Diego Samalvides, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico

La inversión en infraestructura representa un punto fundamental en el desarrollo de los países, ya que, al ser un instrumento de política económica, permite incrementar la productividad y competitividad de los países, haciendo que se origine un crecimiento económico sostenido. En ese sentido, la infraestructura de calidad provee una herramienta fundamental para la disminución de la pobreza y el acceso a mejores oportunidades.

Para el caso peruano, el principal mecanismo de inversión en infraestructura se da a través de la construcción directa o también conocida como las Obras Públicas Tradicionales (OPT). Sin embargo, a lo largo de los años se han identificado 3 principales problemáticas de dicho mecanismo. La primera, es el limitado cierre de brechas de infraestructura de acceso básico. En particular, según el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad del 2019, el Perú tiene una brecha de 363 mil millones de soles en comparación con países desarrollados. La segunda, es la subejecución presupuestal a nivel nacional, pues, según el Portal de Transparencia Económica, desde 2014 al 2019 ha tenido una tendencia decreciente, ya que pasó de 88.9% a 86.1%. Y finalmente, los cuellos de botella a lo largo del ciclo del proyecto de inversión pública, lo que limita la selección de iniciativas y retrasa el tiempo de ejecución de la obra. Asimismo, podemos mencionar la deficiente calidad de los perfiles del Proyecto y de los expedientes técnicos, la escasa coordinación entre organismos formuladores, la atomización de las inversiones, y el descuido en la fase de operación y mantenimiento.

Una modalidad adicional de inversión en infraestructura, la cual contribuye con la mitigación de las problemáticas anteriores son las Obras por Impuestos (OxI). Esta modalidad fue creada en Perú en el año 2008 mediante la Ley N°29230 pero su implementación no fue hasta un año después. Según Proinversión, este innovador mecanismo agiliza la inversión pública en infraestructura, en el cual el sector público trabaja en cooperación con el sector privado pues, este último invierte (a costo financiero cero para el Estado) en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública a través de la suscripción de convenios entre las entidades privadas con los Gobiernos Nacionales, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas. Una vez concluida la ejecución de la obra, la recuperación del monto invertido por la empresa privada se da mediante los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN) provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, con cargo futuro al Impuesto a la Renta de tercera categoría, con un tope máximo de 50% de dicho impuesto correspondiente al ejercicio anterior.

El mecanismo OxI empezó tímidamente en el 2009 con solo 6 millones de soles de inversión pública en 2 Proyectos ejecutados por los Gobiernos Regionales. No obstante, año tras año, el monto ejecutado se ha incrementado y ha variado según nivel de gobierno siendo el 2017 año en el cual se ejecutó el mayor monto a nivel nacional con 894 millones de soles. Es así como, para el 2019 el monto total ejecutado en todo el Perú fue de 4295 millones de soles en más de 370 Proyectos ejecutados y adjudicados.

En ese sentido, si bien el Estado deja de percibir monetariamente una de sus fuentes de ingresos, como es el Impuesto a la Renta de las empresas, esta sinergia permitiría liberar recursos que pueden ser usados para otros Proyectos, así como acelerar la construcción de carreteras, caminos vecinales, museos, hospitales, centros educativos, pistas, saneamiento, albergues y puentes que aportan al desarrollo y crecimiento de las ciudades.

No obstante, es importante resaltar que para incentivar esta alternativa de inversión se deba tener en cuenta 3 recomendaciones importantes: i) promover aún más los beneficios de la aplicación de este mecanismo ya que sin duda alguna se trata de una figura en la que “ganan todos”: el estado, la empresa privada y la sociedad se benefician, ya sea a través del adelanto de sus recursos financieros, mejoramiento de su imagen institucional con obras de impacto social y por ultimo; mayor acceso a servicios básicos e infraestructura de calidad en un menor tiempo. ii) aplicar mejoras en la capacidad de gestión de los funcionarios y gestores públicos con el fin de tener perfiles y expedientes técnicos correctamente elaborados iii) contar con la constante intervención del Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión ante posibles vacíos legales y así evitar controversias que puedan surgir entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución o invalidez del contrato que generen demoras y trabas a lo largo del proceso OxI.