Por María Fernanda Franco, alumna de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico

“¿Qué haré sin caminar con la bandera que de mano en mano en la fila de nuestra larga lucha llegó a las manos mías?”, se preguntaba Pablo Neruda en su poema “Cuándo de Chile”. En 1955 le pedía al mes de octubre que le devuelva a su pueblo y, 64 años más tarde, cientos de miles de chilenos protagonizan la mayor manifestación desde que el país volviera a la democracia.

Desde hace dos semanas, el vecino del sur está sumido en un conflicto interno. A pesar de que se considera un ejemplo a seguir en los países de la región, hoy parece haber un desencanto hacia un modelo que, con imperfecciones y limitaciones, propició su despegue. La producción de Chile, entre el 2000 y 2018, se ha triplicado y los ingresos de las personas, en promedio, se han más que duplicado. Una tasa de pobreza inferior a 9% y un 24% de la fuerza laboral en condición de informalidad reafirman que, al menos a nivel agregado, el país es una historia de éxito.

Entonces, ¿por qué el estallido social? Una primera hipótesis es la desigualdad en la distribución de los ingresos. Para evaluar esto, un indicador referencial (aunque muy limitado) es el coeficiente de Gini. En el 2017, este indicador en Chile fue 0,46; en una escala en la que 1 implica concentración de la riqueza en una persona y 0 equidad perfecta. Puede ser una de las cifras más bajas de la región (en Brasil, por ejemplo, es 0,53 y en Venezuela es 0,68); pero a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la más alta. En 1990, el coeficiente de Gini de Chile era 0,57 y esto implica que, en realidad, la desigualdad no tiene una trayectoria creciente; pero no por eso deja de ser un componente importante.

La ‘chispa’ que encendió el reguero de pólvora en el país fue el alza del precio del pasaje en el metro. Aunque fue un incremento moderado y justificado con razones técnicas, reveló que estructuralmente hay más motivos detrás de la furia en Chile.

Un primer motivo surge de la concentración de los mercados, que ha permitido la formación de cárteles y acuerdos de fijación de precios entre empresas. Hace una década Chile implementó regulación para penalizar severamente la colusión y, desde entonces, se han desmontado cárteles en cadenas de farmacias, fabricantes de papel higiénico, granjas de pollo y transporte terrestre interregional, por mencionar algunos ejemplos. Además, la mala regulación permite que los precios de los servicios básicos, como electricidad o agua (que está privatizada), sean muy elevados. La colusión en sectores con varios productores y la falta de regulación en industrias consideradas monopolios naturales; da como resultado precios injustamente altos y ello ha echado gasolina a la explosión chilena.

Otro motivo consiste en los bajos montos que los jubilados chilenos reciben cuando se retiran del mercado laboral. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un jubilado chileno que en su vida laboral ganó un sueldo promedio, recibe como pensión solo el 38% de su último salario. En ausencia de cambios en el sistema, el BID proyecta que en el 2100 la situación será la misma. De esto no se escapan los trabajadores de ingresos más altos. Como ejemplo, el BID señala que un jubilado chileno, que en su etapa laboral ganaba el triple del sueldo promedio, ahora recibe una pensión que es 30% de su último sueldo. Al 2100 caería solo a 22%.

Un tema extra es la desigualdad de oportunidades. Según información filtrada, la primera dama de Chile, Cecilia Morel, manifestó: “vamos a tener que compartir nuestros privilegios”, tras el estallido social. Y es que, aunque la desigualdad de oportunidades no es nueva, se ha hecho más evidente conforme Chile ha evolucionado como sociedad. Según el excandidato presidencial de Chile y exministro de hacienda, Andrés Velasco, los líderes empresariales y políticos tienden a salir de un puñado de escuelas privadas de Santiago. Hace una generación, agrega, muy pocos hijos de personas de la clase trabajadora llegaban a recibir estudios universitarios, pero hoy el 70% de los estudiantes de educación superior son los primeros de su familia en asistir a la universidad. Velasco subraya que este es el punto en que comienza la frustración pues, para conseguir los mejores empleos, el desempeño académico es menos importante que tener el apellido correcto o las conexiones adecuadas. En ese sentido, un estudio de Latinobarómetro revela que el 72,8% de los chilenos siente que el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en beneficio propio.

Además, es clave resaltar las diferencias en las percepciones entre los agentes empresariales y las familias de a pie. Por ejemplo, el informe de competitividad global, elaborado por el World Economic Forum, señala que Chile es, de lejos, el país más competitivo de la región, el que mejores instituciones posee y, además, donde la corrupción es un problema no muy relevante. Sin embargo, la metodología de este reporte implica recoger cifras macro y percepciones de empresas locales o multinacionales.

En contraste, la sensación de las personas es otra. El reporte de felicidad global, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre la base de encuestas a la población, da cuenta que Chile se ubica en el puesto 105 entre 156 países en percepción de la corrupción. Más aun, está en la casilla 98 en sensación de libertad para tomar decisiones de vida. Paradójicamente, un país con un modelo de crecimiento muy liberal está casi en el tercio inferior en sensación de libertad.

Hay muchas cosas en juego detrás de todo esto. El riesgo de la llegada de un líder populista, como ha pasado en México, Brasil y más recientemente en Argentina, toma mayor probabilidad. En esa línea, también se hace más probable que se busque culpar (y revertir) el modelo económico chileno.

Finalmente, es muy relevante hacerse una pregunta: si nuestro “modelo a seguir” está en crisis, ¿qué tan probable es que ocurra una explosión popular similar en el Perú? Aquí entra a tallar un factor que es, a la vez, maldición y bendición: la elevada tasa de informalidad. El sector informal emplea al 73% de nuestra fuerza laboral y ha permitido que muchas personas generen mucha riqueza, aunque sea al margen de la ley. Aunque los salarios promedio sean relativamente bajos y las pensiones ínfimas, los reyes del ‘recurseo’ encuentran en la informalidad un escape. En ese sentido, en el Perú hay más posibilidades de movilidad social. No obstante, la coyuntura llama a la reflexión sobre la necesidad de pensar en un nuevo contrato social que evite transitar los pasos del vecino del sur.