problemática del sector saneamiento. Aún cuando las APP sean cofinanciadas, las empresas privadas obtienen el financiamiento y realizan la inversión, accediendo a retribuciones durante la etapa de operación. Un ejemplo reciente de este mecanismo es la adjudicación de la buena pro de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la región Puno a un consorcio mexicano.
El proyecto tiene una inversión aproximada de 863 millones de soles y beneficiará a 1,2 millones personas ubicadas alrededor del lago Titicaca. Si este proyecto no se hubiera desarrollado como una APP cofinanciada, hubiera demorado más su implementación debido al elevado monto de inversión necesario. En general, este mecanismo de inversión, junto con los demás (Obras por impuesto e Inversión Pública por ejemplo) contribuirán a alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
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