Por Mariana Pino, alumna de Finanzas de la Universidad del Pacífico

Los bonos verdes nacieron hace poco más de una década, en un contexto donde el interés por cuidar el medio ambiente era cada vez mayor, pero la oferta existente no satisfacía las necesidades del inversionista. En ese entonces, la única manera de obtener un portafolio de renta fija amigable con el ambiente era excluir inversiones que contaminen, en lugar de invertir en proyectos verdes. Los inversionistas buscaban un retorno seguro, fácil de entender y que cumpliese con la cuota de protección ambiental, para lo cual los bonos verdes se presentaron como el instrumento perfecto que logró canalizar los recursos de los inversionistas hacia la acción climática

Pero, ¿qué son exactamente los bonos verdes?

Los bonos verdes son instrumentos de deuda cuyos fondos son destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos “verdes”, los cuales comprenden, pero no se limitan, a la producción de energía renovable, el transporte limpio, el tratamiento de desechos, la conservación forestal, manejo eficiente del agua, entre otros. Además, deben estar alineados con los estándares del Green Bond Principles (GBP) o Climate Bonds Standard (CBS). Pueden ser emitidos por cualquier compañía, gobierno u organización. Algunos emisores han sido Apple, Unilever, Bank of America y el Banco Mundial. La lista es amplia, pero el fin del bono siempre es el mismo: lograr un impacto positivo en el medioambiente.

Pese a haberse creado hace más de una década, en nuestro país la oferta aún es escasa. En octubre de 2018, Protisa, empresa dedicada a la fabricación de productos de limpieza e higiene personal, realizó la primera emisión pública corporativa de un bono verde en soles en el mercado peruano validado por la BVL levantando S/ 100 millones para mejorar la eficiencia energética y el tratamiento de agua en sus plantas. La emisión resultó en una sobredemanda de 3.6x, muy por encima de la demanda usual para emisores de rating similar, confirmando el apetito de los inversionistas por este tipo de instrumentos. A la empresa de capitales chilenos se sumó Consorcio Transmantaro (CTM), que en abril de este año se convirtió en la primera compañía peruana en colocar bonos verdes en el mercado internacional con una emisión de $400 millones para financiar y refinanciar líneas de transmisión que faciliten la conexión con fuentes de energía renovable. A CTM le siguió COFIDE, el banco de segundo piso logró recaudar S/ 100 millones en la emisión de su primer bono verde local, alcanzando casi un 90% de participación de inversionistas institucionales como lo son las AFPs o los Fondos Mutuos.

Con contados bonos verdes en el mercado peruano, la evidencia aún no es suficiente para afirmar que estos traerán consigo beneficios ambientales y financieros para los emisores en Perú. No obstante, si nos basamos en la evidencia del mercado internacional, podemos concluir que los bonos verdes no solo suponen un mejor desempeño ambiental y más innovaciones amigables con el medio ambiente, sino también una mayor demanda por parte de los inversionistas, lo cual resulta en un menor costo de deuda.

En su artículo para Harvard Business Review, Caroline Flammer menciona que el precio de la acción suele aumentar tras el anuncio de oferta de un Bono Verde. Además, si la emisión es certificada por un tercero independiente, el aumento en precio suele ser el doble, demostrando que los inversionistas esperan que el bono agregue valor a la compañía. Este beneficio se observa también en el largo plazo, donde la oferta de un Bono Verde se traduce en un aumento de 2.4% del ratio de valor de mercado sobre valor en libros. El mismo artículo señala que emitir bonos verdes aumenta la innovación en proyectos verdes de la empresa y reduce sustancialmente la emisión de carbono de la misma.

Pero los bonos verdes también trajeron consigo un beneficio adicional no previsto: transparentar la comunicación entre inversionistas y emisores. La etiqueta “verde”, así como el proceso de verificación de una tercera parte independiente, permiten al inversionista conocer exactamente en qué serán invertidos los recursos brindados y monitorearlos hasta que se cumpla la asignación total de estos.

Hace 10 años el fin era uno solo: reducir las emisiones de carbono. Hoy; sin embargo, la lista es amplia y las etiquetas variadas, a los bonos verdes se sumaron los “bonos sociales”. Aquellos cuyos fondos son dedicados exclusivamente a proyectos con un impacto social positivo, ya sea en el sector educación, salud, vivienda, entre otros. Además, si un proyecto es verde y social a la vez, puede acceder a la categoría de “bono sostenible”.

Asimismo, en octubre del año pasado, Seychelles colocó el primer “bono azul”, cuyos fondos son destinados a financiar proyectos marinos que tengan un impacto ambiental positivo. Pero el conjunto de islas no ha sido el único en innovar con las etiquetas. En noviembre, tan solo un mes después, el Banco Colombiano Bancoldex lanzó al mercado los “bonos naranjas”. En este caso, los fondos recolectados por el banco serán destinados a proyectos en los que el valor recaiga sobre la propiedad intelectual.

En conclusión, los bonos verdes, sociales, azules y naranjas se presentan como una opción atractiva para todos los participantes: emisores, inversionistas y el medio ambiente. Y aunque aún no estamos seguros sobre cuál será el color y propósito de los siguientes bonos, podemos afirmar que existe una tendencia creciente del inversionista por preocuparse no solo de la rentabilidad de sus fondos sino del destino e impacto que estos tendrán.