Por María Fernanda Franco, alumna de Ingeniería Empresarial

Cuando pensamos en el papel del gobierno dentro de una sociedad, quizás su labor más importante sea utilizar eficientemente sus recursos para hacer que el bienestar de la sociedad sea el más alto posible. En ese óptimo social, idealmente, las personas reciben servicios públicos de calidad como salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros; con especial atención hacia las personas en sectores menos favorecidos.

Sin embargo, la situación real dista mucho de este escenario ideal. Para entender qué está fallando, lo primero es discernir si estamos frente a un problema de falta de recursos o si esos recursos están siendo utilizados de manera ineficiente. Para esto, tomemos como ejemplo lo que está pasando con los programas nutricionales en el país en los últimos 10 años.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), existe una categoría presupuestal denominada “Programa Articulado Nacional” la cual, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), se dirige hacia niños y niñas entre 0 y 35 meses.

La primera pregunta a responder es si faltan recursos y las cifras del MEF revelan que, en realidad, el programa mencionado hoy tiene casi cuatro veces más presupuesto que hace 10 años y esto ha permitido que se use mucho más dinero.

En el 2008, el gasto registrado en el Programa Articulado Nacional alcanzó los S/688 millones y en el 2018 creció hasta S/2,486 millones. Este dato implica un incremento de 261% y, como referencia, representa alrededor de 0.33% del valor de todos los bienes y servicios que se producen en nuestro país. Es una cifra muy significativa.

Con esa cantidad de recursos, se esperaría que los indicadores de nutrición mejoren sustancialmente con el tiempo. Una variable clave para evaluar esto es cómo ha evolucionado la incidencia de anemia en los niños y niñas entre 0 y 35 meses. Y es en este indicador donde surgen los problemas. En el 2008, 5 de cada 10 niños en ese rango de edad sufrían de anemia; un número que al 2018 se ha reducido a 4 de cada 10. A pesar del explosivo crecimiento en los recursos destinados a, entre otras cosas, atacar este mal, la incidencia de anemia persiste en niveles elevados respecto a la realidad de otros países.

Uno de los objetivos del Perú hacia el bicentenario es ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La anemia en los países de este organismo afecta al 16% de sus niños y niñas entre 0 y 5 años, según datos del Banco Mundial. En el caso peruano esta cifra asciende a 32.8%.

Entonces, si hay recursos y los indicadores de anemia no ceden, el problema está en cómo se gestionan los recursos. Es en este punto donde saltan las falencias en los procesos del Estado. Por ejemplo, para combatir la anemia el gobierno compra micronutrientes y los distribuye a lo largo del territorio nacional. El problema es que, de la cantidad total adquirida por el Estado, solo llega una fracción pequeña a la población que los necesita. Esto debido a que no hay un sistema integrado dentro de todo el proceso. Incluso, en almacenes al interior del país, se hacen registros manuales de entrada y salida de los productos. Al final, ni la administración operativa ni la administración estratégica de los procesos tienen visibilidad del mismo, lo que redunda en una provisión de servicios no adecuada para la población.

Entonces, ¿qué se puede hacer? Para tener una gestión más eficiente de los recursos públicos es una buena idea tomar herramientas que se usan en la gestión eficiente en las empresas privadas. Un primer paso podría ser la planificación estratégica. Para tomar decisiones asertivas, como entidad pública o privada, es necesario analizar la información que resulta de los procesos que se llevan a cabo. Para ello, el Estado podría utilizar un Sistema de Información Gerencial (SIG) que apoye el análisis y la toma de decisiones de la administración estratégica, a través de elaboración de reportes y consultas pre-especificadas. Así, el Estado podría planificar de forma más efectiva la distribución de recursos sobre la base de los resultados obtenidos; lo que favorecería a la calidad del gasto público y propiciaría eficiencia en la distribución de recursos.

Un punto muy importante es que el Gobierno peruano es consciente de todo esto y, para mejorar los temas de gestión, el 16 de setiembre del año pasado se creó el Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA) a través de un decreto legislativo. El MEF considera que esta decisión permitirá modernizar, automatizar y dinamizar la gestión del abastecimiento en la administración pública.

El SNA apunta a la implementación de una cadena de abastecimiento público que optimice procedimientos logísticos, reduzca costos operativos y articule actividades con los demás sistemas administrativos. De esta forma, el SNA busca reducir los cuellos de botella que se generan en el desarrollo de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público como, por ejemplo, la elaboración del requerimiento, el procedimiento de compra, la distribución y el almacenamiento de bienes, entre otros, para lograr una eficiente ejecución del gasto. Todo esto en el marco de un sistema informático con un funcionamiento sustentado en lógica de datos abiertos.

El reglamento del decreto señalado fue aprobado el 15 de julio de este año con lo que el SNA ya puede implementarse y, a través de un enfoque de gestión por resultados, se puede incorporar buenas prácticas en el uso de recursos. Este esfuerzo es clave porque estas herramientas, que son más utilizadas en el sector privado, pueden ser potentes en el marco de la gestión pública y facilitar que el Estado cumpla su principal rol: maximizar el bienestar social y proteger a las poblaciones menos favorecidas.